La política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) para estimular la economía, a base de abaratar el dinero, hundió la rentabilidad de la deuda pública. A esto hay que sumar que Mario Draghi, máximo responsable del BCE, también fijó que el dinero que depositaba en sus arcas —y en los bancos centrales del área monetaria— las entidades financieras y los Gobiernos tendría rentabilidades negativas: el -0,4%. Estos cambios han sido claves en la gestión de los recursos del fondo de reserva en los últimos años, que ha pasado de ejercicios con grandes rendimientos (2012, 2014 o 2015) en sus inversiones a perder este año, según la valoración de precio de mercado, 24 millones de euros.
Sin embargo, para Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, estos cambios no son suficientes para explicar lo sucedido, también hay que tener en cuenta la decisión que en enero de 2017 adoptó el equipo dirigente anterior de invertir todos los recursos de la hucha de las pensiones en deuda pública a corto plazo (siempre menos rentable que los activos a plazos más largos por tener menos riesgo). “¿Era imprescindible tener invertido todo el fondo de reserva en valores a muy corto plazo?”, se preguntó ayer Granado en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo, exponiendo más adelante que “lo razonable”, para él hubiera sido que este año se realizase una planificación de las necesidades de tesorería que permitiera “invertir parte de la deuda a largo o medio plazo e invertir parte de la deuda a corto plazo”.
“Si se hubiera tenido la previsión del dinero que se iba a usar,hubiera sido posible no tener rentabilidad negativa a largo plazo”, abundó más adelante.
Esta crítica provocó la reacción de su antecesor, Tomás Burgos, del PP, quien telefónicamente calificó estos argumentos de “disparate”. “No caben rentabilidades positivas con los límites que marca la ley del fondo [obliga a invertir en deuda de alta calificación y, por tanto, de menor riesgo y rentabilidad] y la política del BCE. Además, no puedes invertir a medio y largo plazo con unos recursos que estás usando. Tendrías que vender los activos con pérdidas”, argumentó, recordando, además, que todas las decisiones sobre inversiones de la hucha de las pensiones se pactan con los agentes sociales.
Más allá de este debate, hay un factor a considerar: España es uno de los países más beneficiados por la política monetaria del BCE. Las medidas de Draghi abarataron los intereses que exigían los inversores para comprar deuda española y aflojaron el dogal de la prima de riesgo.
Granado abundó en sus críticas a los anteriores gestores del sistema de pensiones. Admitió en su debe, por su paso anterior de la Secretaría de Estado, que no fue él sino el PP quien cumplió en 2012 con la exigencia del Pacto de Toledo de que el complemento de las pensiones contributivas que no llegan al mínimo (unos 8.000 millones al año) se financiase con presupuestos. Pero señaló que la recaudación por cotizaciones ha estado lastrada por la gestión del PP. Lo achacó a varias causas: la rebaja en las bases de cotización de los parados con subsidios, la eliminación de la cotización de los cuidadores domésticos o la devaluación salarial causada por la reforma laboral, entre otros.
Acerca de futuras reformas, Granado se mostró partidario de aumentar el periodo que se toma para calcular la pensión futura. Ahora se utilizan los últimos 21 años de la vida laboral y este tiempo irá creciendo hasta los 25 años en 2022. No obstante, apoyado en que ahora se está en un periodo transitorio, pidió que no se abra ese debate ahora. “Dejen ustedes que ese río se cruce en 2023, y en el diálogo social se cruzará en 2022”. Con esta última frase venía a defender que esta medida debería tomarse por acuerdo.
