Urge plantear una nueva dimensión de la fiscalidad en nuestro país para aumentar la recaudación y que paguen quienes defraudan y más tienen, no quienes más lo necesitan
Se trata de uno de los temas más espinosos y controvertidos del debate político. Y del social. De una preocupación generalizada entre mayores, adultos e incluso algunos jóvenes. La sostenibilidad del sistema de pensiones copa los telediarios, las páginas de los periódicos, los programas de radio… ¿Quién no ha oído hablar del tema? Es más, ¿quién no ha opinado en cierta ocasión al respecto?
Si bien es cierto que la pensión media de los nuevos jubilados ya alcanza los 1.500 euros al mes, no es menos cierto que la Seguridad Social cerró el pasado año con un déficit de 18.800 millones de euros, es decir, el mayor de su historia, tal y como informó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso de los Diputados ante la Comisión del Pacto de Toledo. En concreto, fue del 1,61% del PIB, por debajo del 1,67% esperado y del 1,66% de hace dos años. Para este ejercicio se espera una moderación, un “camino de vuelta” –en palabras de la ministra- hacia el equilibrio del sistema. Pero el agujero en las cuentas de la Seguridad Social sigue haciendo saltar las alarmas con demasiada asiduidad.
Pues bien, desde el PSOE ya han propuesto crear un impuesto a los bancos para contribuir a reducir ese abultado déficit y pagar las pensiones. Esta medida, que desde el punto de vista de la recaudación no alcanzaría los 1.000 millones de euros, podría incluirse dentro de un plan para equilibrar los gastos -que pasaría por contribuir también con impuestos a la financiación de las pensiones- Pero precisamente debido a su escaso impacto recaudatorio no sería suficiente para resolver un problema que preocupa, y mucho, al conjunto de los españoles.
El Gobierno baraja la posibilidad de ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones, una propuesta que permitiría a los trabajadores descartar los peores años de cotización. Y no hay programa electoral que no contemple alguna medida “mágica” en la búsqueda de la, por el momento, añorada sostenibilidad del sistema, cuya mejor garantía, evidentemente, sería la creación de empleo de calidad y el aumento del número de contribuyentes a la Seguridad Social.
Pero en el Congreso nadie es capaz de coger la sartén por el mango. El PP no quiere cargar con el peso de ser el partido que agote los fondos de una “hucha” que mengua a pasos agigantados. Mientras tanto, los partidos de la oposición tampoco parecen estar en condiciones de alcanzar un gran pacto que garantice el futuro de las pensiones. Es decir, unos por otros, la casa sigue sin barrer.
Por ello, porque los ingresos no son suficientes como para sufragar el necesario gasto público y porque las pensiones constituyen uno de los más importantes y sensibles pilares del Estado del Bienestar, en España urge aprobar una reforma fiscal que se traduzca en un sistema suficiente y más equitativo. Es necesario, pues, plantear una nueva dimensión de la fiscalidad en nuestro país. No sólo para aumentar la recaudación, que podría incrementarse en 60.000 millones igualando nuestra presión fiscal a la media europea, sino para que paguen quienes defraudan y más tienen, no quienes más lo necesitan. En definitiva, el sistema fiscal español requiere una reforma profunda e integral, no más parches, que permita disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento. Nuestros pensionistas lo agradecerán ahora. Nosotros, en el futuro.
FUENTE: NUEVATRIBUNA
