Gabriel Amat, la política y la corrupción institucional

Es esta la historia de un hombre hecho a sí mismo, Gabriel Amat Ayllón. Una historia acerca del poder político que ha llegado a reunir en su persona; del ímpetu emprendedor de sus familiares y allegados alrededor de sus decisiones políticas; de las sospechas de un grupo de ciudadanos acerca de la posible corrupción generada por todo ese poder y…. de los más que sorprendentes retrasos, cambios, modificaciones, irregularidades, etc. por parte del Poder Judicial en investigar lo que este grupo de ciudadanos venía a ponerles como denuncia encima de la mesa ante ciertas sospechosas actuaciones.

Gabriel Amat comenzó como agricultor en Roquetas de Mar, Almería, tras llegar de Granada con su familia. Han pasado muchos años desde entonces.

Actualmente ocupa los cargos de Alcalde Roquetas de Mar (desde junio de 1995, es decir, más de 23 años), Presidente de la Diputación Provincial de Almeria (desde julio de 2011, es decir, más de 7 años), Presidente del PP de Almería(desde julio de 2004, más de 14 años), miembro de la Junta Directiva Nacional del PP (desde enero de 1999, es decir, casi 20 años) y Presidente de la Comisión Electoral regional (desde septiembre de 2008, es decir, desde hace diez años).  Es propietario también de concesionarios de coches en la zona y emplea a más de 300 personas.

Como se puede apreciar un hombre cuyo poder y presencia, desde hace un buen montón de años, no sólo se ciñe al municipio de Roquetas de Mar, sino que llega a todas partes: la provincia, la Diputación, la Junta Directiva Nacional de su partido político y hasta la comisión electoral provincial.

En las últimas elecciones a Presidente del PP en Almería en 2017, fue candidato único. Ganó con el 98,89 por ciento de los votos emitidos. Lo que en el argot político se llaman unas elecciones «a la búlgara» en recuerdo de Todor Zhikov, que fue secretario del Partido Comunista búlgaro entre 1954 y 1989 (más de 35 años) y siempre obtenía su nombramiento con una cantidad cercana al 100 por cien de los votos.

Roquetas es un bello municipio de Almería, con más de 16 kilómetros de litoral sobre el Mediterráneo, segundo municipio de la provincia de Almería, un clima templado y muy agradable durante todo el año y una población que se ha triplicado entre 1991 y 2017, generando por tanto una modificación completa de sus planes urbanísticos y la necesidad de dar respuesta a la potente demanda residencial.

En todos estos años de enorme crecimiento del municipio, mientras en Roquetas se iba consolidando el poder y la influencia de Gabriel Amat -que ya era concejal de urbanismo en 1986-, también iba creciendo una gran tela de araña empresarial, formada por familiares, amigos y personas cercanas a Amat que, con los años, se vieron beneficiados de numerosas decisiones por parte del Consistorio y las autoridades.

Indudablemente, la condición emprendedora de una familia es algo loable y necesario para el desarrollo de cualquier nación. En particular es algo destacado en España, donde tenemos una gran población de autónomos, pequeños y grandes empresarios.

El problema de todo este desarrollo es cuando en torno a él, crece la especulación -que no es algo relacionado con hacer empresa- y además, lo hace bajo la sospecha de corrupción.

Pues bien, allá por el año 2005 -hace más de 13 años- Don Francisco José Sánchez Ramón, entonces Letrado Asesor de el Ayuntamiento de El Ejido, municipio colindante con Roquetas y también gobernado por el PP, comenzó a tener sospechas acerca de las curiosas coincidencias que se iban produciendo en determinadas operaciones inmobiliarias en la zona. En particular en una operación sobre la bahía de Almerimar, donde se estaba desarrollando un plan parcial sobre más de 600 hectáreas y en las que pudo comprobar vinculaciones con lo que ya entonces se conocía como el «clan Amat».

Se describe en este artículo:

Cuando el Letrado asesor puso encima de la mesa del entonces regidor de El Ejido estas supuestas irregularidades, poco después fue conminado a que «abandonara» las investigaciones. Por entonces el Sr. Amat -como se puede deducir de los cargos que ocupaba-  ya acumulaba un gran poder en la zona.

Las investigaciones no se abandonaron. Don Francisco José Sánchez abrió dos caminos: presentó una denuncia ante la Fiscalía del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) en febrero de 2007, que dió en llamarse Operación Poniente y, junto con Dña Eva Liria y Don Luis Montoya entre otros, crearon la Asociación Mediterránea Anti Corrupción y por la Transparencia (AMAyT). 

Desde que esto ocurrió, se desplegaron las estrategias de defensa por parte del Sr. Amat. En primer lugar con la presentación de una querella criminal contra ellos por calumnias. Fue archivada. Por entonces se habían descubierto 100 sociedades mercantiles relacionadas con la trama. Actualmente ya van más de 330 las sociedades descubiertas con algún tipo de vinculación.

En paralelo, el progreso de la causa a nivel judicial ha estado trufada de constantes trabas, retrasos, cambios… Una vez más, la vinculación entre el poder político y el poder judicial… el amparo de la corrupción y la impunidad tanto de los políticos protegidos como del poder judicial, que les protege. Todos ellos buscando y consiguiendo una impunidad que no puede ser más que insultante para el resto de ciudadanos.

Hay que poner de relieve que en este caso, al menos, las investigaciones por parte de la Fiscalía se llevaron a cabo y las actuaciones no han sido archivadas por parte del poder judicial ante la evidencia de la documentación presentada. Pero si se ha intentado.

Como se describe en el artículo previamente citado:

«…La propia Audiencia Provincial se pronunció en su día ante un recurso de Don Gabriel sobre la inadmisión del archivo de las actuaciones, en Auto de 13 de Mayo de 2016 : “ son a todas luces, pertinentes, necesarias, útiles y eficaces en orden a determinar la naturaleza de los hechos denunciados y personas que han participado. Consideramos que no se trata de una investigación prospectiva pues se denuncian hechos concretos, graves y sumamente complejos, enmarcados en el ámbito de la prevaricación urbanística a la que se asocian delitos de falsedad, cohecho y tráfico de influencias que se han cometido  -presuntamente-  a lo largo de varios años por medio o a través de sociedades mercantiles, presentándose las diligencias de instrucción acordadas por claramente orientadas al esclarecimiento de los hechos.”»

Un artículo de investigación del diario El País, describía de esta manera la situación:

«…El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha beneficiado desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mara decenas de empresas vinculadas a familiares. El análisis de los plenos municipales realizado por EL PAÍS desde 1995, cuando Amat aterrizó en la alcaldía, revela un reguero de decisiones favorables a estas compañías, en su mayoría de promoción inmobiliaria. Licencias para la construcción de viviendas, reparcelación de terrenos o adquisición de vehículos son algunas de ellas.

Amat, que también preside el PP en Almería, ha tenido relación con un entramado de 103 empresas donde figuran 53 parientes, según informes oficiales de la policía. La telaraña societaria podría extenderse a más de 300 firmas a través de nexos comerciales, según los investigadores, que señalan un posible trato de favor y uso de información privilegiada durante 17 años.

Según un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol del pasado febrero “podrían estimarse delitos continuados de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. El texto constata la dificultad de desarrollar una investigación sin la colaboración de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía y, por supuesto, las firmas de la maraña societaria.

Pero… no todo ha sido apoyo por parte del poder judicial en la investigación de corrupción en esta supuesta trama empresarial…» 

Recientemente han ocurrido tres hechos que nos parece importante reseñar.

El primero de ellos  se describe en este artículo de marzo de 2018. La Asociación AMAyT, acusación popular en la investigación, pidió al CGPJ que actuara, para que se pudiera tener una mayor diligencia en la investigación.

Citando el propio artículo:

«… en el transcurso de la causa el juzgado de Roquetas de Mar ha solicitado tres informes a la UDyCO que han tardado en entregarse un total de 54 meses (4 años y medio). Además, recuerda que transcurridos seis años desde que se acordó la incoación de estas diligencias previas han pasado hasta seis jueces diferentes bien como titulares o sustitutos «a pesar de haber sido declarada su complejidad en dos ocasiones».

AMAyT recuerda también que se han cumplido ya dos años «sin pronunciamiento judicial sobre las incompatibilidades y supuestas falsedades detectadas u omitidas en las certificaciones de bienes, patrimonio e incompatibilidades del alcalde, Gabriel Amat Ayllón, eje de la trama societaria». En este sentido la asociación recuerda al CGPJ que han transcurrido dos años y siete meses sin que «tengamos conocimiento alguno sobre las presuntas incompatibilidades supuestamente cometidas por el sr. Amat. Y es que, al parecer, ni la Fiscalía ni la anterior y actual instructora se han percatado de esta situación, cuya ausencia de informe sobre las supuestas incompatibilidades cometidas por el Sr. Amat es esencial para determinar la intervención directa del mismo en aquellos procedimientos administrativos de orden urbanístico o contractual que han venido beneficiando a todo el entramado societario cuyo eje radica en el alcalde de Roquetas y presidente de la Diputación de Almería y del Partido Popular de Almería».

Inactividad judicial

En el escrito al Consejo General del Poder Judicial el presidente de AMAyT incide en la inactividad judicial que rodea al caso al recordar que desde agosto de 2017 «solamente se ha proveído por el juzgado tres resoluciones mediante las que se acuerda sin motivación alguna el archivo de tres de las 25 piezas separadas de la causa principal». Tras la presentación de los recursos de apelación contra las tres resoluciones la Audiencia Provincial de Almería resolvió declarando de oficio la continuidad de las diligencias. AMAyT «ha venido advirtiendo de las demoras e irregularidades procesales que se venían detectando en esta causa. Quejas que no han sido atendidas ni por ese Consejo General del Poder Judicial ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órganos competentes para dilucidar sobre estas cuestiones y, muy especialmente, sobre el nombramiento o designación de juez en exclusiva para esta causa».

Pues bien, parece ser que a la petición de AMAyT se han producido una serie de respuestas por parte de las autoridades judiciales. Es de agradecer. Lo preocupante es que las reacciones parecen a todas luces sorprendentes.

Se describen en este artículo publicado por Confidencial Andaluz:

Este es la primera de las respuestas. Aparentemente la Jueza anterior, sin ser ya titular del Juzgado, proveyó una serie de escritos que afectan gravemente a la causa. Se explica en el artículo:

«…la denuncia se concreta en cinco diligencias, supuestamente firmadas por la Juez Otilia Fornieles, donde se sobreseían provisionalmente otras tantas causas de la Trama Amat “en formato Word, sin firma de Juez y Letrado de la Administración de Justicia, ni fecha electrónica cuando la juez sustituta había cesado con presunta alteración informativa”.

Entiende por tanto la asociación denunciante, que “las resoluciones son procesalmente nulas de pleno derecho al haberse dictado por un órgano sin jurisdicción ni concesión de prórroga de jurisdicción por el TSJA”.

Se informa también que se ha dado cuenta de estas circunstancias anómalas a la nueva Juez titular del Juzgado de Roquetas, Purificación Ferreiro»

Pero… la sorpresa de la Asociación AMAyT no terminó con la constatación de estas últimas irregularidades.

Hay una segunda respuesta. También de gran importancia con respecto al futuro de la causa en marcha:

«…mientras AMAyT redactaba su escrito para el órgano de gobierno de los jueces, la actual titular del Juzgado Purificación Ferreiro dictaba un auto en el que exigía, con carácter retroactivo a cinco años, que AMAyT presentase fianza suficiente para ejercer la Acusación Popular en la Trama Amat y sus 25 piezas separadas. También les anunciaba una decisión insólita: no pensaba proveer (atender) los escritos presentados por AMAyT a la causa en tanto no se hubiese pagado la fianza de la que fueron exonerados en 2013 por la instructora de aquel momento. Insólita también la petición de los nombres y apellidos de los militantes de la asociación…»

Se explica con más detalle en este artículo publicado por La Vanguardia:

La nueva Juez a cargo ahora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, se estrena en esta causa, que está reconocida como «causa compleja», pretendiendo anular resoluciones que son firmes. Una causa que lleva más de 6 años de instrucción y por la que han pasado 7 jueces.

En este sentido citar la literalidad del artículo citado:

«…Para el colectivo queda «patente» el «proteccionismo judicial» en favor de Amat y califican de «torticero, que la jueza diga y amenace con no contestar a los anteriores proveídos». «Cuando menos, por obligación y por ley, hasta que no presentemos la fianza que nos imponga, si esto fuese así, seguimos estando personados legalmente en la causa», añaden.

También recuerdan que fue la propia Fiscalía Provincial de Almería la que denunció este caso, preguntando acto seguido el por qué de esta fianza si «como ella reconoce en su propia resolución, viene dada para evitar, en la mayor medida posible, denuncias infundadas».

«La juez adopta una resolución anulando otra anterior, del año 2013, que es firme de pleno derecho, que no fue recurrida por ninguna de las partes y que tampoco lo fue por la Fiscalía de Almería», apostillan.

Indican a su vez que en 2017 la juez instructora de aquel entonces dictó «otra resolución donde da por personada, en todas las piezas separadas y entre otros, a la asociación AMAyT, decisión firme de pleno derecho puesto que tampoco fue recurrida por ninguna de las partes…»

Pues bien, este relato de hechos parece que viene a confirmar una vez más la íntima relación que existe entre el poder político y el poder judicial. Todo parece indicar que, una vez más, podría venir a dejar clara la impunidad con la que protagonistas de ambos poderes, se mueven en España.

Por supuesto, también la prensa local ha hecho todo lo posible por «ayudar» a Don Gabriel Amat difundiendo su posición.

Don Luis Montoya, uno de los miembros de AMAyT, explica en un artículo que se puede leer pinchando aqui, las relaciones entre el propietario del diario La Voz de Almería y el supuesto entramado alrededor de Don Gabriel Amat.

También se deja sentir el  poder de Don Gabriel Amat sobre los organismos públicos. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar tardó siete meses en dar la dirección de un Concejal, solicitado por parte de la UDYCO para la investigación que estaba llevando a cabo.

Recientemente este «poder» se ha dejado sentir de nuevo y en este caso en el ámbito de los Tribunales. La nueva Juez de Roquetas, a cargo del caso, solicitó a AMAyT, la Asociación personada en el caso como acusación particular, la aportación de fianza para poder seguir al frente, pese a haber sido aceptada su condición de acusación particular a través de escrito judicial firme. Se trataba de «quitar de enmedio» en el procedimiento a quienes desde el primer momento han venido poniendo de relieve las numerosas irregularidades.

Finalmente han sido retirados del caso. Les invitamos a leer este artículo de El Confidencial Andaluz

Lo pueden leer pinchando aquí. La Asociación ha decido denunciar por prevaricación a las dos últimas jueces que han participado en el procedimiento.

Por su interés, reproducimos una parte del mismo:

«…Contra la primera, Purificación Ferreiro García, se denuncia presunta prevaricación judicial por el dictado de auto exigiendo requisito de fianza a AMAyT pese a existir auto previo teniendo por personada a la asociación anticorrupción desde 2013 en la causa 34/12, conocida como “Trama Amat” y posterior personación derivada en las 25 piezas separadas que investigan las respectivas piezas de la trama, auto de personación firme y pasado por cosa juzgada ‘que deja sin efecto el nuevo auto denunciado objeto de prevaricación que fue recurrido y ya sido confirmado por sus propios fundamentos suponiendo la expulsión de facto de AMAyT de las causa principal y piezas separadas de la Trama Amat’.

Respecto de la juez sustituta que le antecedió en el cargo Doña Otilia Fornieles Melero se denuncian presuntas prevaricaciones judiciales y falsificaciones documentales por el dictado de varios autos de archivo en varias piezas separadas entre otras la que afectaba a la Sicav Eureka al dictarse sin prorroga de jurisdicción de la misma una vez cesada alterando las fechas y notificados en formato Word sin fecha ni firma electrónica.

AMAyT concluye en su denuncia que ‘presuntamente se trata de un grupo organizado o trama de miembros de la carrera judicial, funcionarios e investigados cuyo fin es la demora procesal y archivo de las causas en las que se investiga a Don Gabriel Amat’, calificando las actuaciones denunciadas de burdas maniobras procesales orquestadas con el fin descrito culminadas con la expulsión de AMAyT…»

Esta es una descripción de los hechos.

Analicemos algo que, desde esta Asociación, consideramos relevante. Los responsables, no son castigados: ni aquellos que son protegidos con retrasos forzados -como parece ser este caso por parte de funcionarios-, ni aquellos que lo son con decisiones en contra de la Ley por parte del poder judicial y que vienen a dificultar la investigación.

Tampoco lo son los jueces y miembros del poder judicial que protegen, ocultan o impiden las actuaciones de quienes denuncian y buscan que se haga Justicia.

Hay de facto una completa impunidad para ellos.

No parece que exista un verdadera «igualdad de armas» en nuestro sistema judicial.

¿Por qué?

¿Por qué se permite que haya en España ciudadanos con, aparentemente, diferentes derechos y diferentes responsabilidades?

No podemos olvidar lo que dice nuestra Constitución de 1978. En particular, el artículo 14:

«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»

Y recordemos lo que también dice en su Artículo 117 1º:

“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

En otro artículo analizaremos los datos acerca de las quejas y denuncias contra jueces y miembros del Poder Judicial.

Veremos cómo la impunidad de la que se ven investidos -por la vía de esas mismas estadísticas y cifras- vienen a reflejar cómo los integrantes del poder judicial español se protegen entre ellos. Se sienten impunes. Amparados en esa protección corporativista y apoyados en ella, se ven libres para dictar sentencias y tomar decisiones alejadas de la Ley.

En muchas ocasiones nuestros Jueces no se rigen bajo el imperio de la Ley. Violan el artículo de la Constituciónpreviamente citado.

En esta web hay ya presentados múltiples ejemplos de ciudadanos sometidos a lo que es una verdadera tortura ante decisiones judiciales incorrectas. Algunas completamente fuera de la legalidad y que además están destinados a proteger a personas que la documentación acredita su condición de delincuentes.

¿Por qué a los jueces no se les pide, de facto es decir en realidad, responsabilidad ante sus actuaciones? A las cifras y las estadísticas nos remitimos.