FERNANDO ÓNEGA
¡Pobre Ana Botella! Seguro que, como alcaldesa de Madrid, se vio obligada a transigir con la venta de viviendas de protección pública a un fondo llamado Blackstone para salvar la precaria situación financiera de la Empresa Municipal de Vivienda. Seguro que no tuvo un papel protagonista y se limitó a autorizar la operación, con el visto bueno de los técnicos. Seguro que hará valer su verdad en el recurso que va a presentar contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que la condena, con otros directivos, a pagar 22 millones de euros por menoscabo del patrimonio público. No veo yo a Ana Botella promoviendo una operación turbia y de turbios intereses.
Pero la sentencia está ahí y es de una extrema dureza. Entra al fondo de la venta de 18 promociones inmobiliarias, un total de 1.860 viviendas, y la encuentra condenable: la operación se hizo por un precio inferior al mínimo jurídicamente exigible y además «sin pliegos, sin concurrencia y sin tasación inicial». Si todo fue así, mala defensa tiene. Pero hay algo socialmente peor: el daño que se causó a las familias que habían alquilado pisos en esas promociones. El fondo quiere, naturalmente, ganar dinero y cada año más dinero. Y está aplicando unas subidas que los inquilinos no pueden soportar. Ya se han producido varios desahucios. El patrimonio público perdido se puede recuperar. Un desahucio de una familia modesta no tiene solución. Los desahucios de ahora son por impago de alquileres a precios desorbitados.
¿Y saben por qué sube tanto el alquiler? En gran parte, porque cientos de miles de viviendas han pasado a ser propiedad de fondos buitre como el que compró los pisos municipales de Madrid. Blackstone, en concreto, es considerado el mayor propietario de casas en España. Han descubierto el gran negocio. Son cazadores de gangas, que aprovecharon la caída del precio del ladrillo en la crisis. Son multinacionales opacas, manejadas a distancia y en las que resulta difícil encontrar un interlocutor para problemas concretos. Funcionan de hecho como monopolios que imponen los precios del mercado. Y siguen comprando, como podemos comprobar en anuncios que publican en prensa. Su ambición no tiene límites, como parecen no tenerlos sus recursos. Si encuentran colaboración de poderes públicos, tampoco tendrán límites sus propiedades.
A veces pienso que, cuando el Gobierno renuncia como renunció a poner un tope a los alquileres, es por miedo a esos nuevos poderosos de la vivienda o por presiones de sus administradores. Hecho este diagnóstico, en parte basado en experiencias personales, creo que ha llegado el momento de intervenir ese mercado y ese oligopolio. No olvidemos que la vivienda es un derecho constitucional.
