España allanará el camino a los residentes británicos en España, incluso a aquellos que hoy no están registrados como residentes permanentes. El Gobierno prevé expedir nuevos permisos a unos 400.000 británicos si Reino Unido abandona la UE de manera abrupta y ese colectivo queda en un limbo. Es una de las medidas con más impacto del plan de contingencia que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, a cuyas líneas maestras ha tenido acceso EL PAÍS. El real decreto ley extiende todos los beneficios previstos a Gibraltar, aunque deja claro que España tendrá derecho de veto sobre la situación de la colonia británica en cualquier acuerdo futuro entre Londres y Bruselas. Todas las decisiones que prolongan de alguna manera el statu quo de empresas y ciudadanos británicos en España están condicionadas a un requisito clave: que Reino Unido aplique el mismo trato a España.
El día de salida británica (en principio, el próximo 30 de marzo) se aproxima y el Gobierno británico sigue sin dar señales claras sobre qué ocurrirá entonces. Con el fin de prepararse frente a la hipótesis de un Brexit duro, el Ejecutivo español aprovecha el último Consejo de Ministros de esta legislatura para aprobar un real decreto ley que remitirá inmediatamente al Parlamento para su convalidación. Junto a ese texto, el Gobierno tiene previsto aprobar también en esta sesión la equiparación de permisos de maternidad y paternidad. Es probable que también se firme un nuevo decreto sobre alquileres
El decreto del Brexit consiste en un conjunto de medidas destinadas a evitar el abismo que supone eliminar de un día para otro la red de la UE en las intensas relaciones hispano-británicas. El decreto detalla mucho las medidas menos controvertidas —especialmente las garantías a los derechos de los ciudadanos— y deja prácticamente en un enunciado las más complejas de abordar, como qué ocurrirá con los vuelos de Iberia entre una ciudad y otra de la UE si la matriz (IAG) es considerada repentinamente una sociedad controlada por accionistas extracomunitarios.
El texto blinda prácticamente a todos los británicos afincados en España. Quienes no hayan obtenido sus registros antes de la retirada británica mantendrán su residencia legal hasta resolver su situación. Todos deberán pedir, antes de enero de 2021, la llamada tarjeta de identidad de extranjero, que acreditará “de manera definitiva” su residencia legal en España. Habrá diferentes grados de dificultad en función de la situación actual de la persona. Para quienes ya tuvieran residencia permanente, “el proceso será casi automático”. En caso contrario, se requerirán más trámites. El Gobierno calcula que se expedirán documentos aproximadamente para 400.000 personas, por encima de las 300.000 que ahora están legalmente registradas. Es de esperar que muchas de las que ahora no tienen oficializada su situación decidan formalizarla cuando el paraguas común de la UE deje de protegerlas.
Trabajadores transfronterizos
De entre todos los ciudadanos, se pone especial énfasis en garantizar los derechos de los británicos que trabajen en España. Y aplicando el concepto de reciprocidad, el Gobierno confía en que ocurra lo mismo con las alrededor de 9.000 personas del Campo de Gibraltar que cruzan cada día la verja para trabajar en el Peñón. El Ejecutivo deja claro que el beneficio para los británicos en suelo español “está sujeto a que los trabajadores fronterizos españoles reciban un trato equivalente”. También los empleados públicos británicos que accedieron a la Administración española por ser ciudadanos europeos podrán mantener sus puestos.
En el ámbito empresarial, se intenta prolongar igualmente el escudo de la UE, al menos en las actividades ya en marcha (por ejemplo, en contratación pública). Las sociedades británicas podrán seguir, durante un año desde el Brexit, “siempre que estuvieran operando en España antes de la retirada”. En cuanto al comercio, se plantea la posibilidad de adelantar a unos días antes del divorcio algunos de los nuevos requisitos de aduanas. El objetivo es evitar la concentración de novedades durante los días posteriores a la salida británica. Si se retira de la UE de manera descontrolada, Reino Unido abandona inmediatamente el mercado único y sus productos en frontera pasan a ser los de un país tercero.
Todo lo contemplado en ese decreto se aplicará también a los ciudadanos y a las empresas británicas en Gibraltar. El objetivo es “proteger los intereses españoles, en particular los del Campo de Gibraltar”, una zona lastrada por el paro y la falta de oportunidades económicas. Pero el Gobierno no pierde la ocasión de recordar que se trata de una medida temporal, hasta que se articule una nueva relación, y que no modifica la capacidad de veto español sobre la extensión a Gibraltar de cualquier beneficio futuro pactado en el seno de la UE.
El texto no menciona expresamente a Iberia, aunque sí hay una medida destinada a amortiguar el impacto económico que una salida sin acuerdo pueda tener en los vuelos desde Reino Unido. Aunque España entiende que el grueso de la contingencia en este terreno viene de Bruselas, sí aborda en su plan un elemento menor. Se trata de mantener en las condiciones actuales los servicios de atención al pasajero y de catering en esos trayectos. El objetivo es evitar que un eventual encarecimiento de los billetes disuada a los británicos de sus planes para visitar España. Esa congelación de condiciones solo se garantiza hasta el 28 de febrero de 2020.
