El comunicado conjunto que Gobierno y Generalitat emitieron tras la reunión del jueves en el Palacio de Pedralbes contiene una frase en la que ambas Administraciones apuestan “por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”. Se trata de un redactado con calculada ambigüedad, según las fuentes consultadas, para satisfacer a ambas partes y que sirvió para escenificar la promesa de diálogo institucional, pero que también se interpreta de forma distinta por unos y otros.
Junts per Catalunya y ERC, los dos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno que Quim Torra, discreparon ayer cuando EL PAÍS les preguntó si están dispuestos a abandonar la vía unilateral de manera definitiva como consecuencia del citado diálogo. Elsa Artadi (Junts per Catalunya), consejera de Presidencia, aseguró: “Nuestra prioridad es el diálogo”. Sin embargo, añadió: “Siempre dijimos y seguiremos diciendo que no descartamos ningún mecanismo, siempre que sea democrático y no violento. Ayer [por el jueves] todos hablamos de diálogo y seguiremos hablando. Pero no han de ser solo discursos”.Artadi, por tanto, no descarta otras vías. A su vez, el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) declaró que “la vía prioritaria es la negociación”, pero al ser preguntado qué pasaría si ello no basta para alcanzar la independencia, respondió: “Insistiremos en el diálogo, construir puentes y tejer complicidades”. En plata: Junts per Catalunya pide diálogo y, si se rompe, no descarta otras alternativas; ERC reclama diálogo y, si no funciona, insistir por esa senda.
Las respuestas reflejan las dos sensibilidades del independentismo que gobierna Cataluña, aunque esas diferencias casi nunca afloran en público. ERC, que fue el partido que empujó decididamente hace un año a Carles Puigdemont a seguir adelante con la declaración de independencia y no convocar elecciones, se muestra ahora más proclive a “ensanchar la base social” del independentismo, en lugar de apostar por la unilateralidad. Junts per Catalunya abandera ahora postulados más radicales, en ocasiones cercanos a la CUP, aunque en ese grupo parlamentario también existen sensibilidades políticas diversas entre el PDeCAT y los partidarios de Puigdemont.
Nuevo Estatuto
El Gobierno considera que no hay posibilidad de referéndum: la propuesta que puede ser apoyada por la mayoría de los catalanes es un nuevo Estatuto de autonomía. Así lo ha explicado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa en el mes de junio. La última vez que insistió en esa idea fue el pasado día 12 en el Congreso, durante el debate monográfico en el que el presidente expuso su propuesta política para desbloquear la situación catalana.
El secesionismo rechaza la opción de un nuevo Estatuto, lo considera “una pantalla pasada” e insiste en que esa vía ya fracasó con la sentencia del Constitucional de 2010, que recortó el texto votado por los catalanes. Los dos partidos del Govern, en cambio, sostienen que la propuesta política transversal para salir del bloqueo político actual es un referéndum para “ejercer el derecho de autodeterminación” que, según sus estimaciones, apoya el 80% de la población catalana. Y recuerdan que también fue la opción que defendió el PSC hasta julio de 2015: la consulta legal y acordada sobre el futuro político de Cataluña.
La Moncloa considera que no existe tal derecho a la autodeterminación. Sánchez ha repetido también, la última vez el pasado día 12, que no autorizará ese referéndum. El Ejecutivo entiende que el respeto a la “seguridad jurídica” que figura en el comunicado con el Govern implica un compromiso “inequívoco” de la Generalitat, aunque fuentes del Ejecutivo reconocen que se podría haber sido más explícito si se hubiera incluido una referencia expresa a la Constitución, que la Generalitat pidió no incluir.
Si dentro de unos meses se constatara el fracaso del diálogo político prometido, el independentismo podría volver a las andadas y optar por la vía unilateral que practicó el año pasado con las consecuencias políticas y judiciales ya conocidas: la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la celebración de la consulta del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia y un proceso que llevó a sus impulsores a la cárcel o a huir de la justicia. Es un escenario nada descartable como respuesta a una hipotética dura condena a los políticos presos.
