El plan de los CDR: ocupar los colegios electorales el 10-N

Sabotear las elecciones generales del 10 de noviembre. Ese es el plan de los CDR, animados por el movimiento ‘Tsunami democràtic’, en los colegios electorales de Cataluña.

Esta plataforma, investigada por terrorismoen la Audiencia Nacional, ha realizado un llamamiento con el objetivo de boicotear los comicios y «desobedecer a la Junta Electoral». Fuentes cercanas a Información de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional admiten que se trata de «un riesgo real».

Sin especificar exactamente los lugares donde se han de celebrar estos actos,‘Tsunami democràtic’ propone para la jornada de reflexión «organizar actividades culturales, políticas y festivas» desde las 16 hasta las 22 horas para demostrar «una vez más la fuerza de la gente».

Pretenden organizar una movilización muy similar a la registrada hace dos años en el día previo a la celebración del referéndum ilegal. Por esta razón, las mismas fuentes consideran que las órdenes judiciales para impedir la ocupación de colegios electorales deberían llegar con bastante antelación a la jornada de reflexión del próximo 9-N y no pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, como ocurrió el 1-O de 2017. «Es un error que no se puede volver a repetir», señalan.

Tal y como indican desde los Mossos d’Esquadra, las urnas deben estar en los colegios electorales la noche anterior a los comicios. «Las ponen los coordinadores designados por los Ayuntamientos, normalmente acompañados por la policía local», indican.

En la jornada previa al referéndum del 1-O, al menos 163 colegios fueron ocupados por independentistas y familias con niños para llevar a cabo actividades lúdicas. Una vez terminadas, se encerraron en los patios y pabellones del interior para asegurar la apertura del centro en el día de la votación ilegal.

«Que el Estado reflexione»

Con esta movilización, ‘Tsunami democràtic’ trata de denunciar en plena jornada de reflexión «la sentencia y condena del Tribunal Supremo» a los líderes independentistas y otras «decenas de presos y exiliados», una referencia expresa a los detenidos tras dos semanas de violencia extrema en Cataluña, especialmente en Barcelona.

Para este conglomerado, que convoca sus acciones violentas a través de una aplicaciónprácticamente imposible de cerrar, el Estado debe «reflexionar sobre la violencia policial aplicada contra la población pacífica». También contra la incapacidad para dialogar, por la utilización de Cataluña para obtener un rédito político y sobre cómo se impide el ejercicio de los derechos fundamentales a sus ciudadanos. «El 9-N es un buen día para que reflexione el Estado», afirman.

Este grupo investigado por terrorismo, cuyos líderes se desconocen por ahora, hizo un llamamiento esta misma semana para realizar «acciones sorpresa» de cara a la jornada de reflexión, y también en días posteriores a las elecciones, dejando el hueco de la jornada electoral sin presentar acción alguna.

«Incoherencia» con la CUP

Según el análisis realizado por agentes cercanos a Información, existiría una «incoherencia» entre el boicot que pretende realizar ‘Tsunami democràtic’ y el hecho de que la CUP se presente a estos comicios. A juicio de los agentes, «es extraño movilizarse para impedir la votación, mientras uno de los grupos políticos más afines a los CDR se juega su presencia en el Congreso por primera vez en la historia». A modo de conclusión, han considerado que el sector más radical del independentismo «está fuera del control de la CUP». Eso sí, consideran «bastante factible» la anulación de «más de una mesa electoral».

Entre la rebelión y los desórdenes públicos

A nivel jurídico, impedir la normal celebración de unas elecciones está tipificado en el Código Penal. Dos delitos recogen expresamente el hecho de impedir unas elecciones. El temido delito de rebelión (472 del Código Penal) y el de desórdenes públicos (558 ter del CP). Las fuentes jurídicas consultadas por El Liberal dejan claro que no es lo mismo estar delante de una línea policial desde el interior del colegio, donde no ha habido ningún tipo de violencia para realizar una ocupación de las instalaciones y poner trabas para impedir la apertura con normalidad de un colegio, que intentar romper el cordón de antidisturbios desde fuera del recinto.

A su juicio, el delito de rebelión debería darse solo en el caso de que exista violencia. «Un juez deberá valorar si provocar una carga policial en el día de las elecciones se puede tipificar de esta forma», han explicado las mismas fuentes. Para este caso, la pena es de seis a diez años de prisión.

Hasta ahora, los detenidos durante las dos semanas posteriores a la publicación de la sentencia se enfrentan a delitos de «desórdenes públicos» en la mayoría de los casos. En este sentido, han indicado que el artículo 558 del Código Penal se establece para quien «perturbe gravementeel orden en un colegio electoral», entre otros motivos. Las penas son de entre tres y seis meses de cárcel o bien una sanción económica de entre seis a 12 meses.