En vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe mañana solicitar al Congreso una cuarta prórroga del estado de alarma en España, hasta el próximo 23 de mayo, Pedro Sánchez intentó ayer sin éxito vencer las resistencias que oponen, cada vez con mayor contundencia, los presidentes de Catalunya, Euskadi, Galicia o Madrid. Y eso que el jefe del Ejecutivo central acudió a la conferencia de presidentes autonómicos, que reunió por octavo domingo consecutivo, con una batería de iniciativas que buscaban tener un efecto balsámico sobre las irritaciones territoriales.

Transcurridas siete semanas desde que se dictó el decreto del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el catalán Quim Torra y el vasco Iñigo Urkullu defendieron levantarlo ya, el gallego Alberto Núñez Feijóo y la madrileña Isabel Díaz Ayusocriticaron con dureza su ampliación y el andaluz Juanma Moreno advirtió que como mucho se podrá mantener hasta finales de mayo, pese a que Sánchez pretende que siga en vigor durante todo el proceso de desescalada hasta finales de junio. Al término de la cita, los ministros María Jesús Montero y Salvador Illa insistieron en que es “imprescindible” mantener vigente la alarma, por si se produce un rebrote del virus, durante todo el desconfinamiento. Este es, aseguraron, un “consenso mundial”.

Sánchez quiso en todo caso paliar las críticas de estos territorios al “mando único” y al “ordeno y mando” del Gobierno, precisamente, con una orden que regula “el proceso de cogobernanza” con las comunidades y ciudades autónomas durante la desescalada, y que ayer mismo publicó elBoletín Oficial del Estado .

El objetivo, según explicó Illa, es adoptar “conjuntamente” con las administraciones autonómicas las decisiones en esta fase de desconfinamiento gradual y asimétrico, “bajo los principios de diálogo, colaboración y coordinación”. Las comunidades propondrán, aunque el Gobierno central, finalmente, dispondrá. Todo ello mediante reuniones bilaterales, tanto técnicas como políticas. “Las decisiones serán consensuadas con las comunidades autónomas”, prometió, no obstante, Illa.

En estas reuniones bilaterales se definirá así la unidad de actuación de la desescalada, ya que muchos territorios, como Catalunya, rechazan la delimitación provincial. “Creemos que la unidad más razonable es la provincial, pero habrá un diálogo con las comunidades para que nos digáis qué unidad de actuación veis más conveniente”, dijo Sánchez.

Junto a esta orden de cogobernanza –“el título no es retórico”, prometió Illa–, Sánchez puso dinero encima de la mesa, lo que suele ser siempre un argumento imbatible. Así, especificó que el nuevo fondo no reembolsable para las autonomías dotado con 16.000 millones de euros que anunció la víspera empezará a llegar a las escuálidas arcas de las comunidades de manera inmediata. Los millones se descargarán en tres tramos: el primero, con 6.000 millones, se transferirá de manera inmediata, antes en todo caso de que culmine el mes de junio. Los dos restantes, de 5.000 millones cada uno, se trasladarán a los territorios en el segundo semestre de este año. “No es un préstamo, son transferencias directas que no tienen que devolver, es un fondo adicional”, especificó Montero.

Estos importantes matices, admitió la ministra de Hacienda, provocaron “cierta incredulidad” entre los presidentes autonómicos. No en vano, ya están acostumbrados a anuncios estrella del Gobierno que, en realidad, son simples adelantos o dineros con los que ya contaban. El nuevo fondo autonómico, esta vez, fue en cambio unánimemente “celebrado y agradecido” por todos los presidentes de las comunidades sin distinción de color político.

Ahora bien, de inmediato se abrió el debate sobre el reparto territorial de este fondo. Sánchez desglosó su distribución en 10.000 millones para gasto sanitario, en función del impacto de la pandemia en cada territorio; otros 1.000 millones para gasto social, en función de la población de cada comunidad; y los 5.000 millones restantes por la disminución de los ingresos propios de las autonomías, en función de la caída de los recursos económicos que, como consecuencia del parón producido por la pandemia, haya sufrido cada territorio. “El dinero del fondo son ingresos adicio-nales, el Gobierno va a asumir el coste de la pandemia”, aseguró Sánchez.

Y aunque todos los presidentes autonómicos se felicitaron de esta inyección de recursos para capear el temporal, se reactivó la ya clásica disputa del modelo de financiación autonómica: unos presidentes demandaron poner el foco en la factura sanitaria de la pandemia, otros en la población, otros en la dispersión territorial… “Yo comprendo que cada comunidad autónoma quiera aspirar a tener el máximo volumen de recursos posibles, pero habrá que distribuirlo con criterios objetivos, equitativos y justos”, zanjó la ministra de Hacienda. “A la hora del reparto, hay que entender que cada presidente autonómico, y yo lo sé bien, defienda legítimamente lo que a cada uno le viene mejor. Pero para el Gobierno de España no se trata de lo que viene mejor, sino de atender el gasto que se ha ocasionado con motivo de la pandemia”, argumentó Montero. El Govern de Torra tiene claro cuáles deben ser los criterios de distribución, que vienen a ser un compendio de las ya citadas. Los fondos que pueda proporcionar el Estado son fundamentales. Pide 4.000 millones de euros. Pero la Generalitat aspira a autogestionarse el desconfinamiento. Y por encima de cualquier otra cuestión, no poder hacerlo es lo que inclina hacia el no de ERC, el PNV y JxCat en la votación en el Congreso para alargar 15 días más el estado de alarma. Ni siquiera para el Govern que el Ejecutivo central acabe cediendo y se marque en Catalunya las regiones sanitarias –Alt Pirineu i Aran, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Girona y Barcelona– como marco de referencia es suficiente. Que ERC y el PNV puedan acabar votando no después de aprobar la investidura de Sánchez sería un duro golpe.

En este sentido, a última hora de la tarde de ayer, el Govern anunciaba que la Moncloa, tras un encuentro telemático entre el ministro de Sanidad y la consellera de Salut, Alba Vergés, accedía a delimitar el territorio en Catalunya mediante regiones sanitarias. Sin embargo, fuentes del ministerio no confirmaron este extremo, aunque admiten que están dispuestos a estudiar la cuestión. “No hay nada en firme”.

La prolongación del estado de alarma no gusta a Catalunya y Euskadi, en tanto en cuanto las autonomías ven limitada su capacidad decisoria y de acción al otorgarse el Gobierno el mando único. La cogobernanza es un avance, pero también insuficiente y tanto Torra como Urkullu quieren autogestionar sus territorios sin tener que obtener necesariamente el plácet de Illa.

“La mejor manera de desescalada sería recuperando las competencias de la Generalitat”, aseguró ayer el presidente catalán mientras reprochaba a Sánchez que no le contestara una carta que le dirigió el miércoles en la cual el presidente de la Generalitat solicitaba a Sánchez un encuentro bilateral. “Es una falta de respeto institucional no haber recibido respuesta alguna a la carta”, espetó Torra. “Me sorprende que hablemos de cooperación, cogobernanza y diálogo y no podamos tener una simple conversación”, adujo en el encuentro con Sánchez junto al resto de presidentes autonómicos.

Urkullu también reclama competencias y bilateralidad. Como Torra, exigió “respeto al autogobierno” de Euskadi y consideró “imprescindible articular un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida”, basada en “la codecisión”.

Ambos presidentes autonómicos creen conveniente que se retire el estado de alarma. Torra ofrece alternativas, como que se prorrogue la situación excepcional excluyendo a Catalunya. O que se modifique el decreto en su artículo cuarto y que se declare a la Generalitat autoridad competente en Catalunya. En caso contrario, también el lehendakari, el presidente de la Generalitat anunció que “Catalunya votará no a la prórroga del estado de alarma”.

 

LA VANGUARDIA