Las últimas maniobras judiciales del PP para evitar sentarse por primera vez en un banquillo como persona jurídica fracasaron este viernes. El juez Eduardo Muñoz de Baena acordó que la formación sea finalmente juzgada en la causa abierta por el borrado de los ordenadores en los que el extesorero Luis Bárcenas dijo guardar información sobre la caja b del partido. La Fiscalía, que ya había pedido el archivo de la causa, volvió a plantear la exculpación del PP por la doctrina Botín.
La exculpación del partido fue planteada por la Fiscalía en la primera jornada del juicio por la destrucción de los discos duros, dedicada íntegra a las cuestiones previas. Tras escuchar al ministerio público, el magistrado anunció que resolvería la cuestión sobre la doctrina Botín —jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina que no se puede juzgar a una persona si no acusa la Fiscalía o el perjudicado directo, como ocurre en este caso— cuando dicte sentencia, lo que definitivamente obligará al PP a permanecer en el banquillo junto a los otros tres acusados, todos ellos empleados del partido, hasta el final de la vista. De nada sirvió que el abogado de la formación solicitara al juez que reconsiderase su postura. El magistrado también rechazó anular el auto de apertura de juicio.
De este modo, la vista oral por el borrado de los ordenadores de Bárcenas se celebrará con cuatro acusados en el banquillo: además del PP, estarán la extesorera del partido Carmen Navarro; el que fuera responsable de los servicios jurídicos, Alberto Durán, y José Manuel Moreno, responsable informático. Estos tres están acusados de daños informáticos —por haber borrado sin autorización archivos ajenos— y encubrimiento. El partido, solo por el primer delito. Las acusaciones populares —Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)— piden para el PP penas que van desde una multa de 10,9 millones a seis meses de suspensión de actividad y la prohibición de recibir donaciones privadas durante cinco años.
Ha comenzado así la vista de un caso que ha superado en cinco años numerosos escollos: desde el archivo a su reapertura y una posterior reconstrucción del sumario tras el extravío de la documentación. En todo este tiempo, la Fiscalía ha reclamado en varias ocasiones el archivo de la causa. Su argumento ha sido siempre que no había quedado acreditado que el borrado y formateado de los discos duros de Bárcenas hubieran “causado daño grave” a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP, revelada por los llamados papeles de Bárcenas, que inició en 2013 el juez Pablo Ruz.
El propio extesorero, que en un primer momento se personó en la causa como acusación, finalmente, se retiró. Antes de hacerlo, había asegurado que en uno de los discos duros borrados había listados de donantes, agendas de personas con la que se había reunido, recibos de pagos a la contabilidad paralela, hojas de Excel con presupuestos de campañas electorales y detalles de sus cuentas en Suiza.
Por ello, Bárcenas tendrá que declarar como testigo el 20 de junio en persona, después de que el juez descartase este viernes que lo hiciera por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde está recluido tras ser condenado a 33 años por el caso Gürtel. Ese día, además de los acusados, también declararán su cuñado y exjefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, y su secretaria durante casi dos décadas, Estrella Domínguez, así como la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
El magistrado también rechazó en la sesión de este viernes la petición de IU de que se facilitase a los medios de comunicación señal de televisión de la última sesión del juicio, en la que las partes exponen sus conclusiones definitivas. El juez consideró que ello supondría para los acusados “una exposición pública desproporcionada” dado el carácter “estigmatizador de la televisión”. El magistrado apuntó que si el único acusado hubiera sido el PP, la decisión hubiera sido diferente.
