El Ministerio del Interior oculta desde hace un mes a los sindicatos policiales y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil el contenido del informe que le encargó al Consejo de Estado para conocer el “grado de vinculación jurídica” del acuerdo de equiparación salarial que firmó el equipo del popular Juan Ignacio Zoido en marzo de 2018, pese a haber mantenido Fernando Grande-Marlaska y su equipo dos reuniones con los representantes de los agentes cuando ya disponía del documento. En esas citas, la cúpula de Interior pidió a sus interlocutores “lealtad” y que actuaran “de buena fe” mientras silenciaba que había realizado tan relevante consulta.
También el supremo órgano consultivo del Estado se ha negado a facilitar el documento, pese a las peticiones realizadas por este diario y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El argumento ofrecido a ambos solicitantes es que se trata de “una consulta y no de un dictamen”, pese a que este término se utiliza siete veces -una al reproducir el enunciado literal del escrito presentado por Interior y seis en el desarrollo de su argumentación- en las 41 páginas que ocupa.
El Independiente reproduce en exclusiva el contenido completo del informe (numerado como 184/2019), del que ya desveló sus conclusiones hace tres semanas. La principal es que el acuerdo que firmó Zoido el 12 de marzo de 2018 con cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) para recortar la brecha salarial con los Mossos d’Esquadra en tres años no es “ni jurídicamente exigible ni vinculante”.
En su consulta al Consejo de Estado, que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega, Interior mostraba abiertamente sus dudas por dos de las diez cláusulas que integran el pacto para la equiparación salarial. La primera detalla el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de contratar los servicios de una consultoría externa a fin de fijar “criterios objetivos de análisis” que garanticen si los 807 millones de euros prometidos para el trienio 2018-2020 garantizan el cumplimiento del objetivo de una manera “total y absoluta” o por el contrario hay que recalcular la cantidad, mientras que la octava expresa la voluntad de impulsar “las medidas legislativas que sean necesarias” para asegurar que la disfunción salarial que ahora trata de corregirse no vuelva a registrarse en el futuro.
Marlaska pidió “lealtad” a los representantes de los guardias civiles mientras les ocultaba que había recurrido al órgano consultivo
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska hizo la consulta el pasado 28 de febrero, dos días después de que su número dos -la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella- negara durante la reunión de la comisión de seguimiento de la equiparación salarial que hubieran recibido el trabajo de la consultora externa cuándo ésta -Ernst & Young Abogados SLP- lo había enviado por correo electrónico el día anterior.
La comisión permanente del Consejo de Estado emitió “por unanimidad” el dictamen el 21 de marzo y, según ha confirmado el órgano consultivo, Interior lo recibió cuatro días después. Ni en el pleno del Consejo de la Guardia Civil celebrado el pasado 27 de marzo hizo la menor referencia Grande-Marlaska a la consulta planteada pese a que la equiparación salarial fue el tema principal del orden del día ni tampoco Ana Botella aludió al informe cuando se reunió dos días después con los representantes de los sindicatos policiales tras requerirles estos una reunión a raíz de las informaciones publicadas por este periódico sobre las presiones que la Secretaría de Estado de Seguridad ha ejercido sobre los técnicos de Ernst & Young para que sus conclusiones se ciñan a los 807 millones de euros ya consignados.
La sorpresa de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil fue mayúscula cuando El Independientedesveló el pasado 4 de abril que Grande-Marlaska -cabeza de cartel de la lista del PSOE por Cádiz al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de este domingo- se había dirigido al Consejo de Estado para conocer si el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy le compromete o le permite ignorarlo sin consecuencia jurídica alguna.
El segundo tramo, abonado
De esta forma, cuando el pasado 27 de marzo comunicó a Ernst & Young que no daba por bueno el trabajo que le había encargado y que le daba otros 45 días hábiles para que lo rehiciera, Interior ya conocía las conclusiones el informe del Consejo de Estado. Si bien no es vinculante, el dictamen del órgano consultivo allana el camino para que el Ministerio del Interior pueda desentenderse del compromiso ‘heredado’.
De momento, acaba de abonar el segundo tramo de la equiparación, pero queda pendiente un tercer pago -previsto para 2020- y determinar si los 807 millones comprometidos por Zoido son suficientes para garantizar que policías nacionales y guardias civiles cobran lo mismo que mossos y ertzainas. También si el departamento que dirige Grande-Marlaska debe impulsar medidas legislativas para evitar que, en el futuro, esta brecha salarial vuelva a producirse.
¿Qué ha dictaminado el Consejo de Estado? De modo particular, el titular de Interior quería conocer hasta qué punto le compromete el resultado del informe que les presente la auditora externa. A este respecto, el Consejo de Estado considera que “en modo alguno cabe aceptar” que una empresa privada fije la “cifra exacta” en que se concrete la equiparación salarial. “(…) La Administración General del Estado, en aras de la buena fe negocial, debe valorar los resultados del estudio, ya que proceden de un contrato válidamente adjudicado. Y debe, una vez recibidos los estudios e informes, abonar el precio del contrato. Pero tras esta valoración de los resultados, y teniendo en cuenta también los criterios de los sindicatos de Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, la decisión final corresponde a quien tiene atribuida por ley la competencia. Por expresarlo de otro modo, esta cláusula carece de valor imperativo”, razona.
Interior guarda bajo llave el informe de la consultora que debe determinar si los 807 millones consignados son suficientes
Igualmente, el Consejo de Estado considera que no existe “obstáculo legal” para que se materialice el pago del segundo tramo en la forma en que se considere oportuna, si bien advierte de que el hecho de que el Gobierno o las Cortes asuman el compromiso de equiparación de los sueldos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los de las policías autonómicas “no determina que necesariamente deban hacerlo”. “No es exigible jurídicamente al Ministerio del Interior que ponga en marcha la subida retributiva prevista para el segundo tramo de la equiparación salarial, ya que ni se encuentra dentro de las competencia de este ministerio la potestad de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos, ni puede aprobar una norma con rango de ley con esta finalidad”, añade.
Tampoco considera “jurídicamente exigible” al departamento de Grande-Marlaska otro de los compromisos contenidos en el acuerdo rubricado por Zoido, detallado concretamente en la cláusula octava: el impulso de las acciones legislativas “necesarias” para evitar que la brecha salarial pueda repetirse en el futuro. “Estas medidas no están al alcance de las competencias y potestades del Ministerio”, apostilla.
Las explicaciones, después del 28-A
El próximo martes (30 de abril), los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil -Francisco Pardo Piqueras y Félix Azón, respectivamente- han convocado sendas reuniones extraordinarias de los consejos de ambos Cuerpos ante la exigencia de información planteada por los representantes de los agentes tras tener conocimiento de la consulta realizada por Interior al Consejo de Estado.
En el caso de la convocatoria de la Guardia Civil, ocupa el punto número uno del orden del día y dice literalmente: “Puesta en conocimiento y valoración del Consejo de la Guardia Civil de la situación y alcance del compromiso del Gobierno y el ministro del Interior en su nombre, de plena equiparación salarial de las retribuciones de los guardias civiles y policías nacionales con las retribuciones que perciben los Cuerpos de Policía autonómicos, con indicación de calendarización, cuantías y proceso normativo y presupuestario”.
Esta reunión se producirá semanas después de que una asociación profesional de la Guardia Civil (UniónGC) interpusiera una denuncia en los tribunales para que se investigue como presunto autor de un delito de prevaricación al director general del Cuerpo, Félix Azón, por recortar “de forma unilateral” el porcentaje de reparto del tramo de la equiparación salarial que se está abonando estos días a fin de que los policías nacionales reciban un 1,72 % más que en 2018.
Se trata de la segunda denuncia que guardias civiles interponen por la ejecución que el equipo que dirige Fernando Grande-Marlaska lleva a cabo del acuerdo firmado en marzo del pasado año para igualar las nóminas de guardias civiles y policías nacionales con las de los Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. La primera acción penal la ha liderado la AUGC y se presentó el pasado 3 de abril, recayendo en el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid.
FUENTE: ELINDEPENDIENTE
