ÁNGEL MONTIEL
Cuando el Mar Menor luce azul es porque López Miras lo ha salvado y cuando asoma la sopa verde y los peces mueren a millares, la responsabilidad es del Gobierno central. Es un relato infantil para votantes de biberón
El Gobierno regional miente. Miente su presidente, Fernando López Miras, a la defensiva. Miente su secretaria general de Censura y Propaganda, Mar Moreno, en su caso por oficio. Miente el presidente nacional del PP, Pablo Casado, por inducción. Y mienten consejeros como Luengo y Díez de Revenga porque, a falta de gestión y solvencia, les queda el lloriqueo: «Sabemos lo que hay que hacer para salvar el Mar Menor, pero el Gobierno central no nos deja». Pobrecillos. Qué lástima nos dan.
Durante toda la semana, una parte de la acción del Gobierno ha estado destinada a desmontar con patrañas el hecho cierto de que las competencias relativas a la protección del Mar Menor corresponden en su totalidad a su ámbito administrativo y político. Es decir, han estado intentando relativizar el artículo que escribí el pasado domingo («Que viene MarMenorMan») en el que demostraba con sencillez que el Estatuto de Autonomía atribuye todas, absolutamente todas, las competencias sobre la ordenación y protección del Mar Menor al Gobierno regional que preside López Miras.
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AGUA. Me voy a permitir reproducir de nuevo el texto estatutario: Artículo 10 Uno: «Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias». Apartado 7: «Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio, Aguas minerales y termales».
A esto replicaba la secretaria de Propaganda y Censura, Mar Moreno, con el siguiente tuit: «El Estatuto lo recoge, pero para poder ejercer esas competencias debe haber un decreto de traspaso. Esas competencias NO están traspasadas. Es básico».
Bien, invito a Mar Moreno a que consulte la propia web de la Comunidad Autónoma, la empresa de la que cobra su sueldo, en el apartado en que se relacionan las competencias de la dirección general del Agua, inserta en la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Si a estas horas no lo ha borrado, dice así, abro comillas: «La Dirección General del Agua asume las competencias y funciones en materia de obras hidráulicas, saneamiento y depuración, recursos hídricos, modernización y mejora de regadíos e infraestructuras hidráulicas, caminos rurales y las de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario».
¡Coño! con perdón. Diríase que ese texto reproduce con toda exactitud la letra y el espíritu del Artículo 10. Uno, Apartado 7 del Estatuto, y lo hace con más claridad, expresividad y detalle que la propia referencia estatutaria, como si el redactor hubiera querido apurar todavía más competencias de las expresadas en la ley orgánica. ¿O es que esto también es un brindis al sol, y la dirección general admite esas funciones como una aspiración virtual? En tal caso, ¿a qué se dedican en ese departamento?
AGUAS TERMALES Y MINERALES. Con esto sería suficiente, porque no habría más que decir, pero todavía queda espacio en esta página, de modo que me referiré otra vez al Apartado 7 del Artículo 10 Uno del Estatuto de Autonomía, en el punto y seguido final en que reza que son competencia de la Comunidad las «aguas minerales y termales». Resulta que en el dominio sede.carm.es, del propio Gobierno, aparece información para que el ciudadano que disponga en un territorio de su propiedad con aguas de esa naturaleza pueda tramitar los permisos para su explotación ante la Administración regional. ¿Cómo es esto? Del texto de un apartado del Estatuto, el Gobierno distingue, según los puntos y seguidos o los puntos y comas, qué competencias son suyas porque le parecen bien y qué otras habría que someter a un decreto de traspaso. O sea, el 10.Uno.7 se lo toman renglón a renglón, como Gila cuando le preguntaban si funcionaba el intermitente del coche: «Ahora sí, ahora no; ahora sí, ahora no…».
Mienten, sin que les importe hacer el ridículo ante quienes saben que mienten.
SENTENCIAS DEL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO. Más madera. Bastaría remitirse a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994, en la que se archiva el recurso de Federico Trillo y sus mariachis para intentar derogar la Ley del socialista Fuentes Zorita que pretendía proteger preventivamente las prácticas desmesuradas en el urbanismo y los regadíos para constatar con toda literalidad que la comunidad autónoma es soberana en la gestión del Mar Menor y en todo lo que afecte a su entorno. Está expreso en el articulado de la sentencia, de manera que mientras no haya otra, quien diga lo contrario se está saltando la interpretación legal de la Constitución. Mucho patriotismo de boquilla, pero poco constitucionalismo.
Por si esto fuera poco, hay otra sentencia, esta vez del Tribunal Supremo (octubre de 2004), en favor de una asociación de la Comunidad Valenciana que apelaba a que las «cuencas internas» (digamos riachuelos y ramblas que no tuvieran continuidad en otro territorio autonómico) eran competencia de la Generalidad. El Supremo resolvió que el Gobierno valenciano era competente en la regulación de las cuencas propias. Si esto es así en Castellón, Valencia y Alicante no se explica que tenga que ser diferente en Murcia.
Para más inri, la jurisprudencia de este país, según consultas a expertos, establece que «las competencias se adquieren en las comunidades autónomas en el mismo momento en que entra en vigor la ley orgánica». Lógico. ¿Se imagina usted recurriendo a una ley en defensa de sus intereses y que le diga su abogado que tal artículo no está operativo? La letra y el espíritu de la Constitución, de los Estatutos y de las leyes subsiguientes que desarrollan los marcos generales están vigentes desde que se proclaman; lo estupefaciente es aceptar que desde el propio Gobierno regional digan que los artículos del Estatuto, a estas alturas, décadas después de su proclamación, son letra muerta. Porque aunque sea mentira, aun si simuláramos que fuera verdad cabría preguntarse: ¿Qué han hecho ustedes en veinticinco años sin reclamar las competencias que les asigna el Estatuto acerca de la gestión del Mar Menor y de su entorno ecológico?
ENTE REGIONAL DEL AGUA. Pero ya digo que es mentira, porque además de todo lo anterior la Comunidad Autónoma, en otros tramos de gobernación, ha ejercido esas competencias que proclama el Estatuto. Por ejemplo, cuando el Gobierno Valcárcel creó el Ente Regional de Agua para burlar a la Confederación y gestionar desde ese nuevo organismo autonómico todo lo relativo a los recursos hídricos regionales. En el articulado constituyente de dicho Ente está expresa toda una batería de competencias propias del Gobierno regional que son las que ahora se pretende negar que le correspondan para intentar endosar la patata caliente del Mar Menor al Gobierno central. Eludo reproducir ese caudal de prosa administrativa para no machacar al ciudadano posvacacional, pero está en San Google para quien tenga curiosidad.
Las competencias, ya se ve, son de quita y pon. Cuando el Mar Menor luce azul es porque López Miras lo ha salvado (¿cómo podría hacerlo sin competencias?) y cuando asoma la sopa verde y los peces mueren a millares, la responsabilidad es del Gobierno central. Es un relato infantil para votantes de biberón
EL TOSTÓN DEL ALBUJÓN. Por cierto, la famosa Rambla del Albujón que cada día arroja al Mar Menor cantidades innúmeras de aguas nitrogenizadas y por donde esta semana fue paseado el líder del PP, Pablo Casado ¿pertenece a la Administración nacional o a la autonómica? Según la doctrina judicial acerca de las ‘cuencas internas’ tendría que estar bajo el control del Gobierno regional. De hecho, lo está, y basta recordar una actuación relativamente cercana.
Adela Martínez Cachá, que fue consejera de Agricultura y Agua en el Gobierno del antecesor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez, ordenó construir una tubería para extraer agua contaminada de esa rambla y conducirla a una desalobradora en Cabo de Palos propiedad de los regantes de esa zona a fin de que dispusieran de más recursos hídricos para sus cultivos. Dicha tubería está ahí, intacta, y ningún representante del Ejecutivo central (ministro o ministra, delegado del Gobierno, presidente de la Confederación) puso en su momento la más mínima pega. Se dirá: Martínez Cachá está imputada por esa operación. Falso. No por la operación en sí misma, sino porque prescindió de solicitar un informe de impacto ambiental para la realización de la obra de acuerdo a indicaciones de su entorno administrativo que consideraron que ese trámite no era necesario, aunque otros opinaron lo contrario. A los efectos, lo que resulta claro es que las contrariedades que sufre la exconsejera derivan de una cuestión procedimental, no del hecho de haber actuado en una rambla sobre la que no tuviera competencias. Las tenía, como las tiene en la actualidad el Gobierno regional, que podría intervenir por su cuenta en el Albujón construyendo tuberías a cascoporro para encauzar el agua hacia cualesquiera otras comunidades de regantes que dispongan de desalobradoras legales para depurarla y reutilizarla. Esa o cualquiera otra solución.
El tostón del Albujón tiene precedentes que, de nuevo, expresan que el Gobierno regional disponde de manos libres para actuar sin necesidad de lloriquear y victimizarse.
Nadie se puede dejar engañar. El Gobierno regional, sobre el Mar Menor, dispone de todas las competencias. Lo peor es que también dispone de todos los incompetentes.
