Mejor tarde que nunca, pensarán muchos. Tras calificar a Inés Arrimadas y a Albert Rivera de ‘crispadores’, ‘histriónicos’, ‘insensatos’ o ‘provocadores’, el Gobierno del PSOE ha acabado reconociendo los escraches, insultos, persecuciones y amenazas de muerte de los separatistas catalanes a los políticos y ciudadanos constitucionalistas en Cataluña a lo largo de los últimos años. Los años del procés.
Lo ha hecho en un informe de la Secretaría de Estado España Global, dirigida por Irene Lozano y dependiente del Ministerio de Exteriores, titulado La realidad sobre el proceso independentista. En el informe, de 63 páginas y dirigido a medios de comunicación extranjeros y diplomáticos europeos, se desmontan las principales mentiras de los líderes políticos y civiles del procés.
El informe, que puede leerse aquí y en el que se reconoce la huella de los argumentos que el ministro de Exteriores Josep Borrell desgrana de forma habitual en entrevistas y comparecencias frente a los medios extranjeros, pretende poner remedio al daño causado en la imagen de España en Europa por la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de refutar la narrativa separatista y se divide en cuatro apartados.
Las ‘fake news’ separatistas
En el primero de ellos, titulado ‘Evolución del procés‘, se repasa la cronología de los hechos, desde la Diada del 11 de septiembre de 2012 y el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014, hasta el golpe contra la democracia de septiembre y octubre de 2017 y las elecciones del 21 de diciembre de 2017 convocadas por Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución.
En el segundo de esos apartados, titulado ‘Juicio al procés‘, se describen los hechos de 2017 y su posible calificación penal, se listan las garantías judiciales de las que disfrutan las acusados, se explica en qué consiste la figura de la acusación popular en el sistema judicial español y se insiste en la independencia del Poder Judicial español respecto al Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Pero el más relevante de los apartados del informe es el tercero, titulado ‘La realidad en España y en la comunidad autónoma de Cataluña’. En él se responde con hechos a las 48 principales mentiras del separatismo, que el informe califica de ‘fake‘ y que incluyen afirmaciones como ‘España nos roba’, ‘España no permite votar la autodeterminación’, ‘En España no hay verdadera democracia’ o ‘Somos una nación’.
Luego, el informe dirigido por Irene Lozano describe el funcionamiento del Estado de las autonomías en España y el alto grado de autogobierno catalán. A renglón seguido, el informe desgrana el daño causado por el procés en Cataluña. O, con palabras del propio informe, el «precio» que la región ha pagado por él.
Una economía asustada
Y es en ese apartado donde la Secretaría de Estado habla de «una economía asustada», de las 5.350 empresas que han abandonado la región en los dos últimos años, del menor crecimiento económico catalán y de una «sociedad enfrentada». Una expresión que contradice el discurso oficial de Miquel Iceta, que siempre ha evitado el término ‘fractura social’ en favor del mucho más tibio término de ‘división’.
El informe habla luego del acoso a los políticos, y se centra en Inés Arrimadas y Albert Rivera, de Cs, y en Xavier García Albiol, del PP. Describe el acoso en las redes sociales, las amenazas de muerte e incluso el intento de asalto violento al Parlamento autonómico catalán el 1 de octubre de 2018.
Luego, el informe habla de la amenaza que el procés ha supuesto para la libertad de prensa y del acoso y de las dificultades que sufren muchos profesionales del periodismo para realizar su trabajo con normalidad en Cataluña.
El informe de la Secretaría de Estado España Global finaliza con un recordatorio de todos los organismos y medios que han clasificado a España como una de las democracias más avanzadas del mundo y con una sección de 23 preguntas frecuentes, como la de por qué no permite el Gobierno español que los catalanes voten su independencia, a las que se responde con los argumentos desgranados a lo largo del informe.
Los argumentos del Gobierno
En una de esas preguntas, probablemente la más relevante de todas ellas, se responde a por qué el Gobierno de España no organiza un referéndum sobre la independencia de Cataluña tal como el pactado por David Cameron en Escocia, «aunque sea sin reconocer el derecho a la autodeterminación».
Los cinco argumentos que da el Gobierno para negarse a ello son, resumidos, los siguientes:
1. El Gobierno cree que la independencia de Cataluña tendría consecuencias negativas para todos los ciudadanos españoles.
2. El Gobierno quiere evitar el perjuicio económico que supondría la inevitable salida de Cataluña de la Unión Europea.
3. El Gobierno cree que un referéndum de independencia dejaría a Cataluña dividida en dos durante mucho tiempo.
4. El Gobierno cree que la secesión de Cataluña es un paso en la dirección contraria al espíritu de la integración europea.
5. Al igual que en la gran mayoría de los países del mundo, el Gobierno no tiene la potestad de organizarlo sin una reforma constitucional.
