El pliego de condiciones para sacar a concurso el contrato de la televisión autonómica ha provocado el tercer desencuentro entre el PP y Ciudadanos en seno del Gobierno regional en menos de tres meses.
Las reservas de la formación naranja ante las condiciones que pretende imponer el presidente regional, Fernando López Miras, en la nueva concesión del canal autonómico han obligado al consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, a aplazar la aprobación del concurso, que estaba incluido en el orden del día del Consejo de Gobierno celebrado este jueves.
Las primeras discrepancias entre PP y Cs se percibieron en diciembre, cuando el Grupo Parlamentario de Ciudadanos obligó a tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas de protección al Mar Menor en vez de convalidarlo de forma urgente, como pretendía López Miras.
Este cambio de criterio impidió al presidente imponer sus propuestas tal y como pretendía, sin que llegaran a debatirse en el pleno de la Asamblea Regional y sin que los demás partidos tuvieran la oportunidad de presentar sus propias aportaciones.
El contrato de la televisión autonómica ha provocado ahora nuevas divergencias entre López Miras y la vicepresidenta, Isabel Franco. Después de haber sido incluido el pliego de condiciones en el orden del día del Consejo de Gobierno de este jueves, Isabel Franco pidió al consejero de Presidencia y Hacienda que lo dejara pendiente con el fin de estudiar más en profundidad las condiciones establecidas para la nueva concesionaria.
Durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Ejecutivo, Javier Celdrán reconoció que la aprobación de las condiciones del concurso ha quedado pendiente, aunque no dio detalles sobre los motivos del aplazamiento.
El Ejecutivo regional tiene en marcha desde hace meses una operación destinada a prorrogar durante nueve meses el contrato de la actual concesionaria, la compañía Secuoya, a pesar de que lo impiden las propias condiciones del contrato vigente, ya que está a punto de agotarse el plazo adicional de dos años establecido en 2014.
La concesión vence el próximo 30 de abril y, si no se aprobara la prórroga, la televisión regional iría ‘a negro’, lo que significa que dejaría de emitir a partir del 1 de mayo.
Pese a la dudas sobre la legalidad de este procedimiento, el Gobierno trata de aprovechar en su favor la inquietud que despierta en todo el sector audiovisual y, especialmente, entre las productoras y los trabajadores de estas empresas para dar nueve meses más de cuello a Secuoya. Existe la posibilidad de que alguien diga que la televisión autonómica no es un servicio público equiparable al abastecimiento de agua potable y opte por recurrir, pero sería a costa de ganarse enemigos.
El engranaje legal diseñado por el PP le permitiría a López Miras seguir contando con los servicios de la actual concesionaria hasta final de año. Por eso ha ido apurando al máximo los plazos para convocar el concurso in extremis y ha llevado el pliego de condiciones al Consejo de Gobierno apenas un mes y medio antes de que expire la concesión.
De esta forma, el presidente no solo tendría asegurada la tranquilidad durante todo lo que queda de año, sino que puede aducir la premura de tiempo para no haber dado a su socio de gobierno la posibilidad de conocer el trasfondo real del pliego de condiciones que ha elaborado por su cuenta y riesgo.
Fuente: La Opinión
