La Policía Nacional detuvo este miércoles en Barcelona a tres de las cuatro personas que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue arrestado en Alemania el pasado domingo. A mediodía detenía a Xavier Goicoechea Fernández y a Carlos de Pedro López, los dos mossos que se turnaban para conducir el vehículo en el que viajaba el expresidente de la Generalitat rumbo a Bruselas. Por la tarde, al historiador y profesor universitario Josep Lluís Alay Rodríguez. Horas después de haber prestado declaración, los tres quedaron en libertad, acusados de encubrimiento, un delito que está penado con hasta tres años de prisión. Los arrestos fueron realizados por la Brigada Provincial de Información de Barcelona en el marco de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
De Pedro fue detenido a las 12.45 en el aeropuerto de El Prat, donde acaba de aterrizar en un vuelo procedente de Bruselas. Goicoechea fue detenido un cuarto de hora después en las inmediaciones de su domicilio, en Vilassar de Mar, a 24 kilómetros de la capital catalana. Alay fue arrestado a las 19.20 en Barcelona, donde llegó la noche del martes. La policía abrió la investigación contra ellos y el cuarto acompañante, el empresario Josep Maria Matamala, tras conocer que todos viajaban con Puigdemont.
Goicoechea está destinado en el departamento de escoltas de los Mossos, mientras que su compañero hace labores de seguridad ciudadana, según fuentes policiales. Ambos disfrutaban de días libres para asuntos personales cuando fueron localizados junto al expresidente. Alay es profesor en la Universidad de Barcelona, además de comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Había acompañado al expresident a Finlandia, como también había hecho en enero cuando se desplazó a Copenhague (Dinamarca).
La Policía Nacional envió el martes a la Fiscalía un informe en el que apuntaba que los cuatro acompañantes podían haber incurrido en alguna conducta delictiva al considerar que habían ayudado al expresidente de la Generalitat a sustraerse de la acción de la Justicia. Cuando fueron interceptados junto al expresidente ya era público que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había dictado dos días antes una orden europea de detención contra el político.
Los mossos fueron los encargados de conducir desde la localidad belga de Waterloo hasta Suecia el vehículo que el político utilizaba habitualmente en sus desplazamientos en Bélgica. Este trayecto de ida fue el que aprovechó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para poner bajo control el coche y, de este modo, conocer cuál iba a ser el recorrido que el político catalán pretendía seguir para retornar a Bélgica. En su primera comunicación a las autoridades españolas, Berlín ya detalló que el político iba acompañado de cuatro personas, aunque entonces no detalló sus identidades.
FUENTE: ELPAIS
El juez acusa a la actual cúpula de los mossos de delitos gravísimos de sedición
El Juzgado de Instrucción 3 de Cornellá, que instruye la causa sobre el buti2, dice lo siguiente:
-que existen indicios de un delito de sedición contra ocho mandos de la cúpula de los Mossos d’Esquadra
-que los presuntos delincuentes son:
-mozo 1899, Trapero, ya investigado por la Audiencia Nacional y todavía con el cargo de “major”
-mozo 1788, Ferran López Navarro, madrileño, actual jefe del cuerpo y portamaletas de Trapero
-mozo 1324 Joan Carles Molinero, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central i número 3 de Trapero
– mozo 1377 Emili Quevedo Malo, cap de la Comissaria General de Planificació de la Seguretat
– mozo 12810 Francisco Javier (Xavier per trepar als mossos) Gámez Martín, granadino, lealísimo ex alférez de la Guardia Civil, comissari de la Prefectura de la Policia y condecorado por el Ministro Zoido el pasado 3 de octubre por su “alto sentido del patriotismo”
-mozo 11936 Antoni Verger Sans, intendent de la comissaria Superior de Coordinació Central,
-mozo 1474 Amadeu Domingo Boyer , intendent cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat
– sra María Paz Martí González, cap del servei d’Assessorament jurídic de la Direcció General de la Policia
-que cometieron un delito de sedición al perseguir la incapacidad e inacción de las “pautas de actuación” de obligatorio cumplimiento, con el fin de permitir la celebración del referéndum de secesión
-que estos hechos cometidos por la Jefatura de Mossos tenían la “intención de atacar directamente la forma de gobierno de la Nación“
-que el dispositivo diseñado por la Jefatura de los Mossos d’Esquadra para el 1-O “se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden” del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum y se elaboró a sabiendas que iba a naufragar
-que camuflaron estas intenciones “bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad, paz social y convivencia e invadiendo así las funciones del Poder Judicial“, puesto que a la Policía Judicial solo le corresponde cumplir las órdenes y no valorar las mismas. Que los mossos “no son jueces ni intérpretes de jueces, sino cumplidores de las órdenes de los jueces, sin que puedan arrogarse la potestad de decidir cuál es el mal mayor a evitar, como se pretendió realizar por la policía”
-que no existe explicación lógica a que ese día se permitieran vacaciones y fiestas a un número importante de unidades antidisturbios y que ni siquiera usaran las que estaban de servicio: “Es inexplicable que se llamara al servicio a la mitad del cuerpo, unos 7.500 efectivos, cuando consta de 17.000″ y en unas elecciones trabajan 12.000.
-que es cuestionable que solo se enviara una patrulla de dos agentes por colegio “cuando era notorio y conocido que se agolparían cientos de votantes”
– que los centros de coordinación regionales y central omitieron continuadamente el envío de ayuda.
-que es incomprensible que no adelantaran su actuación cerrando los centros de votación hasta 36 horas antes para evitar “el más que seguro incumplimiento de la resolución judicial”, ya que a su juicio, actuando antes, se hubiera preservado la paz social.
-que los 8 mandos tuvieron una “intención torticera” en el plan diseñado por la cúpula de Mossos para el buti2
Demoledor. I encara ho és més que els acusats de delictes tan greus continuin al front de la policía de la Gene.
Sorajoy, ¿movemos las sillas? ¿Depuramos los mozos de una vez? ¿Los cerramos?
Dolça i deliquent Catalunya…
FUENTE: DOLCACATALUNYA