La acusación popular ADADE ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito, al que ha tenido acceso El Plural, para solicitar que la investigación sobre la senadora Pilar Barreiro -que ha abandonado el PP y se ha pasado al Grupo Mixto para facilitar la aprobación de los Presupuestos- no sea sobreseída. ADADE pone de ejemplo el caso del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, sobre quien se ha abierto ya el juicio oral por idénticas acusaciones a las que pesan sobre Barreiro, exalcaldesa de Cartagena.
La situación de Barreiro, imputada en el Tribunal Supremo por el caso Púnica, había bloqueado hasta ahora el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Hace dos semanas, la Fiscalía pedía que sobreseyera la causa, allanando el camino de las cuentas públicas, aunque no ha sido hasta que la senadora se ha pasado al Grupo Mixto que no se ha desbloqueado la negociación.
Ante la perspectiva de que el Tribunal Supremo aproveche el escrito de la Fiscalía para archivar la causa, ADADE ha presentado un escrito donde pide que no se sobresea la investigación con el argumento de peso de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto ya el juicio oral contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez con acusaciones idénticas a las que pesan sobre Barreiro.
A ambos se les atribuye la “contratación de servicios de mejora de la reputación tanto para Pedro Antonio como para la investigada Pilar Barreiro, con cargos a fondos de la Consejería de Educación de la Región de Murcia”.
Además, ADADE recuerda que la exalcaldesa de Cartagena tenía una “estrecha relación” con el conseguidor de la trama Púnica, José Antonio Alonso Conesa, algo que es “un hecho notorio en Cartagena”. “Ambos lo han reconocido públicamente”, alega la acusación popular, y “se da la circunstancia, que en el momento de su detención Don José Antonio Alonso Conesa, portaba la tarjeta de crédito del Congreso de los Diputados de Dª Pilar Barreiro, documento personal e intransferible, y el que el investigado la tuviese en su poder es un claro indicio de una relación de confianza entre ambos”.
FUENTE: ELPLURAL
La acusación pone en duda la actuación de la Fiscalía al solicitar el archivo de la senadora Barreiro
El movimiento de la Fiscalía de solicitar el archivo de la causa respecto de la que fuera senadora del PP Pilar Barreiro -investigada en el ‘caso Púnica’ en el Tribunal Supremo al ser aforada- ha sido vista con cierto recelo desde algunos sectores. La propia acusación popular, representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) se ha opuesto a esta pretensión, poniendo en duda los argumentos planteados por el Ministerio Público.
Barreiro, el alcaldesa de Cartagena (Murcia) saltó en la causa de corrupción en torno al PP, conocida como ‘caso Púnica’, tras detectar que habría contratado los servicios del empresario Alejandro de Pedro para que le hiciera labores de ‘reputación on line’ para limpiar su imagen en internet camuflando los pagos a través de contratos por publicidad desde la Consejería de Educación de Murcia.
Tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco vieron indicios de que tanto Barreiro como Pedro Antonio Sánchez -después elegido presidente de Murcia- contrataron los servicios de De Pedro para limpiar su imagen personal con fondos públicos.
El juez se tuvo que inhibir a los tribunales correspondientes respecto de ambos dirigentes ‘populares’ al estar aforados. En el caso de Sánchez, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), cuyo instructor vio suficientes indicios para sentarle en el banquillo de los acusados. Justo en el momento de solicitar a las partes sus escritos de conclusiones, Sánchez dimitió de todos sus argos públicos y el magistrado encargado del asunto tuvo que devolver la causa a la Audiencia Nacional al haber perdido Sánchez el aforamiento.
La Fiscalía da por válida la versión de Barreiro
Sin embargo, en el caso de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha estimado que no hay indicios que acrediten mínimamente que Barreiro utilizara fondos públicos para pagar esos trabajos. Da por válida su propia declaración en sede judicial y la del presidente del PP de Cartagena de entonces, Francisco Celdrán. quien confirmó que esos trabajos iban a pagarse con dinero del partido.
En el caso de Barreiro, su imputación y futuro judicial había marcado la agenda política una vez que desde Ciudadanos se había puesto como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado que la senadora fuera cesada. Es más, la semana pasada, Barreiro abandonó el Grupo Parlamentario Popular para incorporarse al Grupo Mixto y no perjudicar así a su partido.
La senadora, “papel fundamental” de la malversación
Con su escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, la acusación pretende que la magistrada del Tribunal Supremo encargada del caso se oponga a archivarlo, “máxime cuando la investigada queda acreditado que tiene un papel fundamental en los hechos y además es la beneficiaria directa de los bienes públicos malversados, gracias a la mejora en su reputación”.
ADADE recuerda que tanto Pedro Antonio Sánchez como Barreiro “se les atribuye participación en los mismos hechos, referidos a la contratación de servicios de mejora de la reputación tanto para Pedro Antonio como para la investigada Pilar Barreiro, con cargo a fondos de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, de la que Pedro Antonio era el titular en el momento de producirse los hechos, y por intermediación de la investigada Pilar Barreiro, lo que es fácilmente comprobable de la lectura de ambas exposiciones razonadas”.
Para la acusación, la Fiscalía ha dado por buena la versión ofrecida por la senadora cuando al ser investigada “le asiste el derecho de no decir la verdad, con lo que su declaración, por muy bien estructurada y preparada que se encuentre, difícilmente puede desvirtuar todos los indicios acumulados”.
”Las irregularidades en el contrato, han sido ampliamente documentadas, no existe justificación de la necesidad del servicio y el personal eventual no está facultado para autorizar el gasto. Y en cualquier caso, el que todos los expedientes se hiciesen mal en ese Ayuntamiento (Cartagena), no afecta en nada a que la actividad aquí enjuiciada, esté igualmente mal hecha, y además tenga clara relevancia penal, mas allá de demostrar la falta de respeto a la legalidad vigente, en el desarrollo de la actividad de ese Ayuntamiento, bajo los mandatos de la ahora investigada Barreiro y de su equipo de confianza”, añaden los letrados de la acusación.
