A pesar de la recuperación, la brecha entre capital disponible y endeudamiento sigue creciendo y ya acumula números rojos por más de 920.000 millones
El agujero financiero del Estado y de las autonomías se agrandó en otros 10.000 millones de euros el año pasado, y sigue yendo a más. La diferencia entre el capital disponible y las deudas acumuladas arroja unos números rojos de más de 920.000 millones de euros, según los datos certificados por el Banco de España. Dicho de otra forma: si las administraciones central y autonómica tuvieran que saldar sus préstamos con el dinero del que disponen, entre las dos les faltaría casi un billón de euros.
Durante los años de la crisis, ese agujero financiero aumentó al galope. Superada la crisis, sigue creciendo; a menor ritmo, pero sigue engordando. La recuperación económica y los mayores rendimientos tributarios que genera la actividad productiva no han conseguido -al menos todavía- que el Estado y las autonomías entren en la senda del saneamiento financiero. Ni siquiera del equilibrio. Así que, prácticamente mes a mes, ven adelgazar sus reservas de dinero -activos- y ven crecer sus deudas, los pasivos.
Según los últimos datos certificados por el Banco de España, las autonomías son las que más empeoraron sus cuentas durante el último ejercicio. En 2017, las administraciones autonómicas agrandaron su agujero financiero un 1,32%, mientras que la Administración central lo empeoró un 1%. Nada que ver con lo que vienen haciendo los ayuntamientos y las corporaciones locales en general -lo que incluye a las diputaciones-. Como informó ABC, las entidades locales se han anotado un ahorro neto de más de 32.000 millones de euros en los últimos seis años, lo que les ha permitido recortar sustancialmente su endeudamiento y, al mismo tiempo, aumentar sus activos.
En el caso de las arcas estatal y autonómicas el ahorro neto sigue siendo un imposible, pese a que la economía lleva al alza desde 2014 y eso tiene un doble efecto positivo para las haciendas públicas: hay más ingresos por impuestos y se reduce el gasto ligado a prestaciones, subsidios e incentivos anticrisis.
El problema de raíz sigue siendo el mismo que se arrastra desde hace años, que ya afloró en los años del «boom», que se disparó durante la crisis y que, aunque en tasas más moderadas, se sigue produciendo en la actual etapa de crecimiento económico: las administraciones central y autonómicas gastan por encima de sus posibilidades. Sus costes estructurales sobrepasan con mucho los recursos disponibles, y eso genera un déficit recurrente. Eso les hace cargarse cada vez con más deuda pública. Y, en suma, genera -también de forma recurrente- un desahorro: las deudas crecen más que sus reservas de capital, de dinero -ya lo tengan en efectivo, en depósitos o en inversiones financieras-.
Las arcas estatales
Al acabar 2017, el capital en manos de la Administración central (activos financieros) alcanzó los 448.272 millones de euros, casi 30.000 millones más que un año antes. El dato hubiera sido excepcionalmente bueno, si no fuera porque, al mismo tiempo, sus deudas (pasivos financieros) crecieron en 36.000 millones de euros. Resultado final: el ahorro quedó dilapidado por la escalada del endeudamiento. Pese a la recuperación económica y a los mayores ingresos tributarios que genera la actividad productiva, las arcas de la Administración central se deterioraron otra vez en 2017 y sumaron un descuadre financiero -diferencia entre activos y pasivos- de otros 6.483 millones de euros.
Desde el año 2010, el agujero financiero del la Administración central se ha duplicado. El 31 de diciembre de aquel año ese agujero era de 326.201 millones de euros; el 31 de diciembre de 2017 fue de 651.559 millones. Y, al menos durante el primer trimestre del presente ejercicio -último dato disponible-, la situación, en vez de mejorar, ha seguido empeorando. Las arcas estatales -y las de la Seguridad Social– sintieron con crudeza los efectos de la crisis. Actuaron de primera línea del frente. Entre otras cosas, se vieron forzadas a movilizar grandes cantidades de dinero para acudir al rescate de las autonomías y de las entidades locales que se habían colocado ante el precipicio de la quiebra por los excesos del gasto público durante los años del «boom». Y todo ello mientras se hundía la recaudación y se disparaban los gastos por prestaciones derivadas del paro galopante que dejó la crisis.
El «roto» autonómico
Tras aquel delicado escenario al que tuvieron que hacer frente las arcas del Estado, su agujero financiero se ha ido conteniendo en los últimos años. La diferencia entre activos y pasivos sigue dando números rojos, pero de mucha menor envergadura que en los años de la crisis.
La evolución de las cuentas de la Administración del Estado está siendo considerablemente mejor que las de las autonomías. De hecho, el agregado autonómico sigue siendo el punto más débil de las finanzas públicas españolas. Baste un dato: desde 2014, desde que la economía entró en remontada, el agujero financiero de la Administración del Estado empeoró un 6,67%; sin embargo, el de las autonomías se agravó un 12,5%, lo que supone casi el doble.
En siete años, los gobiernos autonómicos han agrandado su agujero financiero un 116%: el 31 de diciembre de 2010, tenían un capital 126.201 millones de euros menor que las deudas que acumulaban; al acabar 2017, ese «roto» era de 272.500 millones de euros. Y no se vislumbra cuándo dejará de empeorar este indicador: el agujero financiero siguió creciendo en el primer trimestre de este 2018, según los últimos datos certificados por el Banco de España.
Con el paso de los años, las autonomías se cargaron con unos gastos estructurales excesivos en comparación con los ingresos, incluso en los años de bonanza. Por eso el endeudamiento autonómico creció también a gran velocidad en los años del «boom», cuando la recaudación nutría generosamente las arcas de las administraciones públicas españolas. Al calor de los años de bonanza, el gasto estructural de las autonomías creció todavía con más fuerza, y cuando la crisis cayó a plomo el desequilibrio quedó al desnudo, aunque no en todas por igual -todas incurrieron en el mismo nivel de excesos-.
Ahora, cada vez entra más dinero en las arcas de las autonomías, pero de nada sirve para sanear sus cuentas, porque el endeudamiento crece a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos. Es la consecuencia directa de seguir gastando muy por encima de las posibilidades reales. Durante 2017, el capital de las autonomías aumentó en 5.000 millones de euros en números redondos, una cifra excepcionalmente elevada. Sin embargo, al mismo tiempo se cargaron con casi 9.000 millones más en préstamos, consecuencia directa de ese déficit endémico en el que sigue instalado el sector público autonómico en su conjunto.
Desde que la economía española volvió a la senda del crecimiento, el agregado autonómico ha acumulado un agujero financiero de otros 30.350 millones. El «roto» fue de 17.583 millones de euros en 2015; de 9.219 millones en 2016, y de 3.548 millones este último año 2017.
FUENTE: ABC
