En mayo de 2011, Esperanza Aguirre logró la mayor victoria electoral de su carrera política. En las elecciones autonómicas, encadenó su tercera mayoría absoluta y disparó la representación del PP en la Asamblea de Madrid hasta los 72 escaños de 129 posibles. Aguirre batió al socialista Tomás Gómez en todas las comarcas y se convirtió, de paso, en el principal contrapeso a Mariano Rajoy en la formación conservadora. Esas plusmarcas iban acompañadas de otra que, de haberse tratado de una competición deportiva, habrían supuesto la descalificación de Aguirre. La entonces presidenta madrileña acudió a aquellos comicios –al igual que a los de 2007– fuertemente dopada desde el punto de vista económico. Un informe de la Guardia Civil señala que el PP regional gastó en aquellas elecciones 6,2 millones de euros, casi el doble de lo legalmente establecido.
De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de la caja b que manejaba en entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez y que se nutría de fondos aportados por el exconsejero Francisco Granados. El mismo informe, entregado al juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, señala que esta financiación excesiva –al menos 1,31 millones de euros- se camufló mediante facturas falseadas en las que se alteraba la fecha de realización de los trabajos, de modo que se asignaban a otros periodos ordinarios gastos que correspondían realmente a la campaña electoral.El nuevo documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil completa otro entregado al magistrado en febrero de 2017 sobre los gastos electorales del PP madrileño en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. Al igual que el informe anterior, otorga a Beltrán Gutiérrez la responsabilidad por las artimañas para que el partido partiera en una posición de superioridad económica en los comicios. Sin embargo, en este caso el método de trabajo es distinto.
Los investigadores han detectado que los archivos intervenidos a Gutiérrez en el registro de su despacho sobre las elecciones de 2011 son “menos prolíficos” que los referidos a las convocatorias anteriores, y lo atribuyen al hecho de que el estallido del caso Gürtel, en febrero de 2009, llevó a los responsables del partido a establecer “medidas de seguridad” para “disminuir la constancia documental de los métodos de financiación”. Esto es, a destruir posibles pruebas.
La UCO ha reconstruido el recorrido del dinero no ya con los archivos de Beltrán Gutiérrez, sino a partir de la documentación intervenida a las empresas que prestaron servicios al PP para las elecciones de aquellos años. Esos archivos, “de gran importancia”, según los agentes han permitido establecer que el partido de Aguirre gastó 6,2 millones de euros en las autonómicas de 2011 cuando el máximo que permitía la ley era de 3,23 millones –cifra resultante de multiplicar por 0,50 euros el número de habitantes de derecho de la Comunidad de Madrid en aquel año-. La cantidad presupuestada, gracias al entramado de facturas falsas y dinero negro, duplica ampliamente a la declarada a la Cámara de Cuentas, que fue de 2,98 millones.
El informe policial señala que al menos 109.827 euros de una subvención concedida a la fundación Fundescam, vinculada al PP, fueron desviados para gastos electorales como encuestas y sondeos. Los investigadores subrayan el papel de la empresa El Laboratorio de Almagro, que supuestamente giró facturas falseadas por valor de 1,16 millones de euros y creó un sistema de facturas entre sociedades para ahorrarse impuestos. También destacan la actuación del empresario Ricardo Vázquez, que supuestamente emitió una factura irregular de 44.595 euros.
Los mecanismos de financiación irregular del PP madrileño durante la campaña electoral de hace ocho años quedaron consignados en un documento de Beltrán Gutiérrez. El entonces gerente consignó con la letra “a” el dinero abonado desde la cuenta corriente creada para el periodo de campaña, como exige la ley de financiación de partidos. Con la “f” figuran los importes procedentes de Fundescam. Con la “c”, fondos de la caja b del PP que controlaba Gutiérrez y que nutría Granados. Con la “p” se designaban importes abonados con cargo a la cuenta corriente de funcionamiento ordinario del PP madrileño, algo vetado por la ley. Finalmente con la “m” se señalaban los importes desviados desde la cuenta de las elecciones municipales.
