La reacción soberanista al anuncio del Gobierno español de estudiar si incluye la‘casilla del castellano’ en los impresos de matriculación no se ha hecho esperar. El independentismo ha protagonizado un cierre de filas ante un tema que siempre se ha considerado crucial: la enseñanza. Ahora vuelve la tradicional sospecha del adoctrinamiento de los niños en los colegios catalanes. ¿Existe o no el adoctrinamiento?
Respecto a lo que se enseña en las escuelas, lo cierto es que los libros de texto llegan hasta el extremo de preguntar sobre los actos organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y por Òmnium Cultural, las dos entidades independentistas. Uno de los textos de historia que se enseñan en los colegios catalanes explica que el 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, conmemora la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V. «Cataluña, que había sido hasta aquel momento una nación soberana, perdió las libertades nacionales, las leyes propias del país y padeció la prohibición de la lengua y la cultura catalanas». Lo cierto es que Cataluña nunca había sido una «nación soberana», como dice el libro de texto. A continuación, explica que el himno de ‘Els Segadors’ es una llamada firme «a la defensa de la tierra y en favor de la supervivencia de un pueblo que proclama su realidad nacional”.
En un examen de principios de otoño del año 2017, entre las actividades que se proponen al alumno, figuran dos preguntas de marcado cariz político: “¿Recuerdas qué acto se hizo el año pasado, a nivel de país, para conmemorar el 11 de septiembre?”, es la primera. “¿Y este año?”, es la segunda. La respuesta correcta es la manifestación o concentración promovida por la ANC y Òmnium Cultural. En la segunda respuesta, el alumno debía contestar: “Una cruz. Había más de un millón de personas”. Se refiere a la concentración en forma de cruz convocada por las entidades soberanistas. Lo curioso del caso es que este cuestionario fue el primer ejercicio… de la clase de Música de quinto de primaria en un colegio de Cassà de la Selva.
Esta misma semana, en el carnaval de un centro de Vilablareix (Girona), los niños se disfrazaban con pañuelos amarillos y de papeletas del 1-O. En un discurso carnavalesco leído por un niño, el mensaje no puede ser más impactante: “El Estado no sirve para presidir. Ni tampoco para investir. A la Soraya la nombran presidenta y Puigdemont no lo acepta. Rajoy convoca elecciones y García Albiol saca cuatro escaños. El independentismo gana (…) Dicen que adoctrinamos y que castellano no hablamos, pero esto no es verdad, porque aprendemos todas las lenguas». Y continuaba: «El Rey de España saluda el día de Navidad, en un discurso que siempre acaba y comienza igual…»
Lo cierto es que las escuelas catalanas se han convertido en una trinchera más de la guerra ideológica abierta en esta comunidad en los últimos años. Son la inquietante plasmación de que la brecha social avanza peligrosamente creando “buenos” y “malos” catalanes.
El año pasado, la consejera de Educación, Clara Ponsatí (actualmente en Bélgica), abrió expediente al inspector Jordi Cantallops porque este funcionario había denunciado, en uno de sus informes, que en las escuelas catalanas se adoctrinaba a los niños. En noviembre, tras la aplicación del artículo 155, el ministro Íñigo Méndez de Vigo cerró ese expediente. Pero lo cierto es que ya entonces había denuncias de padres quejándose de la situación.
Instrumentalización
La situación se tensó más en las fechas del referéndum: la inmensa mayoría de los colegios se sumaron al mismo y se explicó a los niños la situación desde el punto de vista independentista. En el colegio Angeleta Ferrer, de Sant Cugat, un letrero colgado en la puerta de entrada rezaba: “Spain, the shame of Europe” (España, la vergüenza de Europa). En el colegio Ramón Llull de Barcelona, se colgó otro letrero impactante: “España es aquel maltratador que te pega porque te quiere”. Una carta del colegio Can Puig, de Banyoles, a los padres, explicaba que “debido a los hechos que se han producido últimamente en nuestro país, los sindicatos mayoritarios de Cataluña, incluidos los de Enseñanza, así como un gran abanico de asociaciones y organizaciones han convocado un paro general que ha de durar todo el día”. La misiva avisaba a los padres que no debían llevar a sus hijos al colegio porque no habría clase ni servicio de comedor ni ninguna actividad extraescolar. Ese mismo día, el IES Ramon Casas, de Palau Solità i Plegamans envió otra misiva similar.
El rectorado de la Universidad Autónoma fue más duro: convocaba a la huelga “como muestra de rechazo y de condena a la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado contra la ciudadanía durante la jornada del 1 de octubre”. Avisaba, también, de que en la universidad no habría actividad académica ni administrativa. Y añadía: «Por todo esto, con el acuerdo de las direcciones de los centros docentes, la UAB se suma al paro de país previsto para mañana día 3 de octubre». Y hubo también algo inaudito: un escrito firmado por todos los sindicatos avisaba de que esa jornada “se suspenden las actividades laborales y académicas para facilitar la asistencia a las convocatorias de movilización. El equipo [de la UAB] se ha comprometido a que las personas trabajadores podrán ausentarse de su puesto de trabajo sin perjuicio de su salario y no se hará ningún tipo de retención por huelga”.
Y no solo eso: una comunicación de la dirección de un instituto barcelonés detalla que el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) les hizo llegar «un comunicado, después de haber dado al alumnado la información por escrito, en el que el paro general, a diferencia de una convocatoria de huelga, no prevé servicios mínimos”. En otras palabras: el organismo oficial que depende de la Administración es el que convoca el paro general del 3 de octubre, una acción meramente política que acabó con una participación sensiblemente más baja de la esperada. La decisión de no descontar el día de huelga de los salarios y de no establecer servicios mínimos, sin embargo, desprende un inconfundible aroma de instrumentalización.
Incitación al odio
En septiembre pasado, un padre del colegio Ramón Llull, de Barcelona, se quejaba de una nota de apoyo del centro al referéndum e interpuso denuncia por alentar a los niños a apoyar el referéndum ilegal del 1 de octubre. «Esta manera de actuar es un adoctrinamiento de los niños en el colegio y además un menosprecio a las instituciones que velan por la legalidad y el estado de derecho», explica la denuncia. Además, considera que no sólo se llama a la desobediencia a las leyes españolas, sino que también tiene connotaciones de incitación al odio.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, presentó, en septiembre pasado, un escrito ante la Fiscalía de Menores denunciando la “instrumentalización” de niños. La denuncia detallaba que se utilizó a los niños para mantenerlos en los centros bajo la excusa de realizar «actividades para los alumnos y sus familias» pero con el verdadero objetivo de mantener abiertas las escuelas como colegios electorales.
Tras el referéndum, la situación se agravó: en el instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca, donde van hijos de guardias civiles (en esta localidad se encuentra el cuartel), hubo problemas porque los profesores criticaron con dureza a los guardias civiles. Hubo lloros de niños y una situación tensa, hasta el punto de que algunos de ellos llamaron a sus padres para que los pasasen a buscar. Desde la dirección del colegio, echaron la culpa a «dos o tres profesores».
En La Seu d’Urgell se siguen procedimientos judiciales por el trato de los menores. Un auto de un juez de esa población investiga aún la denuncia de un alumno que «habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil, y ser este hecho conocido por el resto de alumnos y profesores». Un total de 8 profesores de tres colegios pasaron ya por los juzgados para prestar declaración tras las denuncias de varias familias. Normal: decían a los pequeños de 9 años que «la Guardia Civil es mala y pega a la gente». El mundo docente se volcó en crear una plataforma de ayuda a los profesores y una comisión de apoyo fue incluso recibida por el alcalde de La Seu, el independentista Albert Batalla.
Los Maristas se sumaron a la protesta política «por la violencia que se vivió en la jornada del 1 de octubre”. Esta congregación aseguraba que sus escuelas “fueron víctimas de una violencia intolerable. Se vivió con miedo y angustia una jornada que los ciudadanos de nuestro país habrían querido que fuese una expresión de libertad y de democracia”. El escrito (que luego fue firmado también por la Escola Pía, La Salle, la Fundación Vedruna, la Fundación Educativa Corazón de María, por las Dominicas Anunciata Pare Coll y por la Escola Vicenciana) terminaba dando el apoyo de estos colegios «a todas las personas que sufrieron actos de violencia, tanto física como moral» y su «apoyo a las instituciones el país».
Llamamientos a la protesta
A mediados de noviembre, tras el encarcelamiento de ‘los Jordis’, un anuncio en otro colegio barcelonés detallaba que «los profesores que quieran manifestar su rechazo a la detención de personas por motivos políticos, nos encontraremos en la puerta principal a las 12. Los que tengan clase, bajaremos con nuestros alumnos al patio de los campos de fútbol (el interior) y permanecerán allí durante 15 minutos con un par de profesores de guardia (serán profesores que quieran participar en el paro). El resto de profesores se concentrarán afuera durante quince minutos. Pasado este tiempo, volverán todos al aula. Los profesores que no quieran participar, harán clase normal».
El decano de la Universidad de Girona, Albert Ruda-González, también llegó a enviar un mensaje a los alumnos que decía: “Para protestar contra el encarcelamiento de los presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sànchez, os convoco hoy a las 12 horas ante la entrada de la Facultad de Derecho”.
La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, denunció adoctrinamiento en las aulas y se ansiaron querellas en su contra. La dirigente política se mantuvo en sus trece en que a los alumnos de quinto de Primaria de la escuela Montserrat se les hizo expresar quién había ido a votar o no el 1 de octubre y quién había asistido a la manifestación de SCC del 8 de octubre. Luego, se les recriminó que no votasen y se les convocó a “un minuto de silencio en honor de las 900 heridos por la Policía el 1 de octubre”. Ante el alud de protestas, el centro envió una carta explicando que se convocó un minuto de silencio “en nombre de la paz sin ningún ánimo de ofender ni herir ninguna sensibilidad” y desmintiendo “las afirmaciones que se han divulgado sobre actuaciones de algún docente pudiendo a los alumnos información sobre las opiniones de sus padres”. En realidad, no había sido así: sólo se les hizo una pregunta y se les señaló con el dedo.
Un profesor, Eduardo González Palomar, ha recogido en un álbum más de 1.300 fotos que, a su parecer, “reflejan el adoctrinamiento en las escuelas”. En ellas se recogen desde pintadas a favor de Terra Lliure hasta esteladas en los patios u ondeando en los tejados, carteles de entidades políticas o independentistas en recintos escolares, amenazas a políticos antiindependentistas, letreros y murales separatistas o incluso pancartas de la ANC y de Junts pel Sí. Parafraseando a Lluís Llach: ‘No és això, companys, no és això’.
