El PP de Madrid pagó en negro «y de manera encubierta» a proveedores de los actos de la campaña electoral de 2011. Esta es la conclusión que extrae la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe sobre la trama Púnica aportado a la Audiencia Nacional hace dos días. En él, los investigadores desvelan detalles del uso de la caja B de los populares en Madrid, que llegó a acumular, durante ese año, hasta 1,5 millones de euros, que acreditan el manejo de fondos de procedencia oculta para abonar facturas por los servicios prestados.
El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, se centra en una de las empresas proveedoras, El Laboratorio de Almagro, del empresario Marcelino Elosúa. Apunta que este recibió 200.000 euros en efectivo como abono por los servicios prestados. Elosúa y su mujer fueron sorprendidos con esa cantidad«tan solo unos meses después de la celebración de los comicios electorales», asegura.
El dinero, que sacaron de cuentas en Suiza y con el que intentaban entrar en España, «tiene procedencia desconocida» y les fue incautado en la frontera con Francia. Los aduaneros descubrieron debajo del asiento tres paquetes que contenían esa cantidad en billetes de 50, 100, 200 y 500 euros. La UCO asegura que el dinero procedía del PP y destaca que tiene acreditado a través de distintas pruebas «pagos encubiertos de gastos electorales a proveedores utilizando dinero en efectivo». Tras rastrear el origen del dinero, concluye que procedía de dos cuentas corrientes abiertas en un banco suizo por una sociedad con sede en Panamá, según la documentación aportada por la defensa de Elosúa, quien asegura que esta empresa ‘offshore’, activa entre los años 2005 y 2012, era propiedad de la familia.
«En la constitución de la misma habrían podido intervenir un grupo de personas dedicadas a la constitución de miles de sociedades mercantiles en Panamá que tienen como finalidad y negocio la ‘testaferría’ internacional, al objeto de crear opacidad en el manejo de fondos de procedencia desconocida y enmascarar a los verdaderos titulares de cuentas corrientes en el extranjero», dice el escrito.
Las relaciones mercantiles de empresas vinculadas con el Laboratorio de Almagro en 2011 alcanzaron un importe total de 897.812,82 euros. Un año después, dice la UCO, la facturación «es de cero euros». El importe total declarado como gastos electorales de esas mismas empresas con el PP ascendió solo a 217.074,32 euros.
La Guardia Civil asegura que uno de los documentos incautados, la contabilidad «día a día» del gerente Beltrán Gutiérrez, incluye apuntes que concuerdan con la existencia de la caja B del PP. Según el informe, en ella, el partido llegó a disponer de 1.546.000 euros para sufragar gastos de la campaña de aquel año.
La operativa
La UCO considera «indubitado» que El Laboratorio de Almagro elaboró facturas falsas o bien fraccionó en dos pagos abonos relacionados con la campaña. «Abonaban uno de ellos justo días antes de la convocatoria electoral y el segundo ya durante el periodo de convocatoria cuando el objeto y la finalidad del gasto era el mismo». La operativa resulta ya familiar, y se ha detectado en otras tramas de corrupción que implican a cargos del PP como la Gürtel.
Además de recibir cantidades en efectivo, la compañía fue premiada con la ejecución de un contrato público de la Comunidad de Madrid, durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta. Fue adjudicado el 2 de marzo de 2011 a la empresa Thinking Forward Spain por 190.000 euros y fue licitado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. El objeto del contrato no deja de ser curioso: informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que obtienen por cumplir con sus obligaciones tributarias.
El instructor de la causa imputa a Elosúa la «producción, facturación y ejecución de actos de campaña del Partido Popular en las elecciones de 2011» a través de una de sus mercantiles. El PP abonó esos servicios también desde su cuenta de gastos ordinarios por importes muy superiores a los comunicados para evitar que saltaran las alarmas en los organismos de control.
Un portavoz de la familia Elosúa explica que han conseguido acreditar que todo se hizo correctamente. En relación a los 200.000 euros en efectivo intervenidos en la frontera «se ha demostrado que procedían de una herencia familiar, no de un presunto pago del PP. Se pagó una multa administrativa cuando se interceptó el dinero. Todo está en regla». En cuando a la campaña electoral de 2011, «era el primer trabajo que hacíamos con el PP de Madrid. Y se consiguió tras ganar un concurso. Todo se facturó legalmente. No hubo ni pagos en negro, ni facturas fraccionadas. Creemos que la Fiscalía ha quedado convencida y que se archivará la causa».
