Díaz Manzanera insistió en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue el que provocó la exculpación del político popular por haberse superado uno de los plazos de instrucción fijados en esa norma. Y, en esa línea, manifestó que «es algo que se ha pedido por parte de todas las asociaciones de profesionales de jueces y fiscales».

Y es que, indicó, «la realidad es que si hay plazos tiene que haber plazas; y si no hay plazas, los plazos se deben regular de manera distinta para evitar situaciones» como la ocurrida, en la que «por dos días se haya llegado a esa conclusión de la Audiencia Provincial», de absolución, «perfectamente respetable».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, quien ayer mantuvo una reunión institucional con Díaz Manzanera, manifestó que «no nos podemos alegrar de sentencias exculpatorias por cuestiones de plazos que socavan la confianza en la Justicia, ni tampoco nos podemos alegrar de las necesidades materiales que pueda haber».

El pasado diciembre se conoció la absolución mencionada por parte de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y tres acusaciones particulares entendieron que el hecho de que, a lo largo de la instrucción en un juzgado de Lorca, se hubiera superado en dos días el plazo para que la Fiscalía pidiera la declaración de causa compleja y la prórroga de la investigación no obligaba a dictar una sentencia exculpatoria.

En estas actuaciones se investigaba la contratación presuntamente ilegal de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la rehabilitación del entorno de la rambla Nogalte. Por estos hechos, la acusación pública pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel.