La renovación del Consejo General del Poder Judicial está al caer. Pese a que el Congreso ha derogado la reforma de Ruiz-Gallardón, obligando al presidente del CGPJ a tener menos competencias, la elección de los vocales sigue en manos del Congreso y de los partidos.
El pleno que decidirá los nuevos miembros del Consejo aún no está convocado, ya que las negociaciones entre PP y PSOE, los dos grandes partidos de las Cámaras, continúan. En julio, cuando Pablo Casado visitó a Pedro Sánchez en La Moncloa, ambos se comprometieron a tumbar la ley Gallardón y a controlar el CGPJ. Y así ha sido: Dolores Delgado y Rafael Catalá mantienen reuniones periódicas para llegar a un acuerdo sobre el reparto de vocales.
Diez para cada uno
Según ha podido saber Confidencial Digital, la propuesta de los ‘populares’ es que PP y PSOE nombren cada uno a diez vocales, alcanzando así los veinte preceptivos. Para incluir a Podemos en el reparto, estarían dispuestos a cederles una plaza en el CGPJ, que iría incluida en el cupo de los socialistas.
Por su parte, Ciudadanos ha rechazado participar en el sistema de elección de jueces, ya que considera que viola la separación de poderes.
Los elegidos de cada partido
PP, PSOE y Podemos manejan ya una lista de candidatos que impulsarán en el Congreso y el Senado. Todavía están decidiendo qué juristas de reconocida competencia, esto es, elegidos directamente por los partidos y no por las asociaciones judiciales, presentarán.
A día de hoy, el PP impulsará el nombramiento de Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia de Barcelona y mujer del instructor del 1-O, Pablo Llarena; de María Tardón, recién nombrada titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria; de José Antonio Montero, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; y de Isabel Serrano Frías, presidente de la Audiencia de Guadalajara.
Los magistrados que maneja el PSOE son principalmente tres: el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya sonó como secretario de Estado de Justicia del Gobierno socialista; Ángel Arozamena, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, y Esther Erice, presidenta de la Audiencia de Pamplona y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.
La apuesta de Podemos es la juez Victoria Rosell, que hasta hace pocas semanas estaba pendiente de una posible sanción del propio CGPJ por difundir datos personales de las partes de un procedimiento, algo que podría complicarle bastante su acceso al Consejo.
El partido morado se reserva la cuota de juristas de reconocida competencia para influir en el PSOE y promover el nombramiento de magistrados afines a sus filas.
Lesmes quiere repetir
Según ha sabido este confidencial, Carlos Lesmes está dispuesto a repetir mandato y está impulsando su candidatura para presidir el Supremo y el CGPJ. Sin embargo, no cuenta con el apoyo de ningún partido, ni siquiera del PP, que auspició su nombramiento en 2013.
Los grupos parlamentarios alegan la «mala imagen» que se ha labrado Lesmes en estos cinco años para rechazar una nueva presidencia: las acusaciones de «enchufismo» con el llamado GAL, el grupo de amigos de Lesmes, o la excesiva acumulación de poder en el Consejo.
El pacto PP-PSOE ha cerrado que el próximo presidente del CGPJ y del Supremo sea por primera vez una mujer. Las principales candidatas sonEncarnación Roca (TC), Pilar Teso (TS) y Ana María Ferrer (AN).
