España alberga un enorme prostíbulo donde la demanda de servicios sexuales tiende a normalizarse, la inmensa mayoría de las prostitutas son víctimas de explotación y los consumidores de sexo de pago se hacen cada vez más jóvenes.
Uno de cada cinco hombres admite haber pagado recientemente por sexo, según un informe de la Universidad de Comillas para el Gobierno, pero la cifra podría ser incluso mayor. Los propios investigadores destacan que el hecho de «que un 20% se atreva a reconocer algo tan oculto, indica que deben ser muchos más».
Las ONG antitrata son más pesimistas y estiman que uno de cada tres hombres ha contratado servicios sexuales en España, un porcentaje altísimo en comparación con otros países de nuestro entorno. En Irlanda, por ejemplo, lo ha hecho uno de cada 15.
España se ha convertido en el tercer gran consumidor de prostitución del mundo, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico. Según un estudio de la fundación Scelles que recoge datos de Eurostat, la prostitución genera unos cinco millones de euros al día y supone un 0,35% del PIB español. Quienes recurren al sexo de pago gastan unos 1.530 euros al año (unos 127 euros al mes), más o menos lo mismo que gastan los hogares de media en Ocio, espectáculos y cultura.
Más del 90% son víctimas de la trata
La mayoría de los demandantes de prostitución del estudio ni siquiera concibe que la mujer con la que estuvieron pudiera ser víctima de explotación sexual y los pocos que lo detectaron miraron a otro lado «por no meterse en líos». Pero no preocuparse por ello no quiere decir que no exista.
La explotación sexual sigue al alza y se comercia con el cuerpo de la mujer para satisfacer el deseo de hombres cada vez más jóvenes. Crece hasta niveles preocupantes el número de demandantes de 18 a 35 años que usan la prostitución como una forma de ocio más.
No hay estadísticas oficiales sobre personas prostituidas, así que las estimaciones varían entre 400.000 y 600.000, pero hay consenso en que más del 90% son víctimas de explotación.
El limbo de la prostitución en España
La prostitución en España no está regulada: no es legal ni ilegal y se sitúa en un amplio espacio entre países como Alemania, donde es una actividad legal desde 2002, y Suecia, el primer país que decidió combatirla castigando a los clientes.
El Código Penal español solo castiga el tráfico de personas, con penas que pueden ir de 5 a 8 años de cárcel, y la explotación sexual o proxenetismo, con penas de 2 a 5 años de prisión. La denominada ley mordaza (Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana) introdujo multas de 100 a 600 euros por lo que denomina actos de «exhibición obscena» y por ofrecer o solicitar servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores.
Los ayuntamientos de algunas grandes ciudades y numerosos movimientos sociales tratan de trasladar el foco de la mujer prostituida al «putero» y el actual Ejecutivo «feminista» de Pedro Sánchez, abanderado por la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se ha comprometido a legislar contra la explotación sexual, pero en la práctica no hay avances.
¿Abolirla, legalizarla o dejarla como está?
El debate entre los colectivos de prostitutas se mueve entre dos visiones contrapuestas: la del colectivo Hetaira, que defiende los derechos de las personas que ejercen la «prostitución voluntaria», y la de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), que considera que «la prostitución es violencia de género» llevada al extremo.
Hetaira plantea que la prostitución es una profesión más y que, como tal, debe regularse, sin penalizar a los «demandantes de sexo comercial». Además, diferencia entre «trabajadoras del sexo» y víctimas de trata. Apramp se opone frontalmente a la legalización, promueve su abolición y aboga por penalizar al «putero». Para ellos, trata y prostitución son manifestaciones de un mismo fenómeno y sin demanda no hay ninguna de las dos.
El «gol por la escuadra» que supuso la autorización involuntaria por parte del Gobierno de Sánchez para constituir un sindicato de prostitutas volvió a poner el asunto sobre la mesa de los políticos. Aquí la bandera de la abolición la ha tomado el PSOE, mientras Ciudadanos apuesta por la legalización, pero los argumentos coinciden con los de las asociaciones.
En palabras de Conxa Borrell del sindicato OTRAS, «no se puede coartar los derechos de todo un colectivo que carece del más mínimo derecho laboral».
El impacto económico de la regulación
Los socialistas prometieron sancionar «la demanda y compra de prostitución» y aprobar «una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual». La propuesta de Cs también pone a la trata en el punto de mira e incorpora al debate el aprovechamiento del impacto que la regulación tendría sobre el PIB. La web sobre el mercado negro global Havocscope cifra en unos 22.800 millones de euros los ingresos de la prostitución en España, el segundo puesto en su lista mundial solo por detrás de China.
Los de Rivera también defienden en su programa la «incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos» de quien ejerza la prostitución y restringir «esta actividad económica» a «locales convenientemente legalizados», es decir, fuera del espacio público.
Esta última propuesta ya se ha probado en algunos países de nuestro entorno que apuestan por vender y comprar sexo como una actividad económica más: Alemania, Dinamarca y Holanda son los ejemplos más evidentes.
Ejemplos de legalización
En 2000, Holanda se convirtió en el primer país europeo en legalizar la prostitución, dando a conocer al mundo sus barrios rojos con mujeres en los escaparates. En 2002, le siguió Alemania y en 16 años el país se ha convertido en la cara visible de este modelo, gracias a las imágenes de locales descomunales con cientos de hombres esperando en la puerta, atraídos por promociones de sexo ilimitado, comida y cerveza por 70 euros, burdeles en garajes o barracones para ejercer la prostitución sin agua ni baño.
La activista Ingeborg Kraus, abolicionista y cabeza visible del centro Prostitución y Trauma, ha recorrido el mundo denunciando en sus ponencias los efectos sobre las mujeres prostituidas. «El modelo alemán está generando el infierno en la tierra«, explicó en una de sus intervenciones más conocidas. «Estas mujeres son sacrificadas para que algunos hombres puedan tener sexo cuando quieran y con quien quieran. Y este es el problema. Hay que centrarse en el comprador de sexo«.
Kraus reclama «una nueva generación de hombres que no recurran a la explotación sexual y la dominación de mujeres para intentar realizarse» y considera que «normalizar la prostitución significa cementar la desigualdad entre hombres y mujeres y aceptar la violencia contra las mujeres». Por eso, se declara una firme defensora del modelo sueco.
Suecia lidera la lista de países abolicionistas desde que en 1999 se convirtió en el primero que le dio la vuelta al tablero de la criminalización: el demandante de prostitución, y no la prostituta, pasa a ser el delincuente. Hasta la fecha, le han seguido Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Singapur y Suráfrica. Otros, como España o Italia, tienen que decidir si sacan a la prostitución del limbo legal y escogen entre el modelo sueco y el alemán.
