El audio difundido el pasado martes por el portal digital Moncloa.com sobre una comida en 2009 con la entonces fiscal Dolores Delgado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y tres mandos policiales, Villarejo incluido, no lo había escuchado ni analizado todavía la Unidad de Asuntos Internos. Un hecho que demostraría —según los investigadores— que supuestamente es el entorno del comisario jubilado el encargado de filtrar las controvertidas conversaciones.
La difusión de frases parciales de este encuentro informal ha provocado que PP, Ciudadanos y Podemos hayan solicitado la dimisión de la ministra de Justicia. Tanto Delgado como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpretan la publicación de estos audios como “un chantaje” del comisario, que se encuentra desde noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Estremera.
Reclusos de este penal madrileño del módulo destinado a presos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aseguran que Villarejo les confesó este verano: “Si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre. Y la traca final…. antes de Navidad”. El entorno del comisario se desmarca de que el policía se encuentre tras las filtraciones, según el abogado de Villarejo, Ernesto Díaz Bastien.
El juez De Egea ha abierto diligencias previas secretas para investigar «las posibles relaciones entre las filtraciones de Moncloa.com e imputados en la Operación Tándem. Los agentes de la policía judicial pidieron este viernes los audios a este portal y el juez investiga en el registro mercantil las conexiones de su empresa editora con la familia del comisario encarcelado.
En distintos escritos presentados por la defensa de Villarejo, se alerta al juez de “los secretos de Estado” que guardan los discos duros intervenidos. El letrado del comisario ha solicitado al juzgado que el CNI analice y procese la información comprometedora. Y maniobra para anular la causa con el argumento de que se ha roto la cadena de custodia. Fuentes judiciales califican de “puro teatro” esta estrategia procesal. Y el propio instructor De Egea, en una reciente providencia, reprocha a Villarejo su falta de colaboración con la justicia. “Pese a las reiteradas manifestaciones en orden al riesgo que implicaría el acceso a dichos dispositivos… no se ha facilitado la colaboración requerida por el juzgado, limitándose su conducta a una referencia genérica a los peligros intrínsecos por su condición de colaborador con las instituciones del Estado”.
