Francisco Correa quiere ser un ‘rolling stone’, pero no para vagabundear por el mundo sin rumbo tras su caída, pues lleva cuatro años entre rejas sin perspectiva de salida a corto plazo, sino porque está dispuesto a ‘cantar’ hasta el final de los días de Gürtel en la media docena de causas pendientes que quedan por juzgar de la trama que salpica de lleno al Partido Popular. El jefe de Pablo Crespo y Álvaro Pérez quiere seguir colaborando con la Fiscalía Anticorrupción ahora que se ha producido un recambio en la cúpula del Ministerio Público con el relevo de Julián Sánchez Melgar, sustituido por María José Segarra, ex fiscal jefa de Sevilla, tras la llegada de Pedro Sáncheza La Moncloa. Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, la intención de Correa es ofrecerse a los acusadores para colaborar con sus delaciones en las piezas pendientes, reparar el daño económico repatriando dinero de sus cuentas en Suiza (que ya están bloqueadas judicialmente) y obtener a cambio atenuantes y rebajas en la petición de penas.
La actitud de Correa podría arrastrar a sus colaboradores, a los que hasta ahora ha cubierto las multas económicas con su dinero suizo (ingresó dos millones de euros por la financiación del PP valenciano y 270.000 euros porFitur), y complicaría la posición del expresidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps. Anticorrupción presentó la semana pasada un escrito en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando que se retrotraigan las actuaciones de la llamada pieza Valencia 5 del caso Gürtel, que estaba lista para señalamiento de juicio oral y que investiga la adjudicación de contratos de la Administración valenciana a la red corrupta.
Si Correa arrastra a Álvaro Pérez, complicará la vida a Camps en la pieza de contratos con la Generalitat que Anticorrupción quiere revisar
La Fiscalía quiere incorporar a esa causa las confesiones de Correa, Crespo y Pérez, así como las de Ricardo Costa, en las que señalaban directamente a Camps como responsable de las decisiones que atañían a la financiación en negro del partido y de sus actos electorales, así como de las compensaciones con los contratistas de obras. «Había una caja B que la controlaba yo», llegó a manifestar el líder de la Gürtel en sede judicial. Si se revisa la instrucción de la pieza pendiente de juzgar y los confesores se ratifican en sus afirmaciones, Camps quedará en una situación complicada desde el punto de vista judicial. También Costa, que está colaborando en otras causas como la de la Fórmula 1 en Valencia, mantiene una estrategia similar. «Camps era el máximo responsable», dijo.
No es la primera vez que Correa se acerca de esta forma al Ministerio Publico. Ya lo hizo antes del cambio de Gobierno en busca de una suerte de acuerdo marco. Pero los acusadores prefieren ir paso a paso, causa a causa, trabajándose los fallos condenatorios en virtud de las circunstancias de cada uno de los procedimientos. Y no son pocos los que quedan por despejar. Además de la pieza de los contratos valencianos, están pendientes de señalarse juicios por las piezas de las adjudicaciones de Boadilla y Jerez; por los contratos presuntamente amañados de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; por las contrataciones irregulares de AENA con la Gürtel, y por el llamado caso de los papeles Bárcenas y la caja B del Partido Popular. En todos estos procedimientos parece dispuesto a colaborar Francisco Correa. Su testimonio podría ser clave si no hay otros procesados dispuestos a actuar igual.
Hasta ahora, no ha recibido de la Fiscalía Anticorrupción la respuesta en forma de pacto general. La fiscal Miryam Segura, acusación pública en el juicio de la financiación ilegal del PP valenciano, esperó hasta el final de las vistas orales para modificar su escrito de calificación y solicitar unas penas más reducidas para Correa y sus colaboradores. Para el cabecilla de la Gürtel solicitaba inicialmente 22 años de prisión, que pasaron a ser siete años y tres meses. Es cierto que en esta causa el tiempo jugaba a favor de la acusación tras el acuerdo alcanzado con los empresarios, que admitieron los pagos y las facturas falsas para intercambiar cárcel por multas económicas. El resto de implicados cayó como fruta madura.
Correa ha repatriado dinero de sus cuentas en Suiza (bloqueadas judicialmente) para atender multas y prevé seguir haciéndolo en las causas pendientes
Finalmente, el fallo del juez José Manuel Vázquez Honrubia aplicó penas desde los seis años y nueve meses para Pérez hasta los cinco años y tres meses para Correa. En la estrategia procesal de estos está tratar de atenuar el castigo en los delitos que conllevan periodos más largos de cárcel. Al juzgarse prácticamente los mismos delitos en casi todas las causas, el Código Penal fija que, cuando se suman estos, la estancia en prisión es como máximo de tres veces la infracción más castigada. En el caso de Correa y la pieza de las campañas del PP de Francisco Camps, lo más penado ha sido el delito electoral, con 24 meses, que multiplicados por tres suman seis años de cárcel.
El triple del delito más penado
Más abultada es, en apariencia, la sentencia de la Época 1 por adjudicaciones irregulares entre los años 1999 y 2005. El delito de mayor castigo para Correa en esta causa, en la que también fue condenado Luis Bárcenas, es el de cohecho en concurso de falsedad documental, con cinco años de cárcel. Por ello, en teoría, el líder de la trama corrupta cumpliría 15 años de cárcel por este fallo, aunque la suma total de penas es de 51 años, a la espera de los recursos. Bárcenas suma 33 años, pero el mayor castigo lo sufre por el delito de blanqueo de capitales en concurso de falsedad, por lo que estará probablemente 12 años entre rejas, que podrían ser menos si obtiene otros beneficios penitenciarios o el Supremo atiende los recursos de los abogados.
En esa estrategia, Correa, Pérez y Pablo Crespo, que acumulan ya cuatro años a la sombra, sufrieron un duro golpe del Supremo en forma de confirmación de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de condenarles por el amaño de contratos del expositor de la Agencia Valencia de Turismo en Fitur. Las penas sumaban entre 13 y 12 años, y el delito con mayor sanción fue el de malversación de caudales públicos, con seis años de prisión, por lo que por esta causa no podrán rebajar su estancia entre rejas. El recurso de sus abogados para intentar suavizar las penas no fue atendido. Les queda acogerse a los beneficios penitenciarios.
