¿Quién piensa en los ciudadanos del sur de Murcia, en los comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores autónomos a quienes se les ha prometido mil veces que se restituiría la normalidad urbana de sus barrios trazando el tren, el Ave o cualquier otro transporte convencional, por vía subterránea?
Una de las cosas más involuntariamente graciosas que hemos escuchado en los últimos días: los empresarios murcianos anuncian que retirararán sus proyectos de inversión en esta Comunidad si el Ave no llega en superficie. Les ha faltado decir que se irán a Cataluña. El propósito debe ser tan sincero como el de los empresarios catalanes que amenazaron con trasladar sus inversiones a Murcia. Han pasado algunos meses desde el 1-O, y por aquí no se ha visto a muchos catalinos con la billetera suelta.
¿Estamos de broma o qué? Se cuentan casi veinte años desde que se proyectó el Ave a Murcia, y hasta ahora nadie se había puesto excesivamente nervioso por los retrasos, por el absurdo trazado ni por las condiciones de llegada. Sin embargo, los empresarios murcianos, de la noche a la mañana, están decididos a podemizarse con acciones callejeras ante el supuesto de que el Ave, en vez de llegar en superficie en 2019 pudiera hacerlo soterrado en 2020. Tienen prisa, y eso está bien, conviene a todos que un estamento tan poderoso se muestre inquieto, pero si han esperado diez años ¿que les impediría que fueran once? Y, sobre todo, ¿no debiera ser este estamento el que planteara una mayor exigencia a los Gobiernos, del signo que sean? No debieran conformarse con soluciones provisionales, a sabiendas de que éstas, a la postre, suelen ser definitivas, sino ponerse en vanguardia para la reclamación de la máxima exigencia.
Algo grave está ocuriendo en esta Región cuando los empresarios plantean unas demandas con las que no coinciden, en el modo de requerirlas, miles de ciudadanos. Hay una evidente desconexión entre los representantes oficiales de la empresa y amplios sectores de la sociedad, en concreto los vecinos afectados por las consecuencias para sus vidas de los proyectos a que insta la patronal a toda costa.
El sector empresarial debería concertar sus intereses con el conjunto de la sociedad y ponerse a salvo de las riñas entre los grupos políticos, como es obligación en cualquier otro colectivo de la sociedad civil, incluyendo, en otro orden de cosas, a los medios de comunicación. Al margen de los partidos, nadie está para hacer seguimiento de unos o de otros, sino para intentar llamar la atención a los gobernantes y a la plural oposición acerca de que deben atender a la confluencia de intereses y, en consecuencia, procurarla. El despostismo ilustrado de mesa camilla (todo para el pueblo, pero sin el pueblo) no encaja en nuestro tiempo, y lo que es peor, contribuye a radicalizar posiciones, fijar fáciles estereotipos y potenciar rivalidades sociales internas que debilitan las reivindicaciones generales.
Es soprendente que al empresariado institucionalizado le dé por movilizarse contra la probable supresión de la llegada del Ave en superficie a la espera de que lo haga en las debidas condiciones, es decir, soterrado, mientras CROEM no pone la más mínima atención en el desastre de las comunicaciones internas: transportes urbanos e interurbanos ruinosos, desorganizados, con núcleos poblacionales desasistidos; unos trenes de cercanías con rutas limitadas, vagones cochambrosos y vías asesinas, y un Corredor Mediterráneo, que si alguna vez se desviara hacia donde su propio nombre indica, es decir, hacia el Mediterráneo, lo haría trasladando mercancías peligrosas por una red urbana. ¿Quién piensa en los ciudadanos del sur de Murcia, en los comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores autónomos a quienes se les ha prometido mil veces que se restituiría la normalidad urbana de sus barrios trazando el tren, el Ave o cualquier otro transporte convencional, por vía subterránea?
Esta Región no puede funcionar si los empresarios desconsideran a los vecinos, porque los vecinos son también trabajadores y empresarios. No puede existir un interés superior al de la gente común. No puede planificarse el futuro sin tomar en consideración los problemas cotidianos de los ciudadanos. Es absurdo que se intente trasladar la impresión de que existe una superestructura que piensa en el bien común en contra de quienes no perciben la sensación de que el bien común consista en contradecir sus convicciones, y menos si se les envía la Policía a tratar de convencerlos con renuncia absoluta al diálogo político, que es lo que corresponde en una sociedad democrática.
Dicen los empresarios: «Nos jugamos mucho con el AVE». Pero ¿esto es de ahora o de cuando aceptaron el trazado en zigzag, cuando dejaron de dar importancia a la comunicación por Camarillas, cuando salibaron con un aeropuerto bis, todavía sin aviones, mientras despreciaron durante años la mínima modernización de las vías ferroviarias y de vehículos? ¿No saben los empresarios murcianos que la economía regional se activa también con la ordenación urbana, la armonización de los barrios y la colaboración de los distintos estamentos en proyectos comunes? ¿Acaso desconocen que mantener en el interior de la Región un sistema tercermundista de transportes no puede suplirse con un tren de lujo que llegue, encima, arrasando e importunando más gravemente que hasta ahora la imbricación urbana del tejido social en un amplísimo espacio de la capital de la Región? ¿Cómo es que un estamento, el empresarial, al que se supone independiente, colabora, siempre desde la misma parte, en la confrontación partidista, y curiosamente lo hace en favor de estrategias provisionales que intentan compensar el fracaso de los proyectos integrales anunciados en su día y que, precisamente por el fracaso de los mismos, debieran ser ellos los primeros en denunciar, ya que fueron corresponsables con su firma y aceptación?
El PSOE ha empezado haciendo bien las cosas. Lo primero: el nuevo delegado del Gobierno, Diego Conesa, se ha estrenado acudiendo a las vías. Es lo que debieran haber hecho en su momento el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Hablar de tú a tú con la gente. La Policía no es un buen intermediario, salvo cuando las cosas se salen de madre. Pero esto no ocurre siempre porque haya unos revoltosos; hay veces que los revoltosos acuden porque está la Policía. Enfín, que una reivindicación básica y común del conjunto del estamento político, el soterramiento de las vías del tren, se haya convertido durante los últimos tiempos en un conflicto policial sólo es imputable a la falta de habilidad de los políticos de gobierno, pues a éstos corresponde establecer políticas inteligentes de conversación con los vecinos.
El absurdo de la confrontación interpuesta entre empresarios y vecinos, en que los primeros sustituyen al Gobierno, perdida la autoridad de éste en el caso, debiera resolverse con un pacto sencillo: los vecinos debieran acatar las molestias de dos años por las obras del soterramiento a cambio de que los empresarios tengan paciencia durante un periodo idéntico. Y aquí paz, y después Ave soterrado.
Lo que hay que exigirle al PSOE es que no retrase ni un minuto las obras del soterramiento, es decir, que no distraiga éstas con otras para la llegada del AVE en superficie. La primera precaución de la sociedad murciana ante el precario Gobierno socialista debiera consistir en comprometerlo para que el Ave llegue y que convenza a todos de que lo hará como debe. Ya lo decía Fernando Arrabal: «El milenarismo va a llegaaar…». Pues bien, con el compromiso de que llegue el Ave (soterrado, claro) es suficiente.
Amenazan con deslocalizarse, pero en realidad lo que están es descolocados.
