El president del Parlament, Roger Torrent, cruzó el martes una línea roja. Una de esas que marca el Estado, vía Tribunal Constitucional, y que acarrean el más que certero riesgo de acabar ante un juez. La Mesa de la Cámara catalana que él preside aprobó el voto delegado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a pesar de los claros pronunciamientos en contra del TC y el Tribunal Supremo. Con Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Serret y Toni Comín con una carrera política, como mínimo, inhabilitada a corto plazo, la protección de las figuras de Pere Aragonés y Roger Torrent pasó a ser una prioridad, ahora puesta en riesgo, por ERC.
La primera duda que se plantea es si ese voto delegado será empleado en el pleno del jueves. Ciutadans, PSC y PP han presentado peticiones de reconsideración que pueden ser estudiadas antes del pleno. O después. Pero el cónclave de mañana no deja de ser anécdotico. Torrent no ha roto con su táctica de esquivar los problemas legales para que Puigdemont pueda votar unas resoluciones que, en la escala de Richter del ‘procés’, apenas equivalen a uno de esos temblores que nadie percibe.
Sin libertad de movimientos
Lo cierto es que el cambio de estatus de Puigdemont, que ha pasado de ser un ciudadano con libertad de movimientos a tenerlos restringidos, ahora en la cárcel, pero que en el mejor de los casos gozaría de una medida cautelar que le impediría abandonar Alemania puede abrir una ventana para la investidura de un ‘president’ efectivo: el plan d.
Esta restricción de movimientos, es decir, Puigdemont no acude a los plenos no porque no quiere sino porque un tribunal se lo impide, es visto por varios juristas de los partidos secesionistas mayoritarios como una situación análoga a la que tiene, por ejemplo, el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras.
El objetivo es que con los dos nuevos votos delegados se superen los 65 de Cs, PSC y PP. Para copletar el plan se precisan dos cosas. Que la CUP no pase de la abstención al no y que el otro voto en el extranjero, el del ‘exconseller’ Toni Comín pueda ser contabilizado. Para ello caben dos vías, o este jueves los tribunales belgas, donde comparece el ‘exconseller’ dicta medidas cautelares, con lo que estaría exactamente en la misma posición que Puigdemont, o bien Comín entrega esa acta.
La CUP solo ha avanzado que votaría a favor de Puigdemont. Incluso que si ese fuera el caso podría ceder en sus reivindicaciones programáticas. Y si se abstuvieron en la investidura de un ‘conseller’ también cesado, poco probable parece que se decanten por el ‘sí’ a otro nombre.
¿Y quién será ese cuarto candidato? ERC ya ha señalado que apoyarán aquel que designe Junts per Catalunya. Y el sector mayotitario de la coalición electoral, el sector que rodea al líder encarcelado, apuesta por la que fuera la jefa de campaña, Elsa Artadi. Pero en el frente posconvergente ligado al PDECat están habiendo movimientos para lanzar otro candidato, uno de perfil ‘senior’ y patricial con amplia experiencia en la política catalana.
En este sentido, el nombre del ‘exconseller’ Ferran Mascarell gana enteros en las quinielas, pero su investidura requeriría varias dimisiones encadenadas de diputados, pues Mascarell no tiene ahora mismo acta en el Parlament. También sigue en liza el nombre de Marc Solsona, alcalde de Mollerussa. La inhabilitación efectiva de los acusados de rebelión que se hallan en la cárcel o en el extranjero (Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Rull y Josep Rull) allanaría, pero no completaría (faltarían dos renuncias) el corrimiento necesario de la lista para que entrara el que fuera concejal socialista en Barcelona.
Se vislumbra, por tanto, una especie de pugna interna, y se quiere que sorda cara al público, entre los ‘puigdemontistas’ y el PDECat. El sector que ceda se cobrará la cortesía a precio de oro en cuanto a cuota de poder en el futuro Govern y control de los recursos del grupo parlamentario.
