El 90% de los profesores entrevistados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura que ha identificado y ha convivido con algún tipo de violencia en su centro escolar. Las situaciones más habituales que describen son peleas, insultos, vejaciones, vandalismo y destrozo de material escolar, violencia psicológica, episodios con un componente racista, amenazas por parte del alumnado y de sus familias, falta de respeto y de reconocimiento de la autoridad, así como enfrentamientos a través de WhatsApp.

CSIF ha presentado este viernes un estudio realizado a partir de 2.000 entrevistas realizadas a docentes de Primaria y Secundaria de centros públicos de todas las comunidades autónomas. Es una muestra pequeña, porque en España hay 500.000 profesores en la escuela pública, pero ha servido para activar todas las alarmas.

Porque el trabajo advierte de que más de la cuarta parte de los encuestados considera que la vida en el centro en el que trabaja no es agradable (29%) y que la disciplina que reina es insuficiente (el 32%). Hasta un 75% reconoce que el profesorado tiene muy poca o ninguna autoridad. Cerca de uno de cada cinco cree que hay «mucha» violencia en su colegio o instituto.

CSIF considera que, en la actualidad, «difícilmente se da» un ambiente «propicio para la labor educativa» en el que puedan trabajar los docentes. Hasta el 28% opina que las relaciones que mantienen con los padres de los alumnos son «muy malas», «no buenas» o inexistentes, mientras que el 17% admite que no se lleva bien con los estudiantes. Casi uno de cada cinco cree que existe mucha violencia en su colegio o instituto.

Las causas

«Es bastante preocupante», ha expresado Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de Educación de CSIF, durante la presentación del estudio. «Esta violencia que ahora tienen los niños, si no se soluciona en el momento, pasará a ser después una violencia de adultos», ha advertido.

Las causa principal de estos comportamientos, sostiene el sindicato, es la poca autoridad que tiene el profesor, reconocida en la propia encuesta. «El profesor no tiene autoridad ni siquiera para expulsar a un alumno del aula», explica Gutiérrez, que reconoce también que los docentes no tienen una formación suficiente para actuar ante los casos de acoso que se producen en las redes sociales.

Ocurre, cuenta, que «los mayores casos de acoso escolar en las redes sociales se están produciendo en 3º o 4º de Primaria, más que en Secundaria». «¿Por qué? Porque, cuando se produce la Primera Comunión, el regalo es el móvil. El niño comienza a usarlo y realmente no es consciente de que está acosando, pero el insulto que utiliza en el patio, llamar ‘gordito’ a alguien, por ejemplo, lo traslada a las redes sociales».

A estos factores se añade un contexto en el que los profesores, que han sufrido una progresiva pérdida de reconocimiento social, «no se sienten protegidos ni respaldados» por sus superiores debido, por un lado, a «la presión que ejercen los padres sobre los directores» y, por otro, al hecho de que «las administraciones lo tapan todo para evitar que los casos salgan a la luz».

«Ha existido una permisividad y se ha normalizado una violencia de baja intensidad, por ejemplo, alumnos que interrumpen constantemente la clase o que insultan a sus compañeros, que se ha ido soportando. Es muy habitual que las administraciones públicas, cuando hablan de estos casos, se refieran a ellos como ‘un problema de convivencia’. Pero hay que poner los nombres correctos a las cosas. Cuando un alumno veja a otro no es un problema de convivencia. La Administración no quiere mostrar esta problemática y es la primera interesada en que estos casos no salgan a la luz «, recalca.

Y apunta otra circunstancia más: una política educativa estatal que no ha tenido en cuenta al profesorado en la Lomce. Los docentes han sido reconocidos como autoridad pública en esta norma, al igual que lo son los policías o los jueces, pero Gutiérrez denuncia que «el artículo que contempla esta modificación no se ha desarrollado jamás».

Las medidas

Estos datos complementan un informe que hace un par de meses presentó el Defensor del Profesor (un servicio gestionado por el sindicato Anpe) en el que advertía que las denuncias por agresiones y amenazas de alumnos a profesores se habían multiplicado por cuatro.

CSIF ha visto que esto es un problema y ha puesto en marcha un conjunto de medidas; entre ellas, la creación de un gabinete psicológico especializado para asesorar, prevenir y tratar situaciones de violencia en los colegios.

¿Qué más cosas se pueden hacer? La central Insiste en la necesidad de que se alcance un pacto de Estado para «convertir los centros en espacios de tolerancia cero hacia cualquier manifestación de violencia» y, más a corto plazo, ve necesario «incrementar la formación del profesorado y adoptar medidas específicas ante las nuevas modalidades de acoso a través de las redes sociales».

Mientras tanto, el Gobierno lleva seis años sin reunir al observatorio estatal por la convivencia escolar, que debería ser el foro donde se tratara de poner freno a estos problemas.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELMUNDO