Cada día a las ocho de la tarde, el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) emite por megafonía un mensaje a favor de los políticos catalanes encarcelados. El municipio, gobernado por el PDeCAT, recuerda además a la ciudadanía que «no se desvíe del objetivo de la independencia«. Ciudadanos, PP y el PSC han puesto el grito en el cielo. El Ayuntamiento no se ha dado por aludido pese a la polémica. Incluso lo ha llegado a justificar.
Si Vic persiste en la emisión pública de estas arengas, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su mano la opción de intervenir el consistorio, destituir a la corporación actual y nombrar una gestora. Esta especie de 155 municipal está recogido en el artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.
«Obligaciones constitucionales»
El Consejo de Ministros, dice la ley, puede proceder mediante real decreto «a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».
El PSC, por ejemplo, ha advertido de que este mensaje, «censurable y desafortunado, es impropio de un ayuntamiento que se debe a todos y no a una parte». La cuestión es si el Ejecutivo de Sánchez interpreta que hay un incumplimiento grave de las obligaciones constitucionales en Vic. El artículo 103.1 de la Constitución dice que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (…) con sometimiento pleno a la ley y al Derecho«.
El único precedente de una intervención de este tipo se produjo precisamente con otro Gobierno socialista. En abril del 2006, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero disolvió el Ayuntamiento de Marbella ante las gravísimas imputaciones judiciales del caso Malaya. El consistorio quedó en manos de una gestora hasta las elecciones municipales del año siguiente.
Otras polémicas en Vic
No es la primera vez que una decisión del Ayuntamiento de Vic suscita polémica en torno al debate soberanista. El 74% de los votos de este municipio barcelonés el pasado 21-D fueron a partidos independentistas.
En junio, Vic denegó a Ciudadanos un permiso para organizar un acto en la vía pública. Aún así, Inés Arrimadas visitó la localidad y paseó por sus calles, donde fue increpada por un centenar de manifestantesindependentistas.
También en verano, un conductor arrolló con su coche algunas de las centenares de cruces amarillas que el Ayuntamiento había plantado en la playa Mayor en apoyo a los líderes del golpe separatista que se encuentran actualmente en prisión.
