El magistrado Pablo Llarena ha dado este martes el primer paso para asumir todas las investigaciones abiertas por el proceso independentista catalán. El instructor del Tribunal Supremo ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que le informe en un plazo de cinco días sobre los hechos que investiga contra exmiembros del Govern de Cataluña y los responsables de ANC y Òmnium para decidir si el Supremo es competente para hacerse cargo de estas causas. Llarena pide también a Lamela que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el mismo plazo informen directamente al Supremo «sobre la eventual acumulación de los procesos».
La decisión comunicada este martes por Llarena a través de una providencia enviada a la juez Lamela supone el primer paso que da el instructor del Supremo para asumir la totalidad de las investigaciones abiertas por el procés. Llarena investiga hasta ahora la causa por rebelión, sedición y malversación abierta en el Tribunal Supremo contra seis miembros de la Mesa, incluida la presidenta Carme Forcadell. El pasado jueves, ya pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remitiera la causa abierta contra estos mismos por desobediencia y prevaricación.
Con el escrito remitido este martes, el instructor se prepara para acumular también las investigaciones contra los exmiembros del Govern, investigados en la Audiencia Nacional por los tres mismos delitos que el Supremo investiga a los miembros de la Mesa. Además, el juez del alto tribunal pide también a Lamela que le informe sobre la investigación por sedición contra los expresidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Con la acumulación de la causa, el Tribunal Supremo pretende evitar que se produzcan discrepancias entre las decisiones de la Audiencia y las suya propia, como ya ocurrió cuando Llarena decidió aplazar una semana los interrogatorios a los miembros de la Mesa a petición de sus abogados y Lamela rechazó la misma demanda por parte de las defensas de los exconsejeros catalanes. Estas discrepancias se vieron también, a priori, en las medidas cautelares tomadas por uno y otro juez contra los investigados. Mientras Lamela ha enviado a prisión sin fianza a todos los exmiembros del Govern a los que ha tomado declaración y a Sànchez y Cuixart, Llarena impuso a los miembros de la Mesa fianzas asumibles para que pudieran eludir la cárcel. Asimismo, la juez de la Audiencia ha impuesto una fianza de 6,2 millones a los exconsejeros por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre y Llarena, a quien la Fiscalía solicitó la misma medida, considera que, por ahora, no hay datos para cifrar la responsabilidad económica de los investigados.
En la providencia dictada este martes, el magistrado pide también a los abogados que se pronuncien sobre la acumulación de los procedimientos. Las defensas de los exconsejeros tenían de plazo hasta este jueves para recurrir en la Audiencia el rechazo de Lamela a excarcelarles, pero la decisión adoptada por Llarena frenará, previsiblemente, esos recursos.
FUENTE: ELPAIS
