Declararán mañana por presuntos delitos contra la ordenación territorial y de prevaricación por una obra sin licencia en un bloque del casco histórico
El jefe municipal de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, ha sido imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio, en relación con otro de prevaricación administrativa, por la destrucción parcial de una escalera protegida en el casco histórico de Cartagena. Tanto este funcionario como otros dos técnicos de la Concejalía y el exedil del área Joaquín Segado están citados a declarar mañana, en el Juzgado de Instrucción 1.
Los cuatro serán interrogados, en calidad de investigados, por la demolición de un elemento con forma de curva incluido en el catálogo de bienes de interés patrimonial del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (Peopch), dentro del proyecto de remodelación de un bloque de viviendas. Martínez y Segado ya fueron juzgados y absueltos por prevaricación, en el caso de la anulación de una licencia para construir 24 apartamentos turísticos en La Azohía. En la vía civil, la decisión municipal ha supuesto una condena de 3,5 millones de euros al Ayuntamiento, que ha recurrido el fallo al Tribunal Supremo.
En el caso de la escalera, la Fiscalía abrió diligencias penales en abril de 2016, a instancias de un vecino del edificio situado en el número 10 de la Plaza Castellini, protegido con el grado 3: protección ambiental. «Pese la reiteración de denuncias» del interesado ante el Ayuntamiento en 2012, explica la Fiscalía en el escrito remitido a los juzgados, la administración obvió en sus informes «la infracción urbanística derivada» de la demolición de una «bella escalera con forma elíptica». Esta iba de la planta baja a la de cubierta y fue derribada durante las obras de reforma del bloque, previo desalojo urgente de sus inquilinos.
El Ministerio Fiscal quiere aclarar si los funcionarios públicos, «a sabiendas de la destrucción parcial de la escalera protegida», y sin que constara autorización para echarla abajo, «omitieron o silenciaron en sus inspecciones la infracción» de las normas y permitieron el otorgamiento de las licencias oportunas. Se refieren a la licencia de obra mayor, la declaración de ruina grave -por el riesgo inminente de desprendimientos interiores y a la vía pública-, los permisos de ampliación y modificación de las obras (para construir dos plantas más) previstas en el proyecto y las licencias de primera ocupación de las casas.
En el caso de Segado, actual presidente de la Autoridad Portuaria y presidente del Partido Popular en Cartagena, declarará por el decreto de concesión de la licencia que firmó en enero de 2008. Entonces, era vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo gerente era Martínez Moncada.
«Acudiré a la comparecencia para contar lo que sé del asunto, que es poco, puesto que los concejales no hacen inspecciones ni elaboran informes. Un concejal de Urbanismo que cumpla la ley no tiene libertad para elegir qué firma y qué no firma cuando se trata de procedimientos reglados como son las licencias»», dijo ayer Segado a ‘La Verdad’.
«La firma es un trámite»
El exedil añadió: «Cuando un ciudadano pide una licencia, son los funcionarios técnicos y jurídicos quienes comprueban el cumplimiento de la norma, y si la cumple, autorizan. La firma es un trámite que cierra un expediente, en el que todo está avalado por los servicios técnicos y jurídicos». Por último, Segado comentó: «Un concejal es un gestor político, la firma es el único acto administrativo que le compete a ese concejal».
FUENTE: LAVERDAD
