El TSJ confirma una sentencia que dio la razón a Quemen Gestión de Inmuebles en una demanda tras vender 26 locales en El Saladillo
El Ayuntamiento de Mazarrón tiene que devolver 391.108,07 euros, más intereses, por las plusvalías que cobró a la empresa Quemen Gestión de Inmuebles S.L., después de que esta firma transmitiera 26 locales que tenía en propiedad. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia a finales del año pasado, pero la firma aún no ha percibido la suma total del dinero, que asciende a 550.000 euros.
Siempre según la sentencia, el origen de los hechos hay que buscarlo en el año 2005, cuando Quemen Gestión de Inmuebles S.L. compró a Justo y Manoli S.L. 26 fincas urbanas integradas en una parcela del plan parcial El Saladillo, en Mazarrón, por 2.769.460 euros. Pero fue en 2012 cuando la propietaria de los locales decidió venderlos a Unión Intercontinental S.A., por un total de 2.046.686,17 euros.
Después del traspaso de los inmuebles, el Ayuntamiento envió una carta a los socios de la firma exigiéndoles el pago de 391.108,07 euros en concepto de plusvalías por el contrato de compraventa. La sentencia expresa que un informe pericial detalla que los valores de mercado de suelo en la zona donde se ubican los locales sufrieron una disminución del 52,32% en el periodo 2005-2012». Y añade que, en ese periodo de tiempo, «las ventas de la zona se vieron afectadas muy significativamente con descensos notables en los precios de venta».
«Aún no hemos percibido la suma de dinero que se nos adeuda», critica el letrado Antonio Prats
La empresa, al recibir la notificación de pago por las plusvalías y al no estar de acuerdo con ello, decidió interponer una demanda contra el Ayuntamiento de Mazarrón. En el texto, Antonio Prats, letrado de la firma, ponía de manifiesto que, «las ventas en pérdidas no tributan las plusvalías según el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana».
Pendientes del cobro
Ese fue el motivo por el que un juzgado dio la razón a la empresa. El Ayuntamiento decidió recurrir la sentencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo y, tras varios años de guerras y recursos judiciales, el TSJ confirmó la condena de anular el acuerdo de la alcaldía.
Pero Quemen Gestión de Inmuebles aún no ha recibido la cantidad que le debe el Consistorio en concepto de dichas plusvalías más intereses. Su letrado, Antonio Prats, está harto de esperar tantos meses y de «tantos rodeos». Según denuncia, «en marzo les dieron dos meses para pagar a mis clientes, pero no paran de marearnos. He hablado con el Consistorio en repetidas ocasiones. El interventor y el tesorero dicen que el Consistorio tiene un convenio con la Agencia Tributaria Regional, y que hay otro acuerdo entre la regional y la estatal». Lamenta que «al final, los unos por los otros, la deuda sigue sin abonarse. Esto es una tomadura de pelo absoluta».
La alcaldesa afirma que «tenemos un convenio con la Agencia Tributaria; será la que pague esa cantidad»
El letrado baraja emprender otra vía legal si la firma no recibe los 550.000 euros que se le adeudan. «Solo nos queda ejecutar judicialmente. Me cuesta entender que, después de que un juez diga que llevamos razón, estemos todavía estancados en el mismo punto y sin cobrar el importe que se nos debe. No tiene sentido», critica.
Los trámites, en agosto
La alcaldesa, Alicia Jiménez, confirmó a ‘La Verdad’ que «el juez condena al Consistorio a devolver las plusvalías que se cobraron indebidamente, más los intereses». La regidora expuso que «ahora estamos trabajando para resolver otros expedientes de plusvalías porque hay varias reclamaciones. La Agencia Tributaria devolverá la cifra a la empresa Quemen Gestión de Inmuebles S.L. por un convenio que tenemos firmado».
Jiménez sostiene que, «gracias ese acuerdo, las liquidaciones se irán abonando de forma periódica, aunque por el momento no podemos concretar una fecha de cuándo se empezará a transmitir el pago».
Según el concejal de Hacienda, Pedro Martínez Pagán, los abonos «podrían empezar a tramitarse en agosto, aunque por el momento no podemos confirmar con seguridad cuándo se ejecutarán. Lo más probable es que empiecen los trámites administrativos en agosto, por lo que en septiembre la empresa podrá empezar a recibir su dinero». Pero insiste: «No podemos dar una fecha garantizada».
