“¿Hasta cuando abusará el Partido Popular de la paciencia de los murcianos?” se pregunta el portavoz de la formación naranja

 

Murcia, 23 de marzo de 2018.- Ciudadanos ha exigido explicaciones al Partido Popular tras conocer que la jueza María del Mar Azuar ha imputado a doce personas, entre ellas al ex consejero de agricultura, Antonio Cerdá y está investigando seis delitos, en relación a la desaladora de Escombreras.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, y presidente de la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras que investigó las responsabilidades políticas entre 2016 y 2017 en la Asamblea Regional, ha calificado el auto como “demoledor” y ha añadido “que es lamentable que la Región de Murcia vuelva a ser noticia destacada en los medios de comunicación por un acontecimiento vergonzante, producto de la corrupción del Partido Popular.  Los jueces tiene que hacer su trabajo, pero es necesario que desde el Gobierno regional se den las pertinentes explicaciones”.

“¿Hasta cuándo abusará el Partido Popular de la paciencia de los murcianos?” se ha preguntado Sánchez, quien ha recordado que el levantamiento del secreto de sumario coincide con la declaración en sede judicial del ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez en relación al caso Pasarelas.“López Miras se empeña en ocultar el pasado ominoso de corrupción del Partido Popular, pero la corrupción está en la médula espinal de su partido”, ha añadido Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha resaltado que “El Partido Popular no puede intentar tapar todo el daño que ha hecho a los murcianos con un Congreso sin contenido, ni oposición. Los hechos demuestran que no estamos ante un PP regenerado, sino ante un PP consumido y agotado por la corrupción, que no encuentra el rumbo para dirigir el futuro de un millón y medio de murcianos. Hoy los informativos hablan de los delitos que investiga la jueza sobre la desalinizadora de Escombreras y sobre la declaración judicial del ex presidente ¿Qué será lo próximo?”.

El portavoz de la naranja se ha referido al enorme perjuicio que ha supuesto la desaladora de Escombreras para las arcas públicas al tener que pagar más de 600 millones de euros por comprar “a plazos” una desaladora que había costado 111 millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su mantenimiento por valor de varios millones de euros. “un modelo ruinoso como dijo el propio Cerdá durante su comparecencia en la Comisión”, ha recordado el portavoz de la formación naranja.

Sánchez ha incidido en que en las conclusiones elaboradas por la Comisión de Investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apuntaba a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá. “Vamos a esperar los acontecimientos, pero una vez más quienes van a pagar las consecuencias de la corrupción del Partido Popular son los murcianos”.

 

La juez del caso de la desaladora imputa al exconsejero Cerdá y a otros 11 sospechosos

 

 

El ‘caso La Sal’, centrado en un aparente entramado societario montado en torno a la desaladora de Escombreras que habría derivado en el saqueo de las arcas de la Comunidad Autónoma, bien puede acabar provocando una fuerte subida de la tensión política regional, debido a la relevancia de algunos de los antiguos cargos públicos ahora investigados. Por encima de todos ellos, como ya avanzó ‘La Verdad’ en noviembre de 2015, cuando la Fiscalía Superior de la Región presentó su denuncia por estos hechos, figura quien fue largo tiempo consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá Cerdá, cuya persona parece ser clave para entender el cúmulo de decisiones que se adoptaron desde la Administración regional sobre esa planta desalinizadora y que, en apariencia, resultaron enormemente gravosas para el erario público.

En un auto dictado el pasado día 7, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia y coordinadora de este procedimiento, María del Mar Azuar, avanza ya su determinación de interrogar en calidad de investigado/imputado al en otro tiempo todopoderoso consejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. Una decisión que se hace extensiva a otros once presuntos implicados en la supuesta trama malversadora: dos antiguos gerentes del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido Escudero y José Manuel Ferrer Cánovas; el abogado y ex secretario general de ese mismo organismo público, Andrés Arnaldos Cascales; los representantes legales de las mercantiles Cobra Instalaciones y Servicios y Cobra Concesiones -vinculadas al Grupo ACS-, Alfonso Aguirre Díaz Guardamino y Eugenio Llorente Gómez, respectivamente, y los empresarios murcianos que promovieron en su origen la desaladora a través de la firma Hidromanagement, Miguel Caballero Sandoval, Juan Jódar Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz y Juan Martínez Martínez.

Estos doce imputados son solo los primeros de una lista que promete hacerse mucho más larga conforme avance la investigación, pues no en vano la magistrada ya apunta en su auto a la aparente participación en la trama, con mayor o menor intensidad, a otras doce personas, entre representantes de sociedades mercantiles y altos funcionarios y asesores jurídicos y económicos de la Comunidad Autónoma, tanto internos como externos.

Dos años bajo secreto

Con esta resolución, la juez Azuar procede a levantar formalmente el secreto sobre el bautizado policialmente como ‘caso La Sal’, que parece llamado a convertirse en una de las más relevantes investigaciones sobre corrupción -tanto desde el punto de vista de las cuantías presuntamente malversadas como por el número y cualidad de los presuntos implicados- de la historia reciente de la judicatura murciana.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, al que correspondió por reparto la denuncia presentada por la Fiscalía en noviembre de 2015, asumió ese asunto unas semanas más tarde y la primera decisión fue declarar secretas las diligencias. En esa situación han permanecido durante dos años, a la espera de que especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, con sede en Madrid, efectuaran un exhaustivo análisis y un posterior informe sobre las decenas de miles de documentos que fueron incautados ya en un primer momento, mediante varios registros judiciales, y también entregados por la propia Administración regional a requerimiento del Ministerio Público.

Ahora, con ese informe policial ya en manos de la juez, esta ha procedido a levantar el secreto que pesaba sobre el asunto y a avanzar cuáles serán las líneas básicas de su investigación.

Para empezar, deja constancia en su resolución de que el núcleo principal es establecer si, como se sospecha, la desalinizadora de Escombreras, que fue impulsada en su origen por un grupo privado de empresarios, se creó ya «con el propósito inicial de transformarla en empresa pública, asumiendo así el erario público todas las operaciones millonarias buscadas, sin aplicación de la legislación sobre contratación pública». Dicho de otra forma, la magistrada pretende aclarar si ya desde un primer momento existía un acuerdo o concierto criminal para que lo que parecía un proyecto exclusivamente privado fuera ‘cargado’ con lastres y compromisos multimillonarios, que la Comunidad asumiría íntegramente ‘a posteriori’, con grave daño para las arcas públicas.

Esas maniobras se habrían realizado soslayando las normas sobre contratación en las administraciones públicas, «sin garantizar que los contratos suscritos se ajustasen a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos». Tampoco se habría velado, siempre según el auto judicial, «por asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa».

A modo de conclusión, la juez va mucho más allá al señalar que «se trataría de un proyecto preconcebido, contando desde el principio con la connivencia activa y preconcebida de, al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo». Esta operación del Gobierno regional para acabar asumiendo la explotación y gestión de la desaladora de Escombreras acarreó el compromiso, en estos momentos aún vigente, de tener que desembolsar en torno a 600 millones de euros en un plazo de 25 años.

Las gestiones para desentrañar esta aparente trama de intereses conformarán la pieza principal del ‘caso La Sal’, pero la magistrada advierte en su auto de que además se abrirá otra pieza separada, que buscará esclarecer las razones por las que el abogado Andrés Arnaldos -otro de los investigados cuya participación parece clave en este asunto desde su origen- fue elegido y nombrado para actuar en representación de la Comunidad Autónoma, así como su participación ante las demandas interpuestas en su día por Hidromanagement y Tedagua contra la mercantil Desaladora de Escombreras.

En esa línea, la instructora ya ordena en su auto que el Ente Público de Saneamiento (Esamur) remita cuanta documentación posea sobre la contratación de Andrés Arnaldos y de los despachos legales Cuatrecasas y Ariño, y lo mismo respecto de Desaladora de Escombreras, a la que pide datos sobre su relación comercial con Arnaldos.

Con esta resolución, la investigación del ‘caso La Sal’ empieza finalmente a coger ritmo.

 

 

 

FUENTE: LAVERDAD