Tienen razón los jueces de la Audiencia Nacional (AN) cuando sostienen que el de José Villarejo Pérez es “el caso de corrupción más grave de los ocurridos en democracia”, y eso que hemos tenido donde elegir en los últimos 40 años. Porque engloba en sí mismo todas las corrupciones posibles, y porque afecta de forma tan directa como fatal a la Corona, la Justicia, la Seguridad del Estado, la clase política y empresarial, y naturalmente la periodística. El 17 de noviembre de 2017, el titular de tamaño destrozo fue detenido por Asuntos Internos de la Policía acusado de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en relación a la trama de empresas de su propiedad. En la cárcel de Estremera sigue el angelito. El descifrado del embrollo se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Plaza de Castilla y en el Juzgado Central nº 6 de la AN, entre otros, pero un extraño marasmo parece invadirlo todo: la sensación de que nadie quiere comerse ese marrón, ascua que quema, porque cualquier indagación apunta pronto “hacia arriba”. Convencido de la fuerza de su chantaje, el aludido lleva tiempo soltando auténticos torpedos que no han logrado el resultado esperado: a todos les gustaría que Villarejo desapareciera del mapa sin dejar rastro, pero nadie se atreve a obrar en consecuencia. Hoy no es posible ponerlo en libertad sin que caigan las ya de por sí frágiles columnas del templo. ¿Qué hacer con Villarejo?

Ahora sabemos que el comisario y su segundo de a bordo, Enrique García Castaño, alias El Gordo, compartieron frecuentes francachelas con una hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, que celebraba alborozada las zafias confidencias de los polizontes en compañía de su intimísimo Baltasar Garzón, un tipo expulsado de la carrera judicial por prevaricación. La ministra Delgado está políticamente muerta, por mucho que el presidente, incapaz de soportar una nueva dimisión en su Gabinete, se empeñe en mantenerla para oprobio de demócratas. Las revelaciones del comisario en formato audio se han llevado también por delante la carrera política de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, entre otras cosas. Este jueves, Tono Calleja y Alex Requeijopublicaban en Vozpopuli la transcripción de un audio según el cual el inevitable Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, a punto de levantar el vuelo para Estados Unidos, tranquilizaba a Villarejo sobre asuntos de su interés que llevaba en su juzgado, asegurándole que su sustituto, el también juez Grande-Marlaska, era un tipo de fiar: “Me ha dicho que confíe en él, que es un tipo cojonudo”. Marlaska, hoy ministro de Interior, asegura no recordar haber mantenido contacto alguno con estos comisarios. Una clase política achicharrada con y por Villarejo. Nadie quiere saber nada de Villarejo.

¿Quién quiere salvar a Pepe Villarejo? En el Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, a cargo del juez Arturo Zamarriego, el “caso del pequeño Nicolás” acabó convirtiéndose en el “caso Villarejo” para desgracia del ex comisario. Zamarriego, un juez valiente, decide nombrar una Comisión Judicial de apoyo, encabezada por el máximo responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, con la intención de inspeccionar los bajos del clan mafioso. Con la ayuda del agente Rubén López, Martín Blas inicia una minuciosa investigación que pronto da sus frutos, porque ya en mayo de 2016 presentan al juez un detallado informe en el que acusan a toda la cúpula policial, incluido el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, de “organización criminal”. Pino cesa a Martín Blas con la idea de acabar con la investigación, pero Zamarriego lo rescata de inmediato. Respaldado por el trabajo de esa Comisión, el juez está convencido de que si se atreve a empapelar a la cúpula policial que ha corrompido el sistema pasará a la historia como el justo que fue capaz de limpiar una Seguridad del Estado corrompida de la cruz a la raya. “Podemos acabar de una vez por todas con la corrupción policial”, le animan. Y él mismo se estimula, “que sí, que sí, que vamos palante”. Y todo está preparado para detener a Villarejo con las manos en la masa, a Villarejo y a los que están por encima de Villarejo (Pino, Linares, Díaz-Pintado y tantos otros), un volcán a punto de explotar, el operativo montado, las horas precisas, los agentes listos, pero en el último minuto, a punto de estampar su firma, Zamarriego duda, levanta el boli del auto que debía autorizarla y la operación se suspende.

Ha ocurrido lo inesperado: el juez Zamarriego da el salto a la Audiencia Provincial de Madrid, un paso adelante en su carrera que deja empantanada la investigación del caso Villarejo. José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, promete a su amigo Arturo un puesto a su lado, le asegura la máxima promoción, todo el mundo quiere poner el culo en la AN, pero como no te puedes venir de golpe, porque eso llamaría mucho la atención, tienes que pasar una temporadita en el purgatorio de la Audiencia Provincial como primer paso. Y Zamarriego acepta, es humano, sus dos amigos (Navarro y Diego de Egea, los tres jurídico-militares, los tres devotos del principio de obediencia debida, los tres hombres de honor empeñados en hacer Justicia) han alcanzado ya el éxito profesional y él todavía transita por un juzgado de la plaza de Castilla. Y Zamarriego, un tipo íntegro que estaba decidido a acabar con Villarejo, se rinde.

Las extrañas visitas al despacho del juez

Si en mayo de 2016, los policías de la Comisión ya tenían clara la estructura delictiva del clan Villarejo, en septiembre de ese mismo año el juez Zamarriego asiste perplejo a una auténtica peregrinación de notables que pasan por su despacho dispuestos a interceder por el ex comisario. La nómina se ha podido concretar tirando del hilo de las conversaciones grabadas a Eduardo Zaplana. El primero es Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte con Felipe González. Después llegó la visita de Javier Gómez Navarro, ex ministro de Comercio con Felipe y ex presidente del Consejo Superior de Cámaras entre 2005 y 2014. Luego desfiló el también influyente socialista Javier de Paz, miembro del consejo de Telefónica e íntimo amigo de Rodríguez Zapatero. A continuación llegó el turno de su gran amigo y compañero en el Consejo de Telefónica, el citado Zaplana, hoy en prisión gravemente enfermo. Y por fin apareció en el despacho del magistrado el mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente del Gobierno hoy dedicado de hoz y coz a un vergonzoso trapicheo con el criminal régimen de Maduro. Y todos van, más menos, con el mismo mensaje: hay que buscar una solución para ese probo personaje que es Pepe Villarejo, un tipo que ha prestado tan grandes servicios al Estado, y “esta historia tiene que terminar sin vencedores ni vencidos”, pero, ¿quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos? Todos quieren detener el brazo de la Justicia y extender un manto de silencio sobre el mayor caso de corrupción de la democracia española.

Ayer supimos, en exclusiva Vozpopuli, que Zapatero se reunió hace apenas 15 días con Pablo Iglesias en el espléndido apartamento que Javier de Paz posee en las inmediaciones del Palacio Longoria, sede de la SGAE, en la calle Fernando VI, cerca de la plaza de Alonso Martínez. ¿De qué se habló en esa cena? Además de transmitir los últimos mensajes traídos de allende el Atlántico por el correo privado del zar bolivariano, ¿está Zapatero intentando lograr el nihil obstat del señor marqués de Villatinaja a la gran componenda que tantos y tan poderosos personajes parecen decididos a intentar con el “caso Villarejo”, y que no es otra que la de ponerle en libertad a cambio de su definitivo silencio?

Zamarriego abandona el Juzgado de Instrucción nº 2 y en su lugar, como sustituta, aterriza la juez Pilar Martínez Gámez, procedente del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, Castilla-La Mancha, territorio Cospedal, sin la menor idea de las aguas pantanosas por las que se disponía a incursionar, aunque muchos sospechan que con la idea clara de dar carpetazo al asunto. ¿Cómo es posible que para sustituir a un juez de instrucción de Madrid que lleva casos tan notorios como los citados llegue una señora de Toledo y de un juzgado de lo Social? ¿No habrá estado por medio el jefe de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, el amigo José Javier Polo, íntimo de Cospedal? El hecho cierto es que la juez Martínez pone manos a la obra, disuelve la Comisión Judicial, archiva la investigación, y dos meses después imputa a los investigadores Marcelino Martín Blas y Rubén López. ¡El mundo al revés o no tanto…! La investigación sobre Villarejo en el “caso del pequeño Nicolás” está hoy en punto muerto -el poder de los poderosos amigos del ex comisario-, aunque fuentes de las acusaciones sugieren la posibilidad de que esta causa acabe también en la AN.

También Diego de Egea asciende

Todo cambió para el personaje tras una denuncia anónima que le vinculaba con el cobro de comisiones por trabajos efectuados para Gepetrol, la empresa nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial, una denuncia muy oportuna que no ponía en peligro ni a la Corona, ni al Gobierno Rajoy, ni a la cúpula de los jueces, ni al lucero del alba. La denuncia recayó en la Fiscalía Anticorrupción y en la AN, concretamente en el Juzgado Central de Instrucción nº 6, cuyo titular es el magistrado García-Castellón. Con Villarejo en la cárcel, de las correspondientes pesquisas se ha venido encargando hasta ahora Diego de Egea como juez de refuerzo, nombrado para tal misión por su amigo Moncho Navarro. El material incautado aquel 7 de noviembre de 2017, “operación Tándem”, equivale a cerca de 35 terabytes de información que alojan 400 carpetas informáticas, resultado de 25 años de desvelos del micrófono espía de quien fuera ascendido a comisario por Alfredo Pérez Rubalcaba sin reunir los requisitos exigidos. Todo un régimen, el de la Transición, en los ficheros de Villarejo. Jueces, fiscales, políticos, empresarios del Ibex, todos muy asustados, que, con excepción de Francisco González (BBVA), aún no han enseñado la patita, y periodistas, aunque todo el mundo saben quiénes formaban parte de esa cuadra.

Pero el juez De Egea –algunas de cuyas decisiones han sido fuertemente contestadas por los fiscales anticorrupción del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano-, lo deja. Él también va a ser ascendido en su carrera profesional, dejando de nuevo empantanada la investigación de la mafia jurídico-policial. Su candidatura parece ser la favorita para presidir la Audiencia Provincial de Madrid. Qué cosa tan curiosa: ¡todos los jueces que tienen que ver con la instrucción del escándalo Villarejo ascienden como la espuma…! En caso de confirmarse tal evento, una de las primeras tareas que tendría que afrontar el nuevo CGPJ salido del vergonzante pacto suscrito entre Sánchez y Casado sería el nombramiento de un sustituto como juez de refuerzo en el Central nº 6. En realidad, la suerte de Diego de Egea está en manos de Dolores Delgado, la mujer achicharrada por la grabadora de Villarejo, y del nuevo presidente del CGPJ, Manuel Marchena, un jurista amigo de Schola Iuris, el tinglado de Villarejo para tener entretenidos a jueces y fiscales con conferencias bien remuneradas. Todo huele a podrido. Mientras tanto, el rey del hampa policial amenaza: “Si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre», aseguró el pasado julio. «Y la traca final… antes de Navidad”.

 

 

FUENTE: VOZPOPULI