Valcárcel afirma que hasta pasados siete años no supo lo que costaría la desaladora

No quería asumir protagonismo alguno ni siquiera participar en el ‘canutazo’ a los medios de comunicación que ofrecieron el presidente regional, Fernando López Miras; el secretario de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España, Carlos Cabanas, y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca. El expresidente regional y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, acudió ayer al Auditorio Víctor Villegas con el único propósito de ofrecer una conferencia en el congreso nacional cooperativista, para, a renglón seguido, dirigirse al aeropuerto y regresar a Bruselas. Sin embargo, accedió a atender a ‘La Verdad’ y dar su versión sobre las diligencias penales en las que se investiga una supuesta trama delictiva en torno a la desaladora de Escombreras; el conocido como ‘caso La Sal’.

-¿Le preocupan las informaciones sobre la desaladora?

-Me preocupa todo lo que afecte, como es natural, a gobiernos sobre los cuales he tenido responsabilidad.

Después de ese pequeño inciso, Valcárcel aseguró que las decisiones adoptadas en torno a la gestación del proyecto de la desalobradora solo son achacables al Ente Público del Agua (EPA), que estaba presidido por quien era su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. «La labor del Consejo de Gobierno digamos que consistió, primero, en dotar al EPA de autorización para que pudiera llevar a cabo las negociaciones pertinentes y constituir de esa manera la empresa. Es decir, a partir de ahí, el EPA tiene un consejo de administración, que es el que toma decisiones, aunque se supone que hay filtros también, como la Intervención, etcétera».

Con ese argumento, recalcó que «al Consejo de Gobierno no le llega ninguna de las cuestiones en donde se pueda hablar de contratos leoninos», en clara referencia a los 600 millones que en 2006 la Comunidad se comprometió a pagar por el alquiler de la planta, durante 25 años, al margen de que se produjera o no algún caudal. Con estas palabras -como la referencia al coste «leonino» de la operación- demostraba que, pese a residir la mayor parte del tiempo en Bruselas, no es ajeno a los datos que ‘La Verdad’ viene desvelando desde hace días.

Dice que se enteró en 2013

«Cuando el Consejo de Gobierno conoce esto en el año 2013, inmediatamente ponemos en marcha mecanismos para que esos 600 millones de coste, que eran teoría, no práctica, desde luego no pudieran prosperar en ningún momento».

Y se refirió a los términos del compromiso suscrito con el Grupo ACS en el sentido de que «si el Gobierno de Murcia no cumple con lo contratado tendrá que pagar 600 millones; eso es lo que dice el papel. ¡Disparatado! Esto no lo conocíamos hasta que se da a conocer, cuidado». Valcárcel aseguró que para ese momento «el Gobierno de Murcia llevaba dos años sin pagar. ¿Usted sabe si hay alguna partida en la que se hayan pagado 600 millones? ¿Hay alguna partida? ¿Verdad que no? La teoría decía eso, ¿pero qué dijo la práctica? Otra cosa distinta».

Con ello vino a apuntar que el riesgo para la Comunidad de tener que cumplir con esos compromisos de pago ha sido abortado, lo cual es dudoso, pues el contrato sigue vigente y el riesgo financiero está intacto.

Valcárcel desveló que, al conocer esas cifras, «el consejero Bernal y yo nos fuimos inmediatamente a ver al señor Florentino Pérez, y le dijimos que esto hay que resolverlo poniendo un precio; el precio real, nada de 600 millones. Nadie pagó 600 millones. Nadie ha pagado 600 millones y nadie va a pagar 600 millones». «El propio Florentino Pérez -prosiguió- dijo: ‘De acuerdo, dado que vosotros sois accionistas mayoritarios, yo pongo en venta esta planta justo por lo que me ha costado y lo que tengo que pagar al banco’. Punto y final. No había 600 millones. La práctica ha desdicho a la teoría».

Este diario no pudo realizar más preguntas porque Valcárcel se excusó asegurando que debía coger un avión. «Pierdo un vuelo».