El juicio de la pieza política del caso ERE -que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– apenas ha deparado sorpresas desde que arrancó el 13 de diciembre pasado. En estos meses, poco o nada se ha salido del guión previsto. Al menos hasta ahora.
Un cambio aparentemente menor, la sustitución de uno de los abogados de la defensa, podría suponer un punto de inflexión y un giro en el juicio cuyas consecuencias son difíciles de prever. Se trata del relevo que se ha producido en la defensa del principal imputado, el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que ha cambiado de letrado en pleno juicio y en una maniobra que ha despertado no pocos recelos.
«Diferencias irreconciliables». Ése el eufemismo que esgrime oficialmente para explicar su ruptura Guerrero, y quien hasta hace sólo unas semanas era su abogado, Fernando de Pablo. Sin embargo, el sorprendente cambio de letrado está motivado por algo más que por esas «diferencias irreconciliables».
Detrás sitúan a otro de los imputados por la juez Mercedes Alaya en la macrocausa, el abogado Carlos Leal Bonmati, administrador único de Estudios Jurídicos Villasís, que la ex titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla consideraba un elemento clave en el blanqueo de las comisiones que se llevaba Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE.
El cambio de abogado de Guerrero -el autor, aunque ahora lo desmiente, del término fondo de reptiles para referirse a la partida presupuestaria de la que salía el dinero de los ERE- se oficializó el 16 de abril pasado, cuando De Pablo dejó el sitio que ha venido ocupando en la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla desde el pasado 13 de diciembre, cuando comenzó el juicio de la pieza política.
Ese día el propio Guerrero presentó un escrito en el que trasladaba al tribunal que su nuevo abogado era José Ávila, del despacho AMF Abogados.
El propio Fernando de Pablo, en declaraciones a este periódico, apunta a Carlos Leal como el artífice del cambio de abogado. Y va más allá al asegurar que, en realidad, de lo que se trata es de que la defensa de Guerrero pasa ahora a estar dirigida por el propio Leal, un abogado laboralista que, según la investigación de la Guardia Civil y según Alaya, no sólo lavaba el dinero de las comisiones que se embolsaba Lanzas. Además, eran una «figura trascendental» en todo el entramado y asesoraba a trabajadores afectados por los ERE que financiaba la Junta.
Por si fuera poco, Estudios Jurídicos Villasís llegó a adelantar dinero a empresas a las que Guerrero había concedido ayudas que la Junta no podía abonar de forma inmediata por falta de disponibilidad presupuestaria.
Cuenta De Pablo que Carlos Leal está tan involucrado en la estrategia procesal del ex director general de Trabajo que «quería ir a interrogar a los peritos» en el juicio de los ERE.
«No le he tenido que convencer»
El mismo Leal Bonmati ha reconocido a EL MUNDO que ha tenido que ver en el relevo en la defensa de Guerrero y que se ha reunido en varias ocasiones con Ávila, aunque niega que su papel haya sido fundamental.
«Yo no lo he tenido que convencer, había mucha gente apretándole», señala Leal, quien admite que sí ha tenido conversaciones con el ex director de Trabajo, «pero esto no se decide en media hora», apunta.
También reconoce haberse «sentado» con José Ávila, aunque hace hincapié en que el nuevo abogado de Guerrero fue el que le llamó. Como muchos otros.
El socio director de Estudios Jurídicos Villasís sostiene que son «muchos» los que le han llamado y le llaman y que Guerrero es sólo uno de ellos. Porque, argumenta, «el que lo sabe todo soy yo».
Se refiere a una línea de defensa a la que están agarrando varios de los imputados -Guerrero ha sido el último tras el relevo en su defensa- y que consiste en esgrimir el procedimiento de concesión de ayudas del Gobierno central y la normativa que lo regía, de 1995.
Según su teoría, que viene repitiendo desde hace años, prácticamente desde que Alaya inició la investigación y le imputó, no hay caso en los ERE porque lo que hizo la Junta fue aplicar los criterios y las normas que usaba el Gobierno central. Ni más ni menos.
Fernando de Pablo dice abiertamente que Leal «está obsesionado» con este tema y que estaría usando su influencia sobre Guerrero y su defensa en beneficio propio. Aunque hay otros abogados, que no quieren ser citados, que apuntan a otras motivaciones que podrían ser calificadas de teorías conspirativas.
Sin entrar en eso, una de las dudas que más hace sospechar es quién se hace cargo de la minuta del nuevo abogado de Guerrero. Parece claro que él no, porque apenas cobra 700 euros al mes.
Su ex letrado afirma que hay «empresarios» que se habrían comprometido a sufragar los gastos y que, a su vez, habrían sido convencidos para ello por Carlos Leal. El aludido lo niega y Guerrero no ha contestado a las llamadas y mensajes de este periódico.
FUENTE: ELMUNDO
