Catorce meses después de la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo, la investigación judicial sobre sus actividades se ha traducido ya en dos sumarios, uno de ellos con una decena de piezas separadas. Aunque la mitad aún permanecen secretas, en las que se conocen hay 38 personas imputadas, además de siete empresas. Entre los primeros, una docena de policías, cinco de ellos comisarios. Son las cifras de una causa que crece al ritmo que marca el lento desencriptado de las grabaciones ilegales que atesoraba Villarejo.
Las pesquisas de los últimos meses han constatado estas afirmaciones en los dos sumarios en los que se investigan las actividades irregulares de Villarejo, ambos abiertos en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción 6. El primero de los sumarios son las Diligencias Previas 96/2017, las que dieron pie a la Operación Tándem que desembocó en la detención en noviembre de aquel año del comisario jubilado.
El segundo es el abierto por las relaciones del alto mando policial con otro comisario, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo. Es la Operación Big, en referencia al nombre con el que Villarejo citada a su compañero en la documentación que se le intervino tras su arresto.
Ambos sumarios suman ya, al menos, 38 imputados, aunque fuentes jurídicas reconocen que al estar buena parte de la investigación aún bajo secreto, esa cifra puede ser mayor. De los que se conocen, cerca de un tercio corresponden a policías en activo o ya jubilados, entre ellos cinco comisarios. Así, además de Villarejo —que se jubiló en junio de 2016— y García Castaño, están los también comisarios Carlos Salamanca, Andrés Gómez Gordo y Eugenio Pinto. Este último, procesado recientemente por otro juez por intentar introducir en el caso Pujol un pendrive con información bancaria supuestamente robada a la familia del expresidente de la Generalitat, fue el jefe máximo de la Policía entre 2012 y 2016 en su condición de director adjunto operativo.
Jubilados y en activo
Entre los otros policías hay dos inspectores jefes ya jubilados —Juan José Díaz y Manuel Novoa—, el inspector Antonio Bonilla —que figuraba como directivo de una de las empresas de Villarejo—, y tres policías. Uno es David Fernández Aumente, ya retirado, pero que ejercía de jefe de seguridad de una de las clientas del comisario jubilado, la empresaria Susana García Cereceda. Otros dos agentes son la esposa de García Castaño y un policía que supuestamente facilitó información reservada sobre un pequeño empresario y un abogado andaluz a los que la trama pretendía extorsionar por encargo.
El último agente imputado es Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que se convirtió en confidente durante el espionaje sin control judicial al que la Policía sometió al extesorero para robarle documentación comprometedora para el PP. Ríos, que recibió por su colaboración 2.000 euros al mes durante cerca de dos años, también fue recompensado con su ingreso en la policía nacional cuando tenía 40 años, muy por encima de la edad media habitual de los aspirantes. Las pesquisas han revelado que Villarejo también contaba con la colaboración de un funcionario de Hacienda, Antonio Chaparro, y un responsable de informática del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés.