El juez de Madrid Juan Javier Pérez Pérez ha llegado a la conclusión de que el número dos de la Policía con el último Gobierno del PP intentó incorporar a la causa de la Audiencia Nacional contra los Pujol información robada y personal del primogénito del expresident.
Se trata del comisario Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó y jefe directo de José Manuel Villarejo durante las operaciones Catalunya y Kitchen, ésta última planeada para sustraer documentación del domicilio de los Bárcenas a través del pago con fondos reservados al chófer de la familia. La Operación Kitchen es objeto de una pieza secreta del caso Villarejo en la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid considera que hay indicios suficientes para procesar al comisario Pino y a uno de sus subordinados por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos. Se trata de la causa judicial más avanzada contra las maniobras de la policía política que operó en el seno del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, dedicada a fabricar informes contra los adversarios políticos del PP. Pino había sido el policía elegido por el partido de Rajoy para la dirección operativa del Cuerpo.
“Existen indicios de que los investigados pudieron concertarse para aportar al procedimiento judicial, por medio de la UDEF, un pendrive, conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola (aunque se ignoran las circunstancias de dicha sustracción), ocultando su procedencia, bajo la alegación de vagas y genéricas referencias a su origen”, alega el magistrado Pérez Pérez en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Además, el comisario Pino y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano “faltaron a la verdad” ante el juez que investiga el caso Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata, añade el magistrado de Madrid, que acuerda que la causa pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento cuando se investigan delitos castigados con una pena inferior a nueve años, según adelantó elconfidencial.com. De hecho, las contradicciones entre las declaraciones de uno y otro y respecto de ellos mismos en distintas ocasiones ante el juez han sido determinantes para consolidar los indicios contra los policías.
La rápida reacción del juez De la Mata a la maniobra policial evitó que toda la causa por corrupción contra los Pujol quedara contaminada y corriera el riesgo de ser anulada. El magistrado abrió una pieza separada que terminó enviando a los juzgados de Plaza de Castilla, competentes para investigar los indicios de delito que él apreció tras las primeras diligencias y que ahora confirma el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.
La Brigada Anticorrupción de la Policía presentó al juez José de la Mata un informe en abril de 2016 que abría nuevas líneas de investigación a la familia Pujol, basadas en la información contenida en el lápiz de memoria.
Las contradicciones en las que incurría el propio informe sobre su procedencia hicieron sospechar al juez. En un sitio decía que el pendrive surgía de la “cooperación policial” y al tiempo bases de datos de “inteligencia policial”. El jefe del Grupo de la UDEF que investiga a los Pujol puso por escrito que la información procedía del registro con orden judicial de las oficinas de la agencia de detectives Método 3, en Barcelona, lo que después ha quedado descartado.
El magistrado que imputa a Pino y a Díez Sevillano archiva, por contra, las actuaciones contra el jefe de este grupo al constatar que «goza de la plena confianza» del magistrado De la Mata para la investigación a los Pujol.
En el auto afloran varios aspectos de la Operación Catalunya. Dice el juez Pérez Pérez que «no se ignora la existencia de rivalidades en altos niveles del Cuerpo Nacional de Policía, que pueden haber tenido influencia en el caso que nos ocupa». Se refiere al enfrentamiento entre el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, con Pino, consecuencia del violento choque entre el primero y el comisario Villarejo.
El comisario Eugenio Pino se jubiló en el verano de 2016 con la más alta distinción que un ministro del Interior, en este caso Jorge Fernández Díaz, puede conceder a un policía en vida, la Cruz de Plata al Mérito Policial, con una gratificación del 15% del sueldo de por vida. Díez Sevillano integró el grupo de comisarios que prestaron servicio en la brigada política y que se conviertieron en ‘diezmileuristas’ gracias a los destinos dorados en las embajadas que les fueron asignados, como reveló eldiario.es. El actual ministro Fernando Grande-Marlaska les ha devuelto a puestos en España sin esas gratificaciones.