El jefe de servicio de Radiología del Hospital General Universitario de Castellón, José García Vila, denunció este lunes un presunto caso de «corrupción» que afecta a una de las grandes privatizaciones de la Comunidad Valenciana en la etapa de gobierno del PP: el servicio de resonancias magnéticas, que un grupo de empresas se ha repartido durante los últimos 20 años. García Vila revela en su denuncia ante la propia Consejería de Sanidad Universal un gran desfase entre la facturación que la concesionaria realizaba a su departamento hasta 2008, cuando superaba los cuatro millones de euros al año, y lo que ha facturado a partir de entonces, algo más de dos millones, a pesar de haber aumentado el precio de las pruebas. Y ve tras ello una presunta «manipulación de la facturación».
Eresa, la empresa señalada por el responsable médico, rechaza las acusaciones y asegura que las grandes diferencias se deben fundamentalmente a que hasta 2008 la facturación englobaba las resonancias realizadas en dos hospitales —el general y el provincial, ambos de Castellón—, mientras que a partir de esa fecha la facturación de cada uno de los centros se realizó por separado.
La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de la Generalitat, concluyó la legislatura pasada que la gestión pública de las resonancias había permitido reducir el coste medio de la exploración de los 257,1 euros que representó en 2012 a 108,3. El ahorro anual resultante estimado por la Sindicatura oscilaba entre 3,3 millones y 16,7 millones de euros.
Esos números eran aplicables al periodo del segundo concierto de resonancias, entre 2008 y octubre de 2018. Las presuntas irregularidades denunciadas por el jefe de servicio implican, sin embargo, que los sobrecostes durante el primer concierto, de 2000 a 2008, fueron muy superiores.
García Vila asegura que los datos oficiales, que durante «muchos años fueron opacos a los jefes de servicio», reflejan que Eresa facturó al Departamento de Salud de Castellón cantidades cercanas o superiores a los cuatro millones de euros anuales. En 2006, 4,4 millones. Y en 2007, 4,6. El jefe de servicio mantiene que el concierto que se implantó en 2008 mantuvo el catálogo de exploraciones y elevó el precio de las pruebas, mientras el número total de resonancias practicadas crecía. A pesar de ello, la facturación, en lugar de aumentar, cayó con fuerza a partir de ese año. Según los datos de su denuncia, la concesionaria pasó a facturar 2,4 millones en 2008, 2,3 millones en 2009 y 2,2 millones en 2010. Lo único que, según el responsable médico, explica ese súbito descenso son presuntas «manipulaciones en la facturación» en el periodo de 2000 a 2008, que considera que pueden entrañar malversación de caudales. El médico señala que lo mismo pudo ocurrir en otros departamentos de salud valencianos.
Cambio de catálogo
Eresa volvió a ser adjudicataria del concurso de resonancias magnéticas convocado en 2008 por la Generalitat integrada en una Unión Temporal de Empresas —llamada Erescanner Salud— que lideraba con el 49% de las acciones. Una portavoz de Eresa, que forma parte del Grupo Ascires, rechaza las acusaciones formuladas por el responsable médico de Castellón y afirma que la razón principal por la que la facturación experimentó un súbito descenso fue que, a partir de ese año, la empresa dejó de facturar conjuntamente a la Generalitat las pruebas realizadas para el Hospital General y para el Hospital Provincial de Castellón.
El segundo motivo que explica el descenso de la facturación, sigue la portavoz, fue que, a pesar de que a partir de 2008 el catálogo mantuvo los mismos nombres que en el periodo anterior (2000-2008), las pruebas no incluían las mismas «regiones anatómicas», señala. Por ejemplo: en el primer convenio la compañía facturaba la resonancia de una mano como una exploración simple y la resonancia del antebrazo como otra exploración simple; a partir de 2008, en cambio, la empresa incluía en una sola imagen la mano y el antebrazo y la facturaba como una única exploración. La portavoz también argumenta que las técnicas se abaratan con el tiempo, y que la compañía ya fue investigada hace cinco años por la Fiscalía, Hacienda y la Sindicatura de Comptes sin que se probara ninguna actividad delictiva.
La privatización de las resonancias ha estado envuelta en la polémica desde su aprobación, en 2000. Los profesionales y las sociedades científicas pronosticaron que privatizar resultaría más caro y multiplicaría el número de pruebas diagnósticas. La tasa valenciana de resonancias, al cabo de pocos años, doblaba la media española, según la Sindicatura de Comptes.
Una desprivatización complicada
El Gobierno valenciano, integrado por socialistas y Compromís, anunció al inicio de la legislatura la reversión de las privatizaciones sanitarias. La de la gestión del hospital de Alzira y su área de salud se produjo en abril. La del servicio de resonancias, cuya concesión de 10 años acabó en octubre, está resultando, en cambio, más compleja y la Consejería de Sanidad Universal se ha visto obligada a prorrogar unos meses la externalización.
José Vilar, que fue jefe de servicio de Radiología del Hospital Peset de Valencia, el primero público que hizo resonancias en España y que ha asesorado a la Generalitat en el proceso, afirma que la privatización generó entre los médicos una cultura de petición excesiva de pruebas diagnósticas. Y reducirlas de golpe despertaría quejas de los pacientes acostumbrados a ellas y tendría un coste político. Sin reducir la demanda, el sector público solo puede absorber el 70% de las resonancias que se han venido practicando. El resto, aunque a un precio muy inferior, seguirán de momento siendo subcontratadas.
El segundo motivo que ha llevado a la Generalitat a aplazar la desprivatización ha sido hallar la fórmula laboral bajo la que el sector público absorberá a los empleados de la concesionaria, que han estado 20 años trabajando dentro de los hospitales públicos.
