Quienes utilizan el ya histórico reparto de vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desprestigiar las instituciones democráticas tendrán hoy, por desgracia, más argumentos que nunca para acusar a la Justicia de estar politizada. Pero no solo porque la fórmula utilizada no sea la que fija la Constitución en su artículo 122.3, ya que en una sentencia, tan polémica como histórica, el Tribunal Constitucional avaló la Ley Orgánica del CGPJ de 1985 -aquella por la cual Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu– y permitió que, de facto, los 20 vocales del máximo órgano de representación de los jueces sean elegidos legalmente con el aval del Congreso y el Senado. También, y sobre todo, porque el reparto ha adquirido tal nivel de cambalache que se ha conocido el nombre del próximo presidente del CGPJ antes de saberse quiénes serán los vocales que, como dicta la Ley, tendrían que votarlo. Es decir, que los vocales elegidos lo habrán sido bajo la condición de votar como presidente a Manuel Marchena, el nombre de consenso al que han llegado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá.
Pero el acuerdo no solo es pernicioso para la imagen de la Justicia. También lo es para la seguridad y la estabilidad del Estado de derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por cuanto que el pacto implica que Marchena, actualmente presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya había condenado al ex conseller Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9-N de 2014, no presidirá el tribunal que juzgue a los responsables del golpe independentista. En su lugar lo hará Andrés Martínez Arrieta, que estará al frente de una sala de mayoría progresista, tras la entrada de Susana Polo, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, alterando así la relación de fuerzas ideológicas en el juicio más importante de nuestra historia reciente. De la misma forma, también en el CGPJ habrá mayoría progresista, después de que el PP haya cedido, de manera insólita, un vocal más al PSOE, que dispondrá de 11, mientras que los populares elegirán solo a nueve.
El pacto, además, inhabilita a Pedro Sánchez y a Pablo Casado (pero también a Pablo Iglesias, que ha entrado en el juego partitocrático) para hablar de regeneración democrática, ya que poco respeto demuestran hacia el Poder Judicial quienes mercadean con sus miembros. También, las asociaciones de jueces, que el día 19 han convocado una huelga en favor de la independencia judicial, salen manchadas tras su implícita aceptación del pacto. Solo Albert Rivera, que recordó que el Poder Judicial no es un «supermercado», ha mantenido la dignidad democrática, exigiendo que se vuelva al sistema de elección de 1978 y se garantice una independencia real de la Justicia.
