La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar a la senadora y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama ‘Púnica’.
La Sala, en cuyo auto recoge la exposición razonada del juez Velasco, considera que los hechos atribuidos a Barreiro «son susceptibles de ser calificados como constitutivos» de cinco delitos. Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De Pedro -considerado el ‘conseguidor’ de la ‘Púnica’- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Dinero público para trabajos particulares
En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 subraya también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público previsto trabajos particularescomo la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.
El juez de la Audiencia Nacional cree que la senadora «sentía una honda preocupación reputacional» por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado ‘caso Novo Cartago’, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.
La senadora popular presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa ‘popular’ participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron «enmascarando» el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.
