Durante años, los habitantes de Castilla-La Mancha y Murcia se han tirado los trastos a la cabeza en la llamada ‘guerra del agua’ por el trasvase Tajo-Segura. Se han vertido tantos ríos de tinta al respecto que, si los habitantes de ambas regiones fueran capaces de bebérsela, se habría resuelto el problema hace tiempo.

Mientras tanto, los habitantes de seis comarcas gerundenses (Ripollés, Osona, Selva, Gironés, Bajo Ampurdán y Girona capital) llevan años viendo cómo el 70% del caudal del río Ter se marchaba hacia el sur para dar de beber al área metropolitana de Barcelona. Esta semana, Carles Puigdemont -que antes de presidente de la Generalitat fue alcalde de Girona- ha suscrito un acuerdo que promete acabar con el «agravio histórico» de los habitantes del norte de Cataluña reduciendo a la mitad el agua que ceden a Barcelona en los próximos diez años.

«Es un trasvase que mueve 229 hectómetros cúbicos al año y no lo conoce ni su padre», explica a Teknautas Ramón Llamas, antiguo director del Observatorio del Agua y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. «¿Por qué ocurre esto? Porque el Tajo-Segura se ha convertido en un arma política tanto de los murcianos como de los castellano-manchegos, pero como este trasvase está dentro de Cataluña nadie habla de él, cuando el volumen de agua del Ter-Llobregat es sólo un poco menor que el Tajo-Segura».

En realidad, el trasvase catalán es el segundo en capacidad de España, por detrás del ya citado Tajo-Segura y por delante del Zadorra-Arratia, que comienza y termina en el País Vasco para abastecer al área metropolitana de Bilbao. Como lo define Llamas, «el trasvase es una cirugía de la naturaleza, mejor no tener que ir a la mesa de operaciones pero a veces es inevitable».

Más de medio siglo de vida

Barcelona y sus alrededores tienen estructuralmente un déficit de agua, lo que unido al brutal desarrollo experimentado a lo largo del siglo XX hizo la situación insostenible. Por ello, en los años cincuenta las autoridades pusieron la vista al norte, en uno de los tres principales ríos de Cataluña junto al Llobregat y la parte proporcional del Ebro. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando Franco inauguró la primera fase en un acto solemne en Cardedeu.

Desde entonces, las protestas en Girona no han hecho más que sucederse, pero sin el componente inter-autonómico todas estas han ido cayendo en un enorme saco roto. La Unió de Pagesos, el mayor sindicato agrario de Cataluña, calificó el año pasado el trasvase como el «mayor agravio» que existe en Cataluña.

También los grupos ecologistas llevan años denunciando la situación de la cuenca del Ter, un río debilitado e incapaz de hacer frente al mar, que se introduce en su cauce cuando llega a la desembocadura. Por ejemplo, Ecologistas en Acción denunciaba el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, «permitida por la poca voluntad política de la Generalitat de Cataluña para implementar las medidas contenidas en el Plan de Gestión aprobado y presentado en la Comisión Europea».

La violación de la legislación europea denunciada por la ONG se centra en «el incumplimiento de caudales de mantenimiento en el Alto Ter debido al impacto causado por la captación de agua de las minicentrales hidroeléctricas y en el Bajo Ter por el trasvase de agua a Barcelona».

La situación, que se había agravado en los últimos meses tras la puesta en marcha del Plan de Sequía activado por la Agencia Catalana del Agua, parece haberse empezado a desbloquear finalmente una vez el Área Metropolitana de Barcelona accedió a apoyar la reducción. Para los que, como Jesús Soler, del Grupo de Defensa del Ter, llevan cincuenta años viendo cómo «el río iba muriendo poco a poco», el pacto supone una luz al final de un túnel muy seco.

Para Carles Puigdemont, que como alcalde vio el nivel de las aguas bajar lentamente cada año durante un lustro, el Acuerdo por el Ter supone ahora el «espíritu» de una futura Cataluña, aquella que logra alcanzar en «un tiempo récord» soluciones para problemas que llevan décadas necrosándose. Todo esto va sin segundas.

FUENTE: Antonio Villarreal, ElConfidencial