Al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez se le abre un nuevo frente judicial al haber sido imputado por otro caso de presunta corrupción. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Lorca, según informa la Cadena Ser, le ha citado a declarar por el denominado ‘caso Pasarelas’, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, para saber si Sánchez y otras personas, entre ellas el arquitecto Martín Lejárraga, pudieron incurrir en algún hecho delictivo en la adjudicación de las obras de rehabilitación de un puente sobre la rambla de Nogalte y una pasarela, en el municipio de Puerto Lumbreras, donde el expresidente fue alcalde entre 2003 y 2013.
Sánchez tendrá que declarar en calidad de investigado el 2 de febrero junto con Lejárraga, según la información de la emisora radiofónica. De esta forma, el anterior jefe del Ejecutivo regional, que dejó la política en septiembre, tiene abiertas en los juzgados tres causas: el caso Auditorio, el caso Púnica y el caso Pasarelas.
Esta última investigación fue reabierta recientemente por la Audiencia Provincial de Murcia, que en un auto dejó sin efecto una resolución anterior del Juzgado de Lorca, que acordó archivar las actuaciones y no investigar porque el fiscal se pasó en dos días el plazo de que disponía para solicitar que la instrucción de la causa fuese declarada compleja. La Audiencia señaló en dicho auto que ese plazo de seis meses no debe ser aplicado de forma automática, por lo que considera que en este caso no procedía el sobreseimiento solo porque se hubiera superado en dos días.
El testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción de Lorca que tramitó el caso Auditorio trata de que se investigue si en la adjudicación de las citadas obras sobre la rambla de Nogalte, en los tiempos en que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, se pudo incumplir la ley con el desdoblamiento del presupuesto global en varias partidas para escapar al control exigido para el caso de que las mismas superaran el tope de doce mil euros.
Sánchez fue presidente de la Comunidad entre julio de 2015 y abril de 2017, cuando presentó su dimisión tras verse investigado en el caso Auditorio y el caso Púnica, y acechado por una moción de censura que presentó contra él el PSOE en la Asamblea Regional.
