El Supremo cerca a Puigdemont: fuga indefinida o detención

La decisión adoptada ayer por Pablo Llarena revolucionó el primer día de la campaña electoral catalana, que ya partía de una situación insólita, con tres candidatos en prisión (entre ellos el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras) y cinco fugados (incluido Puigdemont, que lidera la lista Junts per Catalunya). El expresident ha planificado una campaña a distancia en la que se dirige a su electorado a través de las redes sociales, en entrevistas o mediante videoconferencias y en la que en los últimos días ha repetido un mensaje: le “encantaría” hacer campaña en Cataluña, pero no lo hace para no alejarse de Bélgica (de donde hasta ayer tenía prohibida la salida sin permiso) por si el juez de ese país le reclama.

El magistrado Pablo Llarena usó ayer este argumento a su favor. Según el juez, la decisión de retirar las órdenes europeas e internacionales de detención no genera ningún perjuicio a Puigdemont y los exconsejeros fugados porque se opusieron a que Bélgica ejecutara la euroorden y, además, habían dicho que les gustaría volver a Cataluña. “Eso es lo que esta resolución les aporta”, concluye Llarena.

El auto del Supremo va a obligar a Carles Puigdemont a replantearse sus planes de defensa, que le llevaron a viajar a Bélgica tras conocer que la Fiscalía iba a querellarse contra todo el Govern y confiar en que la justicia de aquel país pusiera trabas a las pretensiones de España de actuar contra él. La jugada iba camino de poder salirle moderadamente bien porque las noticias que llegaban al Supremo advertían de que el juez belga podía aceptar solo la entrega a España de Puigdemont por malversación y desobediencia, pero no por rebelión, el más grave de los delitos que se le atribuyen al expresident y los exconsejeros y el que vertebra la causa abierta en el Supremo contra los líderes independentistas.

Ese era el temor de España desde que se pidió la colaboración de Bélgica para detener a Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. El delito de rebelión no tiene un equivalente exacto en el código penal belga y, aunque la fiscalía de ese país pidió que se entregara al expresident por este delito, el juez podía rechazarlo. En ese caso, el juez de Bruselas podría ordenar la entrega a España de Puigdemont y los cuatro exconsejeros por otros delitos, como el de malversación o desobediencia, pero no por el de rebelión, lo que impediría a la justicia española actuar contra el expresidente por rebelión.

El instructor advierte en su auto que el mantenimiento de las órdenes de detención dictadas el 3 de noviembre implica el riesgo de que se “restrinjan” las posibilidades de actuar contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros. Eso a su vez generaría una situación paradójica: los investigados fugados serían juzgados por menos delitos y mucho menos graves que los que se quedaron en España.

Llarena ha retirado las órdenes de detención europea y la internacional. Pero el juez ha mantenido la orden nacional, que implica que el expresident será arrestado y enviado a la cárcel si viaja a España. Esto pone a Puigdemont ante un dilema: o alarga de manera indefinida su fuga, en Bélgica o en cualquier otro país, o vuelve a España sabiendo que irá directo a prisión. El Parlament que salga de las elecciones del 21-D tiene que constituirse antes del 23 de enero, por lo que si Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya a presidente de la Generalitat, quisiera tomar posesión de su acta como diputado tendría que volver ese día a Barcelona y sería detenido.

El instructor argumenta su decisión en que el delito de rebelión por el que se está investigando a los líderes independentistas es, según el código penal español, un delito de ejecución colectiva (un grupo de personas que se alzan de forma organizada para conseguir un fin, en este caso la independencia). Esa característica, según Llarena, requiere una única contestación judicial para evitar respuestas contradictorias. Llarena recuerda que fue esa característica de la rebelión como delito colectivo lo que justificó la acumulación en el Supremo de todas las causas abiertas contra los miembros del Govern cesados, la Mesa del Parlament y los líderes de ANC y Òmnium.

La fiscalía de Bruselas, que había apoyado la entrega a España del expresident, levantó ayer mismo las medidas cautelares que pesaban contra los cinco fugados (no podían abandonar Bélgica, tenían que comunicar una dirección fija y su agenda del día y debían presentarse ante las autoridades cuando les fuera requerido). En un comunicado, el Ministerio Público belga informó de que va a emplazar al tribunal a una vista para dar conformidad al archivo de la euroorden.

Tras conocer la decisión del juez del Supremo, uno de los abogados de Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, aseguró en declaraciones al diario L’Echoque su cliente no se irá de aquel país. El letrado rechazó su vuelta a España porque aún pesa sobre él la orden de arresto nacional.

“Legalmente puede quedarse en Bélgica indefinidamente”, explica Anne Weyembergh, investigadora y experta en la euroorden del Instituto de Estudios Europeos, perteneciente a la Universidad Libre de Bruselas. Weyembergh asegura que en caso de que se traslade a otro país europeo menos favorable para los intereses judiciales de Puigdemont, “nada impide a España emitir otra euroorden”, e incluso permaneciendo en Bélgica, cabe la posibilidad de volver a emitirla en un futuro.