El juez Llanera tiene un relato. Un relato documental, completo y pormenorizado de la revuelta de octubre en Cataluña, cuyo conocimiento le permite concluir que se trató de un golpe contra la Constitución, «un ataque sin parangón» y con componentes de «fanatismo violento» a las bases del Estado. Esto lo puede afirmar cualquiera de nosotros pero sólo él, el magistrado, tiene la potestad y los fundamentos jurídicos para decirlo en un auto, calificar los diversos delitos concomitantes que se produjeron y señalar a las personas que presuntamente los planearon y llevaron a cabo. Durante cinco meses, el instructor del Supremo ha recopilado informes, testimonios, datos. Y con ellos ha reconstruido el «diseño criminal» oculto de la rebelión separatista, atribuido las responsabilidades individuales y elaborado un sumario. Ese sumario es la historia de un proyecto «tozudo e incansable» de quebrantamiento de la ley y de desacato a los tribunales sostenido durante cinco años. Y concluye, como no podía ser de otra manera, con petición de penas graves para los encausados. Mientras la política proseguía su confuso itinerario de imposturas, de maniobras y de simulacros, la Justicia ha hecho su trabajo. Que consiste en impedir que el levantamiento independentista salga impune aunque la opinión pública, con el paso del tiempo, caiga en la tentación de relativizarlo.
Eso es lo esencial. Lo demás, incluido el culebrón de la investidura, el bloqueo institucional, la farsa legitimista de Puigdemont y hasta la fuga –que no exilio– de Marta Rovira, es puro ruido. Algarabía mediática, enredo político. La respuesta del Estado a la intentona golpista no se reducía a la aplicación en baja intensidad del artículo 155. Ésa era la facultad de los poderes ejecutivo y legislativo, pero existe otro poder independiente que actúa con su propio criterio y ritmo. El encargado de juzgar los hechos para impedir que un asalto a gran escala contra la integridad de la nación y su orden de convivencia quede sin castigo.
En el mundo de los adultos, las decisiones tienen consecuencias. El famoso procès era un desafío, un envite, una apuesta que entre sus albures conllevaba la posibilidad contingente de perderla. Los soberanistas apostaron fuerte y ya no vale fingir contrición ni un dudoso propósito de enmienda. Incluso con la instrucción abierta, con medidas cautelares impuestas, han jugado en los márgenes del Derecho, retando hasta la misma noche del jueves al Supremo en los límites de la desobediencia.
La prisión preventiva es una medida dura que los encarcelados deben agradecer en buena parte a su colega Rovira. Su espantada egoísta dejaba a los demás sin argumentos para negar el riesgo de huida. El escándalo que perseguían seguirá vivo pero la lógica judicial ha de ser y es impermeable a la lacrimógena costumbre nacionalista de violentar la ley y presentarse como víctima.
FUENTE: ABC