Cuando Borja Suárez Corujo comienza sus clases en el curso de Derecho de la Seguridad Social plantea una pregunta a sus alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. «¿Creéis que vais a tener pensiones?». La pregunta, como la respuesta –»un por supuesto que no»–, dan muestra de un temor instalado en muchos sectores de la población: el sistema público de pensiones está en riesgo y no aguantará en las mismas condiciones en las próximas décadas.

Con cientos de miles de jubilados en las calles para defender unas «pensiones dignas» y una oposición política centrada en el desgaste del Gobierno por su reforma unilateral del sistema en 2013, el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y miembro de Economistas frente a la Crisis ofrece una visión optimista de las soluciones para reforzar el sistema, con ajustes pero que preserven el modelo actual.

Dice que nuestro sistema público de pensiones es sostenible, pero cada vez más gente joven duda de que vaya a tener una pensión suficiente cuando envejezca. ¿Cómo se ha asentado esta idea?

Hay un discurso precioso de Frances Perkins, secretaria de Trabajo de Roosevelt, la verdadera artífice del sistema de Seguridad Social de EEUU y que en su momento fue revolucionario, en el 35. En este discurso de años después, en los años sesenta, decía que lo que se había conseguido había calado de tal manera en la sociedad norteamericana que no puede concebirse una democracia en ese país sin un sistema de pensiones. Esa idea se puede trasladar a España: pensar que van a desaparecer las pensiones públicas, es como pensar que a lo mejor dentro de 30 años no hay democracia. Pues a lo mejor pasa, pero me resulta demasiado utópico o distópico.

¿Y cómo está tan extendida esta visión?

En el sector financiero la apuesta es la de un sistema multipilar: con pensiones públicas pero donde también haya pensiones privadas. ¿Qué interesa? Generar incertidumbre, meter miedo de que el sistema no es sostenible en estos términos para que la gente empiece a contratar planes de pensiones. Esto viene, en general, de personas que trabajan para empresas o instituciones vinculadas a este sector financiero a las que le resultaría muy rentable un cambio modelo. Es triste decirlo así, pero es así.

La mejor prueba de ello es el punto en el que nos encontramos ahora: la reforma de 2013 que hace el Gobierno es casi un calco de la propuesta de la comisión de expertos, donde de los 12 miembros, 9 estaban vinculados al sector de seguros o al bancario. De aquellos polvos estos lodos.

La mayoría de la oposición, los sindicatos y los pensionistas en la calle demandan subir las pensiones con el IPC. ¿Es sostenible revalorizar con los precios con nuestro sistema de pensiones y ante el estado de déficit de las cuentas de la Seguridad Social?

Hay un trabajo reciente de Antonio González en Economistas Frente a la Crisis que utiliza estimaciones para los próximos años. Hay diferentes fuentes, entre ellas datos de la Seguridad Social que ha enviado el Gobierno al Pacto de Toledo. Con un escenario de crecimiento del 2% y un IPC del 1,8%, el gasto en pensiones llegaría al 14% del PIB si se revalorizaran con los precios en su punto más crítico, que es 2045, y luego ya empieza a bajar. Si tomamos un crecimiento medio del 2,4%, que no es ningún disparate, el gasto en pensiones no llega en ningún momento al 13% del PIB.

Ahora estamos en torno al 11,7%. La media europea es del 12,3%, estamos un poco por debajo. Así que revalorizando las pensiones con los precios, el gasto subiría en 2 puntos y media.

La reforma de las pensiones del 2013 que hace el Gobierno es casi un calco de la propuesta de la comisión de expertos, donde de los 12 miembros, 9 estaban vinculados al sector de seguros o al bancario. De aquellos polvos estos lodos.

¿Y ese crecimiento del gasto es asumible?

Estaríamos en el entorno del 14% y 14,5%. Austria gasta hoy eso. Austria y Portugal. Francia está en el entorno del 15%, Italia está alrededor del 16%. Por cierto, sin ningún tipo de reproche de la Comisión Europea, que es interesante. Ese crecimiento del gasto es perfectamente asumible. ¿Por qué España no puede gastar un 13% o 14% de PIB durante un tiempo determinado? Es que después empezará a caer el gasto a toda velocidad porque se agota el efecto del baby boom. Después del baby boom viene el baby collapse, generaciones mucho más reducidas. Hay que plantear una reconfiguración del sistema, pero no un cambio radical.

El Gobierno ha insistido mucho en las últimas semanas en destacar que la subida de las pensiones con los precios no ocurre casi en ningún país europeo. ¿Es así?

No es así en absoluto. Ningún país de Europa tiene nada parecido a lo que nosotros tenemos. Y todos los países europeos vinculan la evolución de las pensiones: los menos generosos al IPC y la mayoría, en parte también a los salarios. La OCDE en un informe de 2015 trata el asunto de la revalorización y dice que la de las pensiones se debe hacer y se hace según a dos criterios fundamentales: a precios o a salarios.

El organismo afirma que lo razonable sería vincular a los salarios, porque permiten que los pensionistas, que son trabajadores pasivos, corran la misma suerte que el resto de trabajadores. Y si no es así, como alternativa está el IPC, que permite al menos evitar la pérdida de poder adquisitivo. Además, mantiene que las pensiones mínimas no solo no se pueden revalorizar con el IPC, que eso es insuficiente; se deben revalorizar con el IPC + 0,5.

Celia Villalobos decía el otro día que solo hay que concentrarse en eliminar el déficit de la Seguridad Social para que las pensiones suban por encima del IPC gracias al índice de revalorización (IRP) aprobado por el Gobierno en 2013.

Todos los estudios concretan que el 0,25% durará mucho tiempo: la Airef se queda en 2023 con el 0,25%; el grupo de investigación de Valencia sobre las pensiones, que tiene muy buena información del Gobierno, dice en sus estimaciones que el 0,25% se extenderá hasta 2038; Fedea llega hasta 2060. Así que, cuando dicen que esto es una fórmula que puede dar una cosa positiva o negativa, es mentira. En abstracto es así, pero con la situación laboral que tenemos, el desempleo y la evolución demográfica que vamos a empezar a sufrir no es así.

Otro de los elementos más criticados de la reforma de 2013 es el factor de sostenibilidad, que según varias estimaciones va a reducir las cuantías de las pensiones en las próximas décadas. ¿Es inevitable aplicar un factor de sostenibilidad, aunque no sea este, de cara al futuro?

El Gobierno, que lo recuerda siempre que puede, dice que el factor de sostenibilidad ya estaba previsto en la reforma de 2011. Cierto. El factor de sostenibilidad se fijaba para aplicarlos a partir del 2027. Luego ellos decidieron que había que adelantarlo a 2019.  La reforma de 2011 se hizo para dar respuesta a un cambio demográfico, a la jubilación de los baby boomers, vamos a ver qué pasa. Es que empezó a aplicarse en 2013, tiene muy poco recorrido.

El segundo aspecto que defiende el Gobierno es que casi todos los países europeos han introducido un mecanismo de este tipo. Cierto. Pero nosotros hemos aplicado la versión dura del factor de sostenibilidad, la que reduce automáticamente la cuantía. Nuestras pensiones ahora mismo son pensiones menguantes. Si hubiera que introducir algún mecanismo, a mí me parece más equilibrado lo que hacen los franceses, que es vincularlo a los años que se exigen para alcanzar el 100% de la pensión.

En sus trabajos insiste en esta idea: el envejecimiento es un reto, pero menor de lo que se suele destacar ya que sus mayores efectos están acotados en el tiempo.

Fernández Cordón apuntaba recientemente que el alargamiento de la esperanza de vida, que efectivamente está creciendo, lleva creciendo 120 años de forma intensa y de hecho ahora crece de manera más moderada. La tendencia es que siga creciendo, claro que sí, pero es moderado y no es un cambio extraordinario. Lo extraordinario es que a partir de 2023 empieza a jubilarse la cohorte más numerosa de nuestra historia que es la generación del baby boom, los que nacieron entre el 58 y el 77. Eso significa que durante un periodo de tiempo importante, hasta mitad de siglo o un poco antes, va a jubilarse mucha gente y eso va a repercutir en el gasto.

¿Y cómo puede afrontar nuestro sistema público la jubilación de los baby boomers?

El punto de partida es: no tenemos un problema de gasto. Pero vamos a tener que hacer frente a un incremento de ese gasto y lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo primero de todo, ahora mismo el volumen de cotizaciones sociales, que son la principal fuente de financiación del sistema, no es tan grande como debería. La Seguridad Social está pagando con cotizaciones que no deberías pagarlas con ellas; por ejemplo, las reducciones a las empresas, que suponen unos 2.000 millones de euros. También los gastos de personal de la Seguridad Social y otros conceptos, que suman como mínimo otros 2.000 millones. Además, hay otras políticas que tienen que ver con el ámbito agrario, la cotización de sistemas especiales tiene tipos más reducidos y eso tiene un coste de unos 1.000 millones.

Después, hay ingresos por cotizaciones que no se reciben por la base máxima de cotización. Se podría ‘destopar’. Hay distintos cálculos sobre esto: CCOO dice que son unos 7.000 millones, los datos que el Gobierno ha aportado al Pacto de Toledo estiman esto en unos 4.600 millones. Al final, empiezas a sumar todo esto y estamos alrededor de 11.000 millones, lo que significaría que ahora mismo ese desequilibrio que tenemos de déficit no es de 18.800 millones, sino de unos 7.000, que es un elemento importante.

¿Hay alguna otra vía para incrementar los ingresos de la Seguridad Social?

Un elemento importante: evidentemente hay que cambiar la política laboral. Es casi milagroso que el país se mantenga con unos niveles de precariedad tan escandalosos. Se puede hacer algo y, en la medida en que tenemos un punto de partida tan deficiente, tenemos una oportunidad de mejora muy favorable. Además, desde una perspectiva de más largo recorrido, hay un elemento fundamental que es un cambio productivo, con la transformación digital, en el que las cotizaciones van a sufrir. Ante elementos de cambio importantes en el mercado de trabajo, esa excesiva dependencia de las cotizaciones sociales es catastrófica.

Lo que tenemos que hacer es incrementar la aportación que hace el Estado para la financiación de las pensiones. Eso es lo que hacen los países de referencia, no solo porque sean países importantes sino porque tienen sistemas parecidos al nuestro, como Francia y Alemania. La aportación allí es de entre el 20 y el 25%. En España salen de los Presupuestos los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas, lo que pasa que esa aportación del Estado está en torno del 8%.

¿Cómo puede pagar España ese incremento sustancial de la aportación del Estado a la caja de las pensiones?

Tenemos un nivel de ingresos fiscales que está en el 34,6% cuando la media europea en el 41,5%. Eso es una anomalía, la estructura fiscal que tenemos tiene múltiples deficiencias. El otro día hablaba con Alberto del Pozo, experto en política fiscal, y me decía que era perfectamente posible mejorar sustancialmente los ingresos del Estado a través de una subida de impuestos sin apretar a la inmensa mayoría que ya paga un nivel de impuestos razonable.

¿Y dónde se carga este refuerzo entonces?

Pues por ejemplo el tratamiento de las rentas de capital. En una economía en la que el peso del capital es cada vez mayor, como consecuencia de ese proceso de digitalización, es razonable equilibrar de alguna manera: no gravar más las rentas del trabajo, que ya están sufriendo, y poner un mayor énfasis en las rentas de capital. Y también en las rentas patrimoniales, porque es un poco disparatado esto de tener desvirtuado un impuesto de patrimonio, de sucesiones…

Me parece interesante la propuesta del impuesto finalista. No estoy pensando tanto en la última propuesta del PSOE, aunque llevaba la idea de impuesto finalista en su programa electoral. Francia recauda a través de esta Contribución Social Generalizada –que es para la financiación de políticas sociales, no solo de pensiones– 90.000 millones al año. De hecho Macron, que tanto le gusta a Ciudadanos, ha subido 1,7 el porcentaje de esta contribución.

¿Es aplicable un impuesto así en España?

Esa fórmula es muy interesante en este caso, porque aunque en este país da mucho miedo subir los impuestos, yo creo que esto la gente lo entiende. Si dices, vamos a crear un impuesto ante el reto del envejecimiento, porque tenemos 25 años por delante en los que tenemos que hacer un esfuerzo importante, y esto es una cuestión central de nuestro modelo de convivencia y sociedad. Así que, para blindar esto vamos a establecer un mecanismo que en función de las necesidades vamos apretando un poco más o menos. Creo que es un mensaje que cualquier partido político puede asumir perfectamente porque creo que la gente lo entiende.

Sobre el conflicto generacional, ese planteamiento de que los pensionistas son unos privilegiados a costa de los jóvenes no es cierto, que no nos confundan. Creo que en este debate falta sensibilidad social.

¿Cree que hay un debate político serio sobre las pensiones y los retos que debemos afrontar para reforzar el sistema? Muchos pensionistas demandaban estos días que el Gobierno les «rescatara» subiendo las prestaciones con el IPC como hace con las autopistas y los bancos, dos cuestiones muy subrayadas por la oposición.

Estas cuestiones son sangrantes y a todos nos avergüenzan. Que congelen las pensiones y no tengan problema para sacar la chequera y rescatar las autopistas… Pero tienen un inconveniente: mezclamos muchas cosas. Y cuando para este asunto tenemos muy buenos argumentos, fundamentos para decir que el sistema que tenemos es perfectamente sostenible con algunos ajustes, que lo hacen sostenible hoy y dentro de 30 años, empezar a meter estas cosas enturbian un poco el debate.

Acabamos utilizando elementos que, aunque sean malos ejemplos de gestión, en realidad no te resuelven los problemas de fondo del sistema de pensiones. Y es que aquí, aunque suene soberbio, los hechos nos dan la razón a los que defendemos el sistema público de pensiones.

Hay también un debate generacional abierto sobre este tema. Se ha dicho mucho que los pensionistas han soportado mejor la crisis que otros grupos de población. Sin embargo, muchos de los jubilados que salían en las manifestaciones de estos días decían que pasaban apuros porque con sus pensiones estaban manteniendo a sus hijos en paro, pagando sus hipotecas, los estudios de sus nietos… ¿Han soportado las pensiones las deficiencias de nuestro Sistema de Bienestar?

Yo soy el primer sensibilizado con los jóvenes, pero una cosa es eso y otra la situación de los pensionistas. La cuestión clave cuando hablamos de este tema es: ¿cuál es nuestro nivel de gasto social público? Estamos en el 24,5%, cinco puntos por debajo de la media europea. Cuando estemos al nivel europeo, tal vez podremos plantearnos que estamos sobreprotegiendo algunos y a otros no.

Lo que ha demostrado la crisis económica es que la política de pensiones, seguramente por el Pacto Toledo, ha sido un éxito. Ha llegado la crisis económica y ¿qué es lo que ha aguantado? El sistema de pensiones, que ha sido un pilar fundamental para el sostén del conjunto de la sociedad. Este planteamiento de que los pensionistas son unos privilegiados a costa de los jóvenes no es cierto, que no nos confundan. El problema de los jóvenes tienen que ver con unas políticas con unos efectos muy negativos para este grupo, eso es lo que hay que rectificar, donde hay que poner recursos pero no a costa de quitarlos de otro sitio.

Hay un dato que está ahí: el 60% de los pensionistas reciben menos de 800 euros. Creo que en este debate falta sensibilidad social, se pretende presentar de una manera muy técnica, pero la sensibilidad social se echa en falta en muchas ocasiones.