Cerca de un millar de propuestas electorales distribuidas en casi 400 páginas; centenares de promesas de gasto o ahorro, de rebaja fiscal o de subida de impuestos a las empresas y a las rentas altas; y recetas que por momentos se antojan milagrosas ya que aseguran poder acabar con el déficit de la Seguridad Social y subir las pensiones al mismo tiempo. Pero, en cambio, ni una sola referencia a la crisis que amenaza tanto a España como a la economía mundial y que, cuanto se materialice, relegará lo anterior a un segundo plano porque lo primordial será atajar la posible recesión.
Los programas electorales de los cinco partidos políticos que, según las encuestas, obtendrán una mayor presentación parlamentaria en las elecciones generales del próximo 28 de abril, silencian una desaceleración que es tan evidente y preocupante que ha provocado numerosas advertencias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de España.
El organismo dirigido por Christine Lagarde empeoró la pasada semana sus previsiones para la economía española, y alertó de la incapacidad el país para reducir la tasa de paro y contener el déficit presupuestario, enmarcado todo ello en «un momento delicado para la economía global» dado el «significativo debilitamiento de la expansión».
El BCE, por su parte, ha reconocido que el frenazo económico es superior al que esperaba y, de hecho, Mario Draghi ha decidido mantener su vital apoyo a la economía en forma de liquidez, y el regulador español lleva ya más de seis meses subrayando los peores datos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) tanto de España como de muchos de sus socios europeos.
Y, sin embargo, los políticos no solo no ven -o no quieren ver- esta situación, sino que siguen haciendo numerosas referencias a la crisis que comenzó en 2008 y prometen devolver la economía a los años previos a la recesión. El partido que de manera más intensa esgrime ese argumento de necesaria recuperación es Podemos. Propone revertir «algunos los recortes más crueles de la crisis», como los que se llevaron a cabo en Sanidad, y «derogar las normas que han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España».
También apuestan por un endurecimiento del impuesto de Sociedades para las empresas y nuevas figuras tributarias como el gravamen a la banca, o ligar de manera indefinida las pensiones al IPC y «blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa». Medidas, en definitiva, que van encaminadas a elevar el gasto público y la presión fiscal, actuaciones que buena parte de la teoría económica desaconseja, especialmente, en un escenario como el actual.
Algo similar ocurre con los 110 compromisos con la España que quieres que representan el programa con el que Pedro Sánchez aspira a mantenerse en Moncloa, objetivo que los trabajos demoscópicos cada vez señalan que es más factible. El presidente del Gobierno subraya su «compromiso con una política económica marcadamente europeísta», y propone converger «paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea». El PSOE no ofrece cifras sobre lo que supondría esta actuación pero, según Eurostat la recaudación en España están sobre el 34% del PIB, mientras que la media de la zona euro es del 40%. Esos seis puntos de diferencia supondrían una subida de más de 60.000 millones de euros, lo que sin duda sería el mayor endurecimiento fiscal de la historia española.
Además, tanto Sánchez como sus ministras económicas destacan siempre que tienen ocasión la robustez de la economía española. Buen ejemplo de ello es el discurso del presidente esta misma semana en la entrevista que concedió a Antena 3, la defensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate a seis celebrado el miércoles, o la intervención la pasada semana de la responsable de Economía, Nadia Calviño, en el Foro Cinco Días, en donde relativizó las advertencias del FMI y dudó de los modelos que el Fondo emplea para llegar a sus conclusiones.
Tampoco el Partido Popular desarrolla en su programa actuaciones para proteger la economía ante la próxima recesión, algo que en este caso llama si cabe más la atención porque su responsable económico, Daniel Lacalle, ha advertido en numerosas ocasiones de que la siguiente crisis está cada vez más próxima.
Cierto es que Lacalle sí sostiene, por ejemplo, que esta incertidumbre hace indispensable una importante rebaja de impuestos y más facilidades a las empresas para resistir mejor el frenazo, pero también lo es que en el documento electoral oficial de Pablo Casado la palabra desaceleración no existe y que su única referencia a una crisis futura se realiza de forma genérica. «Seguiremos aproximando el período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva, para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación», expone el programa electoral popular.
Ciudadanos, que no había presentado un programa electoral desarrollado y completo hasta este mismo martes, promete «revolucionar las políticas de empleo y formación», «convertir España en el mejor país del mundo para las familias» mediante incentivos fiscales, y recuperar «el Pacto de Toledo para buscar el consenso sobre una reforma que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras».
Además, apuesta «por la innovación y la investigación para que el próximo gigante tecnológico pueda ser español», promoverá «una Ley de Lucha contra el Fraude y la Evasión Fiscal para cerrar los agujeros legales que alientan estas prácticas», y afirma ser «el partido de los autónomos y los emprendedores» con numerosas actuaciones concretas para estos trabajadores. Pero de la desaceleración que se avecina, ni rastro.
Por último, Vox, cuyos planteamientos de extrema derecha se alejan de manera notable de lo que propone el resto de fuerzas, presenta también unas políticas económicas no conocidas hasta ahora en España. De hecho, es la única formación que hace una leve referencia al empeoramiento de la economía, pero lejos de los avisos del FMI o el BCE y limitando sus consecuencias al ámbito presupuestario. «España no logrará conseguir los objetivos de déficit público en 2019 y 2020 y se enfrenta al riesgo de una crisis fiscal ante el deterioro en curso de la coyuntura interna y externa», avisa el partido que lidera Santiago Abascal, que sustenta en este punto la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal.
En esa misma línea de propuestas radicalmente diferentes respecto a lo que propone los partidos mayoritarios, Vox defiende que la Seguridad Social debe transformarse de manera progresiva en un «sistema mixto basado mitad en la capitalización y mitad en el reparto». Esto, afirman la mayor parte del resto de partidos, supondría un primer paso para la privatización de las pensiones ya que, inevitablemente, un modelo mixto provocaría la entrada de fondos privados en la gestión de una parte del sistema. En cambio, economistas como Juan Rallo o José A. Herce aseguran que, aunque rechazan totalmente los planteamientos de Abascal, la propuesta económica y en materia de pensiones es, en muchos casos, acertada y que en el caso de las pensiones una medida de este tipo es imprescindible.
