La sentencia del caso de los ERE complica aún más las negociaciones para la investidura.
¿Cómo le afecta a Sánchez?
El fallo es un duro golpe para Pedro Sánchez, inmerso en una complicada negociación para lograr apoyos a su investidura. Sánchez es presidente en funciones gracias a una moción de censura que justificó no en argumentos políticos, sino en impedir que Rajoy siguiera gobernando siendo el líder del PP al que consideró como corrupto por la sentencia del caso Gürtel, aunque Rajoy no fuera juzgado por esos hechos. El hecho de que el PSOEandaluz siga apoyando a José Antonio Griñán y Chaves sin que Sánchez desautorice a Susana Díaz lo debilita políticamente al pedir apoyo a otras fuerzas y puede aumentar la desmovilización en la consulta a las bases sobre el acuerdo con Iglesias.
¿Pone en riesgo el pacto de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE?
No. La respuesta de Pablo Iglesias, indicando que se trata de un asunto del pasado, indica que está dispuesto a asumir el coste. Pero la sentencia es negativa también para el líder morado, que se enfrenta a la situación de apoyar a un partido que no se desmarca de unos condenados por corrupción y a las duras críticas de la líder de Podemos en Andalucía, que ya rechazaba el Gobierno de coalición con el PSOE y ahora se refuerza en esa posición.
¿En qué influye el caso en las negociaciones del PSOE con ERC?
La negociación del PSOE con ERC, cuya abstención es imprescindible para que Sánchez supere la investidura, ya se había complicado mucho por la presión de Junts per Catalunya y de la CUP, que insisten en un voto común del independentismo. Oriol Junqueras teme que Torra convoque elecciones en cuanto se consume su apoyo a Sánchez. Pero además, ERC se ha mostrado siempre muy crítica con los casos de corrupción de los dirigentes de CiU, luego PDECat, y ahota JxC. El fallo es por ello un argumento más que juega en contra de su abstención en la investidura.
¿Qué supone para Casado?
Pablo Casado encuentra una vía de escape a su negativa a plantear siquiera una alternativa al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, como reclaman importantes dirigentes de su partido. Casado puede excusarse ahora en que es imposible pactar con Sánchez y centrarse en pedir su cabeza tras el fallo.
El iceberg de los ERE: medio millar de imputados y 146 piezas aún pendientes
Aunque la sentencia conocida este martes era la más esperada y la de mayor calado político, por quiénes se sentaban en el banquillo de los acusados, no es, sin embargo, el final de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía. El macroproceso, cuya instrucción arrancó en el 2011 la jueza Mercedes Alaya, acabó «troceándose» en casi doscientas piezas (187 en concreto) para evitar la prescripción de los delitos. De ellas, 146 siguen vivas (cuatro próximas a ser juzgadas) con 507 personas investigadas.
El troceo del mastodóntico proceso -a lo que Alaya siempre se resistió- se produjo en el 2015, después de que la primera instructora ascendiera a la Audiencia Provincial de Sevilla. La magistrada que la sustituyó, María Núñez Bolaños, fue la responsable de hacerlo. También transformó las imputaciones de Alaya en demoras y archivos. Tanto, que el pasado mes de julio la Fiscalía Anticorrupción -que recurrió sistemáticamente ante la Audiencia Provincial los archivos de Núñez, con éxito- acabó denunciando a la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque su «desatención» y sus «retrasos injustificados» ponen en peligro que se pueda hacer justicia, dado el riesgo de prescripción de los delitos. El CGPJ aún no se ha pronunciado sobre la falta muy grave por la que Anticorrupción la denunció.
Las 146 piezas separadas cuyas investigaciones siguen abiertas -inicialmente eran más, pero algunas se archivaron por la prescripción de los delitos- se corresponden con cada una de las ayudas sociolaborales irregulares concedidas a empresas por la Junta de Andalucía, aunque los responsables políticos de su concesión no volverán al banquillo, dado que ya han sido juzgados en la pieza política de los ERE. Este más de centenar de casos forman un segundo bloque de la macrocausa, y cuatro de ellos están pendientes de juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Una es sobre los 1,4 millones de euros que recibió Juan Francisco Trujillo, el chófer del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que declaró haberlo gastado con su jefe en cocaína y prostíbulos. Las otras tres causas, que podrían juzgarse a partir de septiembre del 2020 se corresponden con las ayudas irregulares que recibieron otras tantas empresas.
Hay una tercera derivada en la macrocausa: la pieza que investiga las comisiones cobradas por consultoras y aseguradoras que actuaron como mediadores de los expedientes de regulación de empleo. Hay una veintena de imputados y se estima en más de 60 millones de euros el dinero malversado en sobrecostes.
PP y Cs piden la cabeza de Sánchez, y el PSOE defiende la «honradez» de Griñán y Chaves
El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que sea «coherente» y asuma «responsabilidades» por la sentencia de los ERE, ya que, afirma, «llegó al poder censurando injustamente» al PP por corrupción. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que el líder del PSOE está «inhabilitado para ser presidente del Gobierno si no habla para dar una explicación» ante el caso de los ERE y la «sentencia más demoledora de la democracia».
El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha recordado que fue la condena judicial al PP por la trama Gürtel -como partícipe a título lucrativo- lo que llevó a Sánchez a impulsar la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy en el 2018. Por eso, ahora «debería, en pura coherencia, presentar su dimisión», informa Europa Press.
El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, dice que la sentencia permite «dar carpetazo a un caso abusivamente esgrimido por el PP para desviar la atención de su propia corrupción sistémica» y marca diferencias con el PP porque el partido no ha sido «investigado» ni condenado. El PSOE-A ha vuelto a defender la «honradez y honorabilidad» de Chaves y Griñán resaltando que el fallo prueba que «no se han enriquecido ilícitamente». Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que la sentencia es el retrato de una época, la del bipartidismo, que trajo «corrupción y arrogancia». Apunta que ahora, con el Gobierno de coalición, «se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones».
El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que las condenas a cargos del PSOE muestran «la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria».
