Un día después de reunirse en la Moncloa con Mariano Rajoy y pactar la aplicación de un 155 “contundente” si el nuevo Govern reabre la vía unilateral, Pedro Sánchez dio este miércoles una nueva muestra de dureza. El secretario general del PSOE propuso una reforma del Código Penal para “adecuar” el delito de rebelión al escenario catalán. Sánchez no fue muy concreto, y su iniciativa provocó sorpresa en las filas socialistas, pero defendió que había que “actualizar” este tipo penal a “hechos que eran inimaginables hace años”.

La rebelión, tal y como está definida en la actualidad, requiere un alzamiento “violento”. Según Sánchez, está “vinculado absolutamente a golpes militares”. De lo que se trata, continuó, es de ampliarlo para que pueda aplicarse a los dirigentes públicos que se sirven de las “instituciones” para “subvertir” el orden constitucional. “Es evidente que el delito de rebelión tal y como está tipificado en el año 1995 no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses”, dijo el líder socialista en TVE, provocando las críticas de los partidos independentistas y Unidos Podemos y el escepticismo del PP y Ciudadanos.

La dirección del PSOE evitó dar más datos sobre la propuesta lanzada por su secretario general. Tampoco aclaró cuándo se registrará la iniciativa en el Congreso, que no afectaría a los dirigentes independentistas ya procesados al no ser posible la aplicación de normas previas a los hechos juzgados, por el principio de irretroactividad. Pero Sánchez ofreció un dato que da a entender que el esfuerzo cuenta con el visto bueno de Rajoy. Si el Gobierno lleva a la Cámara baja esta modificación del Código Penal, explicó, él la apoyará. Y si no, el PSOE presentará su propia propuesta. Aun así, fuentes socialistas señalaron que el líder del partido no habló de esta iniciativa con Rajoy durante su reunión, porque “va más allá” de la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución, una vez que la actual decae con la formación del nuevo Govern.

Una reunión espinosa

El presidente del Gobierno volverá a abordar la puesta en marcha de otra suspensión de la autonomía catalana el jueves con Albert Rivera, en una cita que se presenta conflictiva tras las críticas del líder de Cs al Ejecutivo por su presunta inacción en la crisis territorial. Rivera apuesta por prorrogar y extender el actual 155, para controlar también los medios públicos catalanes e impedir la restitución de Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos d’Esquadra, propuestas que trasladará a Rajoy durante su encuentro. De momento, los naranjas, a través de su máxima dirigente en Catalunya, Inés Arrimadas, dijeron que estaban dispuestos a “hablar” sobre la propuesta de Sánchez, pero que el problema estaba “ahora mismo encima de la mesa”. El PP acogió la idea del líder socialista con “prudencia”.

Otros partidos fueron mucho más críticos con una iniciativa que contradice la tesis tradicional del PSOE de no legislar “en caliente” y viene a concluir que Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, se equivoca al procesar a los líderes independentistas por rebelión según el tipo actual. “No queremos inmiscuirnos en la instrucción del juez Llarena”, señaló Sánchez. Para Podemos, la propuesta del líder socialista solo pretende señalar al “enemigo político”. El PDECat tachó de “escándalo” que Sánchez quiera “adaptar el Código Penal a la situación de Catalunya”.

La gran mentira histórica de los 131 presidentes de la Generalitat, el nuevo mantra del nacionalismo catalán

En su afán por reinventar la historia de Cataluña, el nacionalismo ha incorporado en las últimas fechas un nuevo y fabuloso mito: el de los ciento treinta y pico presidentes de la Generalitat, una vetusta lista de reyes godos a la catalana. Proclamaba Artur Mas, ya en 2014: «Tengo el honor de ser el 129º presidente de la Generalitat de Cataluña, institución creada en 1359 y que desde la primera presidencia de Berenguer de Cruïlles [un obispo de Gerona] ha reflejado durante casi siete siglos la voluntad de autogobierno de los catalanes». El problema es que la Generalitat no tuvo 128 presidentes antes de Mas, ni ahora 130 antes que Torra, porque la Generalitat que existió en tiempos medievales nada tiene que ver con la actual institución nacida con la Transición, si acaso hija o nieta de la surgida en tiempos de la Segunda República.

«Forma parte de la reinvención de la historia de Cataluña. El nacionalismo ha sabido convencer a los historiadores de que trabajasen en crear esta historia mitológica. Proclamar que hubo una Cataluña como estado y como nación en la Edad Media; y además hacer creer que era algo institucional y democrático. Se buscan continuaciones justificadoras del momento presente», apunta en una entrevista con ABC el historiador Jordi Canal, autor del libro «Con permiso de Kafka: El proceso independentista en Cataluña». Dos instituciones radicalmente distintas en épocas y de circunstancias políticas, sociales y culturales opuestas.

El sofisticado David contra el bruto Goliat

El relato nacionalista presenta la historia de Cataluña como un pueblo de elevado sentimiento de libertad, «entre los más avanzados y democráticos de Europa», según Josep Fontana, que ha tenido que enfrentarse desde tiempos medievales a los esfuerzos opresores de Castilla por acabar con su autogobierno. De tal manera, la Guerra de Sucesión es narrada por el nacionalismo como un conflicto de secesión, una lucha del progreso y la democracia catalana contra el absolutismo y feudalismo castellano. Omite el relato secesionista que la guerra fue, simplemente, un conflicto civil entre españoles, donde hubo casi tantos catalanes a favor del bando borbónico como del bando austracista; y donde ninguno era más democrático que el otro.

El mito reclama el 11 de septiembre de 1714 como el «día que Cataluña perdió sus libertades», a pesar de que aquellas cacareadas libertades eran unos privilegios administrativos, en el sentido medieval, de los que gozaba esta región de España respecto a otras, como señala el hispanista Henry Kamen en su prolífica obra.

Aquellas «libertades» suprimidas al final de la guerra incluían la eliminación de la Generalitat surgida en la Edad Media. La Diputación del General, más adelante conocida como Generalidad o Generalitat, tuvo su origen más remoto en las comisiones que, desde finales del siglo XIII, se ocupaban en la Corona de Aragón de recaudar los tributos votados y ejecutar los acuerdos de las Cortes. No en vano, la institución no solamente funcionaba en Cataluña, sino también en los reinos de Aragón y Valencia. Se trataba de un órgano formado por tres representantes de cada estamento (militar, eclesiástico, real), presidido por un representante del brazo eclesial y dotado de recursos propios. De organismo de carácter esencialmente económico pasó, solo con el tiempo, a serlo político y de gobierno, aunque en ningún caso democrático.

Más de dos siglos después de la Guerra de Sucesión, se recuperó su nombre y su simbología cuando se aprobó el Estatuto de autonomía de Cataluña en tiempos de la Segunda República. El organismo autonómico resultante tomó el nombre histórico de Generalitat por sugerencia del político andaluz Fernando de los Ríos, pero en ningún caso implicó continuidades o restauraciones imaginarias. El republicano Francesc Macià fue así el primer presidente de la Generalitat de Cataluña.

Josep Tarradellas, que pasó largos años en el exilio francés, negoció con Adolfo Suárez el restablecimiento de la Generalitat, lo que quedó plasmado en un decreto del Gobierno español a finales del mes de septiembre de 1977. En aplicación del Estatuto de Autonomía de 1979 fueron elegidos Pujol y Maragall y en aplicación del nuevo estatuto de 2006 lo han sido Montilla, Mas, Puigdemont y ahora Torra.

FUENTE: ABC