Sánchez anunció el sábado que se permitiría salir a los niños menores de 12 años, sin ofrecer más detalles. Lo hizo horas después de recibir un informe de la Dirección General de Infancia que recomendaba esa salida con muchos menos límites de los establecidos este martes. Se recomendaba que los niños pudieran dar paseos cortos.

El informe hablaba de niños menores de 12 años y de paseos de una hora diaria como máximo, a menos de un kilómetro de su casa y sin entrar en zonas de juego.

La decisión de permitir que los niños vayan solo a súper, farmacias y bancos fue rectificada a las cinco horas por las críticas internas y externas 

Añadía el texto que debían ir con un adulto (tres menores como máximo por cada uno) y se abría la posibilidad de que en el futuro puedan salir menores de 18 que están en circunstancias especiales, como casas de acogida o con determinadas discapacidades.

Y se remitía al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a un estudio científico de ‘The Lancet’ y a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, que reúne a 67 organizaciones, para advertir de los efectos en los niños del confinamiento.

El presidente del Gobierno hizo el anuncio sin tener el plácet de los expertos sanitarios a la salidas olo para los niños y solo con ese informe.

La presión ambiental

Hasta el martes, cuando el presidente empezó a ver necesario matizarlo, porque los expertos de Sanidad no avalaban la salida solo para los niños. Por eso, la Moncloa optó este martes por una fórmula para que los niños fueran solo a establecimientos comerciales y, además, subía la edad a los 14 años. Es decir, el sábado y el martes la Moncloa se precipitó en la comunicación.

Antes que Illa, la rectificación la avanzó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Era necesaria esa marcha atrás, porque el Gobierno corría el riesgo de que los demás partidos le enmendaran el decreto. Este miércoles se vota en el Congreso la prórroga hasta el 10 de mayo y el viernes se aprobará definitivamente en el Consejo de Ministros.

Uno de los efectos colaterales es que es la segunda semana en que la portavoz, María Jesús Montero, es desautorizada en pocas horas. La pasada semana, dijo que se retrasaba la renta mínima y esa misma tarde se concretó el acuerdo Sánchez-Iglesias para aprobarla en mayo.

Esta vez, anunció y defendió una medida que decayó a las pocas horas. De hecho, en la Moncloa se dolían de que, una vez más, una medida relevante se había echado a perder por «un error de comunicación«. «Si no hubiera sido tan contundente, y lo hubiera dejado más abierto, no habría pasado esto», abundaba una compañera de Gabinete.

 

El Confidencial