ÁNGEL MONTIEL
«PP y Cs saben que apelar a Sánchez es un recurso infalible, incluso cuando, como en el caso de la distribución de los fondos europeos por Comunidades, es a sus partidos a los que tendrían que reclamar»
La política de López Miras es una contrapolítica. Su esquema es que, en realidad, quien gobierna en la Región de Murcia no es el presidente autonómico, él mismo, sino el de España. Cuando las cosas vienen bien dadas, la medalla es para él; si todo se complica hay que buscar otro responsable. Todo problema autóctono más o menos complejo es transferido a Madrid.
En principio, esto sugiere que el gran entramado administrativo de la Comunidad murciana sería prescindible, dado que la responsabilidad de cualquier asunto incómodo corresponde a una instancia superior. ¿Para qué tener un presidente e innumerables consejeros si todo depende de Pedro Sánchez?
Desde que el Gobierno central dejó de estar en manos de Rajoy para pasar a las de Sánchez, Madrid es la única instancia a que apelar. Puede que en algunos asuntos sea aceptable esta actitud. Está bien visto que el Gobierno autonómico sea reivindicativo ante el central. Es más: el que no llora no mama, de modo que en un contexto en que las autonomías, por distintos métodos, se empeñan en extorsionar al Estado, no está mal que la murciana se ponga en situación de prevengan.
Sin embargo, el ímpetu reivindicativo del Gobierno regional desvela pronto que la intención de los gestos es puramente estratégica. Y esto, a sabiendas. En el Gobierno regional son conscientes de que, de acuerdo al estrato sociológico que lo ampara, vale todo si se le endosa al Gobierno central cualquier cosa que pudiera perjudicar a la Región de Murcia, y esto sin que sea necesario tener que explicar los motivos de esa supuesta inquina.
El Gobierno central nos maltrata. ¿Y por que tendría que hacerlo? ¿Tal vez porque nos gobiernan unos partidos de signo distinto al suyo? Se supone que la inteligencia política debería conducirlo a mostrarse condescendiente en aquellos territorios en que lo tiene más difícil.
La política de López Miras contiene un lema: «No me miren a mí; miren a Sanchez». Tal vez no hacía falta remarcarlo cuando la gran crisis del coronavirus estaba gestionada por el Gobierno central mediante algo parecido a un estado de excepción, aunque aún así el murciano intentaba colocar su supuesto protagonismo para adjudicarse todo aquello que, enmedio del caos, pudiera apreciarse en positivo.
Pero al presidente murciano se le vio el plumero cuando, a propósito del reparto de fondos europeos y su declinación a las Comunidades autónomas, promovió como cosa de Sánchez que la Región de Murcia apareciera en la parte baja del ránking. Durante días, el aparato de agitación y propaganda de San Esteban se aplicó a difundir esa supuesta discriminación en redes sociales, sin que ni siquiera el propio presidente se privara de capitanear la revuelta. Incluso la portavoz del Gobierno, Martínez Vidal, de Cs, se aprestó a seguir la corriente.
Quien estuviera al tanto de las noticias sabría de antemano que la distribución de los (todavía imprecisos) fondos europeos por Comunidades había sido pactada a varias bandas por PSOE, PP y Cs, de modo que cualquier queja desde el destino final debería haber sido planteada en la ventanilla del partido correspondiente: López Miras a Casado; Vidal a Arrimadas.
Pero les da igual. Saben que apelar a Sánchez es un recurso infalible. Por tanto, se desentienden de sus responsabilidades propias, incluso cuando, como en este caso, es a sus partidos a los que tendrían que reclamar.
Mar Moreno, juez y parte
A ver cómo se explica esto. Mar Moreno es secretaria general de la Presidencia del Gobierno con rango de consejera. Es consejera sin cartera, pero consejera, y cobra como tal, aunque rehúse participar en los Consejos de Gobierno o a sentarse en el banco azul de la Asamblea Regional. Esto significa que pertenece al Consejo de Administración de la empresa pública que ha convocado un concurso para la licitación de la gestión de la televisión autónomica al que concurre una empresa (Secuoya con otra marca), de la que es director general su marido, Antonio Peñarrubia. Aunque Moreno no esté en el jurado para la adjudicación, es obvio que, como consejera del Gobierno, adquiere la condición de juez y parte. Otro enjuague a la vista.
